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| Por Gustavo González |
Quizá en los próximos días la Argentina pueda parecerse a un país normal que, colocado en situación de escombro, decide que sus funcionarios, sus empresarios y sus sindicalistas pueden sentarse a dialogar para buscar juntos el camino a seguir.
Hay un peligro inminente que deben resolver: cómo hacer para que la incipiente recuperación económica que se percibe llegue a tiempo para salvar a miles de empresas y empleos, que sobrevivieron maltrechos tras la crisis de 2018, más la de 2019 más el abismo de 2020. Este dramático trienio en el que el país perdió un 15% de su Producto Bruto.
El riesgo no sería que este año la Argentina no recupere el módico 5,5% que contempla el Presupuesto, sino el peligroso delay entre que el Estado decidió desconectar el oxígeno de ayuda a empresas (ATP) y personas (IFE) y el instante en el que los pacientes comiencen a caminar solos.
Ese será uno de los temas que inevitablemente se colará en las negociaciones de la primera mesa de diálogo que arrancará esta semana e intentará un acuerdo sobre precios y salarios. El desafío será encontrar el equilibrio justo entre el déficit fiscal y la inversión estatal necesaria para que la crisis deje la menor cantidad posible de víctimas y la recuperación económica no se detenga.
El otro desafío es el de la inflación.
Precios y salarios. Todos tienen en claro, o deberían tenerlo, que la carrera entre precios y salarios en un contexto inflacionario y de crisis nunca deja ganadores. Aunque por momentos algunos crean que ganan.
El objetivo inicial de la negociación que está a punto de comenzar es alcanzar un acuerdo que no supere la meta oficial de inflación del 29%. No será sencillo cuando la previsión de los analistas privados ronda el 50%.
Con lógica gremial, tras los últimos años de pérdida del poder adquisitivo, los sindicalistas plantean que se debe revertir esa tendencia; o sea, que los sueldos le ganen por algunos puntos a la inflación.
Con lógica política, el Gobierno coincide en que ese también es su objetivo.
Y con lógica empresarial, los empresarios prefieren no opinar en público sobre ese punto.
Pero pese a que no lo digan, sindicalistas, funcionarios y empresarios saben que eso sería muy complejo.
De las grandes crisis económicas que generaron pobreza, desocupación y caída de salarios no se sale disminuyendo la pobreza, la desocupación y con aumento real de salarios, todo a la vez. En especial cuando, si todo sucede como el Gobierno prevé y este año termina con un crecimiento del 5,5%, a la Argentina todavía le faltarán 10 puntos de PBI para estar apenas igual que en 2017.
Porque lo primero que se recupera cuando las crisis comienzan a amainar no es el salario, sino el empleo.
El recorrido habitual es que a medida que la situación mejora, los indigentes pasan a ser pobres, los desocupados vuelven a conseguir empleo (al principio más informal que formal) y, por último, cuando la desocupación regresa a niveles históricos, los empleados logran ganar más.
Intentar un cierto equilibrio entre precios y salarios es fundamental para que la inflación no se desmadre, pero lo probable es que el costo de vida vuelva a quedar por encima del promedio de los aumentos salariales.
Aunque tampoco lo reconozcan en público, en el Gobierno entienden que eso les servirá para bajar el costo real de la masa salarial del sector público y reducir el déficit; y los empresarios saben que ese desfasaje inflacionario les permitiría recuperar rentabilidad para volver a invertir en empleo y producción.
Modelo pólder. Además de esa mesa de diálogo, habrá otra en la que se sentarán empresarios y sindicalistas. Será en el marco de la concreción del Consejo Económico y Social que Alberto Fernández había prometido durante la campaña electoral. El elegido para presidirlo es Gustavo Beliz. Como se recordará, el Presidente le había ofrecido ese lugar a Roberto Lavagna, pero nunca logró convencerlo. El secretario de Asuntos Estratégicos mantiene un buen diálogo con el ex ministro de Economía de Duhalde y Kirchner.
Dicen que la creación del Consejo se enlaza con una idea que sedujo a Fernández desde la primera vez que la escuchó. Se trata del “modelo pólder” holandés de resolución de conflictos que el propio embajador Roel Nieuwenkamp le explicó personalmente. Su objetivo es resolver conflictos y asesorar al Gobierno en temas claves, como lo hicieron en los Países Bajos para, por ejemplo, alcanzar acuerdos sobre reforma previsional o para lanzar un programa nacional de empleo.
Desde hace meses, un equipo presidido por Beliz viene estudiando modelos similares como los de Portugal, España y Francia. Y tiene la promesa de un apoyo directo de las Naciones Unidas.
En las últimas semanas, Beliz realizó una ronda de consultas con potenciales integrantes del Consejo: además de representantes empresarios y sindicalistas, habrá educadores y especialistas en medio ambiente y nuevas tecnologías, entre otros. Sus nombres no deberán ser aprobados por el Congreso, ya que el Consejo se creará por decreto y no por ley, y trabajarán por salas temáticas sin recibir remuneración alguna.
La firma del decreto se demoró a la espera de que esta semana se realice la convocatoria para el acuerdo de precios y salarios: se temía que se confundiera lo que es una mesa de diálogo para tratar temas coyunturales, con esta que abordará cuestiones más de fondo.
Temas sensibles. El decreto saldrá antes de fin de mes y a principios de marzo habrá un anuncio formal que incluirá una carta de intención firmada por todos los miembros del Consejo. Entre otros temas, hablará del futuro del trabajo, del vínculo entre empleo y educación, de las oportunidades de la revolución tecnológica y de cuestiones ecológicas. “Pero no queremos que se trate de una gran foto, sino de la construcción de algo realmente serio, federal y duradero”, aseguran en el Gobierno.
En pleno año electoral y en medio de un país siempre cruzado por la grieta, las cuestiones iniciales del Consejo esquivarán los temas más sensibles.
Por eso inicialmente no contemplarán la problemática del desempleo y el trabajo informal, uno de los puntos que Lavagna le había sugerido a Alberto Fernández. ¿Cómo generar un shock de trabajo en un país en donde el 50% está desocupado, subocupado o es monotributista?
La propuesta incluía la creación de un Fondo de Desempleo que permitiera indemnizar sin que eso sea siempre una espada de Damocles sobre el empleador que lo inhiba de contratar o que lo lleve a la quiebra si no puede pagar por una desvinculación.
Pero eso no se tratará por ahora ni Lavagna se sumará al Consejo. Salvo que sea cierto que también se incorporarán personalidades notables del exterior, como el premio Nobel Joseph Stiglitz, y eso lo haga cambiar de opinión.
Oportunidad. Un Consejo Económico y Social no es la panacea para cierto cristinismo que sospecha de las relaciones estrechas con el establishment empresarial y sindical, ni para algunos líderes parlamentarios que temen que el Consejo les quite centralidad y poder.
Pero en la medida en que represente un ámbito de estudio y debate pluralista y profundo, y en la medida en que pueda avanzar de verdad en la resolución concreta de problemas urgentes y de fondo, también representará un mensaje en sí mismo.
El mensaje de que la construcción de consensos no es una misión imposible.
Ni siquiera para los argentinos.
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