Alberto Fernández y el recuerdo de El Tío

 Por Pablo Mendelevich

Es muy extraña la forma en la que la historia parece desafiar en la Argentina el previsible derrotero involutivo anunciado por Marx, la tragedia repetida como miserable farsa. Acá abundan los loteos, relatos, retazos de relatos, encolados de segunda mano, remakes con guión invertido, desvirtuaciones institucionales puestas en valor. Todo parece volver -los dislates casi siempre tienen algún precedente- pero la lógica de la serie, si la hay, nunca es nítida. 

¿Existirá alguna deidad, quién sabe en qué nube, en qué confín del Universo, entretenida con estas restauraciones en busca de algún sentido o lo que centrifuga al pasado con el presente desordenando el futuro es la mera dificultad autóctona del país para evolucionar como una república con reglas estables?

Ya casi nadie se acuerda de cómo el Frente de Todos despreciaba en 2019 a quienes osaran insinuar que vendría una segunda temporada de “Cámpora al gobierno, Perón al poder”. Alberto Fernández, según aseguraban los peronistas y los kirchno-peronistas más entusiastas hace menos de un par de años, iba a ser sin duda un presidente con poder. Autónomo. Determinado. Moderado. Desde la vicepresidencia, Cristina Kirchner sólo lo asesoraría, cosa que la enorme y valiosa experiencia de ella no quedara desaprovechada.

Esa no fue una simple mentira corroborada hoy por la evidencia de que quién hace y deshace en el gobierno, quien sí tiene un plan, quien hasta saca y pone ministros, no es precisamente el presidente.

El desmentido se enredaba a la vez con una falsificación de la historia. “Cámpora al gobierno, Perón al poder” nunca sucedió. Fue el slogan de una campaña en la que Perón incluso se mantuvo ausente, al punto que sólo dejó Madrid para ir a verse en Rumania con Nicolau Ceausescu mientras “El Tío” remaba la campaña solo. Aquel verano, diciembre de 1972, el “padrinazgo” desde “el poder” de Perón que había poetizado la JP en coloridas pintadas se intercalaba en las paredes de Buenos Aires con afiches que anunciaban, con importante tipografía, “El padrino”, obra maestra de Francis Coppola recién estrenada.

Puesto a rodar, el dentista que lucía su servilismo como una condecoración honorífica -son palabras de Joseph Page- se emancipó, si bien no perdió el lenguaje reverencial, almibarado. Después de la Masacre de Ezeiza y con los Montoneros ocupando la mitad de las reparticiones públicas, en un país a bombo batiente el presidente Cámpora acabó relevado de la tarea encomendada por su propio creador. Perón nunca más lo quiso. Fue un golpe de estado palaciego que la historiografía peronista todavía disfraza de renuncia heroica. Por ese presidente, que en total duró 49 días, la principal agrupación juvenil kirchnerista decidió llamarse La Cámpora. Aunque así no se evoca una acción de gobierno ni nada parecido sino, significativamente, un clima de época: el de la presunta rebeldía del conservador servil que como presidente se convirtió en protector de la izquierda paria, el patrocinante inesperado de la “patria socialista”. Pero un presidente que se rebela contra su mentora es justo lo contrario de lo que La Cámpora desearía del actual. Por suerte no tienen de qué preocuparse.

Hubo similitudes en los castings de Cámpora y de Alberto Fernández. Ambos fueron elegidos a dedo por los líderes (a quienes previamente habían asistido con estatura gerencial) y los dos ofrecían las ventajas de carecer de embanderamientos con facciones peronistas, de no tener demasiados seguidores en ninguna parte y de exhibir una musculatura insuficiente para volverse competencia. Sus respectivas designaciones dejaron boquiabierto al país; una vez superado el shock, Cámpora y Fernández conseguirían unificar al electorado peronista y a sus adyacencias y obtendrían la mitad de todos los votos (Alberto Fernández dos puntos menos que Cámpora). Pero sus procesos de lealtad, para decirlo con una palabra de la liturgia, fueron bien diferentes. Arrullado por la llamada izquierda peronista Cámpora desatendió la voluntad del líder, mientras que Alberto canceló de manera abrupta una larga expedición que había emprendido a las antípodas ideológicas para estacionarse, por fin, en la sumisión negada, una modalidad históricamente novedosa. Presidentes sumisos ya había habido varios -Farrell, Guido, Lastiri- pero ninguno se había esforzado tanto por aparecer como el mandamás, como el dueño del poder, sin serlo.

Son pocas las veces que Alberto Fernández hace declaraciones y no dice algo acerca del contrato que reconoce tener –mal podría negarlo- con Cristina Kirchner. Un tema del que habla mucho más, por ejemplo, que de educación, de la inflación o de la pobreza. Día por medio refirma que él es la máxima autoridad, que ella es la segunda, que no lograrán hacerlos pelear, que se llevan bárbaro. Obviamente vuelve al tema porque palpa la expansión del descreimiento. Quizás sean esos sus momentos de mayor originalidad, no ya en términos históricos sino presentes: su descripción de la distribución del poder en general no coincide con la impresión que tienen otros políticos ni la mayoría de los analistas, encuestadores, periodistas, académicos, diplomáticos extranjeros ni parroquianos de bares suburbanos: casi todos dan por descontado que el poder lo tiene ella, la vicepresidenta.

La remoción (en trámite, porque al parecer es en cuotas) de la ministra de Justicia Marcela Losardo, para peor, funciona como una demostración concluyente de la supremacía vicepresidencial. Ello se debe a dos cosas. Una, que Losardo, una profesional muy cercana a Alberto Fernández, por la cantidad de años que llevan trabajando juntos es la ministra de mayor confianza. Un presidente que tiene que “entregar” a su principal colaborador histórico reduce, por cierto, las chances de demostrar que es un presidente vigoroso. Y la segunda va implícita: que quien voltea a Losardo es Cristina Kirchner está tan aceptado que hasta Fernández lo admite al explicar que “el tiempo que viene necesita otra actitud” y que la ministra se siente “agobiada”. El tiempo que viene, por lo visto, no es el de la reforma judicial anunciada en campaña con envoltorio civilizado (Losardo se supone que estaba ahí para eso) sino otra cosa, acaso una embestida bestial contra el Poder Judicial con el fin de colonizarlo definitivamente, en primer lugar para asegurar la impunidad de Cristina Kirchner y de su gente y en segundo lugar para usar a los jueces contra los opositores. Nada que un miembro del foro apegado al derecho soporte sin indisponerse. Eso explicaría el “agobio” preliminar, el “desgaste” causado al tratar de resistir o siquiera morigerar el atropello.

Que la vicepresidenta saque ministros que entorpecen sus objetivos personales desde ya que es un suceso inquietante. Pero todo remite al contrato preelectoral de los Fernández, cuyos términos nadie conoce. Lo que abunda son conjeturas. Muchos sobreentienden que a cambio del cargo de presidente Alberto Fernández debía obtener la impunidad de la vicepresidenta, pero se ignora, por ejemplo, si para lograrlo tiene un plazo, si alguna cláusula prevé el fracaso de la misión, si existe algún plan B, qué dispositivo reparador se ha previsto.

Se supone que el contrato Fernández-Fernández fue verbal. En cualquier caso, se trata del secreto más importante de la Argentina. Lo único obvio es que lo que impide conocer sus términos es el carácter non sancto de lo acordado, la puesta del Estado, se cree, al servicio de una familia, como dijo hace poco, palabras más, palabras menos, alguien de adentro, Florencio Randazzo.

Sólo una cultura política vertical, autoritaria e impregnada de una vocación de poder irrestricta pudo legitimar en 2019 una fórmula contra natura sin reclamar conocer los términos contractuales sobre los que se edificaría todo un gobierno. El sustancioso premio del poder obturó la más mínima posibilidad de pedir una explicación, aunque hoy se ve con mayor claridad que allí no sólo está el nudo gordiano de la política sino de toda la vida institucional.

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