Lázaro Báez
Judiciales - El empresario santacruceño Lázaro Báez fue condenado por mayoría a la pena de
12 años de prisión por haber lavado alrededor de 55 millones de dólares provenientes de la corrupción, en una causa que se conoce como "la ruta del dinero K", según resolvió
este miércoles la justicia.
El fallo abarca a sus hijos Martín (9 años de prisión, como coautor), Leandro, Luciana y Melina Báez, ya que aparecen como beneficiarios finales de las cuentas en Suiza por las que circuló ese dinero que fue blanqueado tras sucesivas operaciones en paraísos fiscales de América y Europa.
También condenaron al valijero Leonardo Fariña, a cinco años de prisión, y Daniel Pérez Gadín, a ocho años de prisión por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos.
El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Federal N° 4 con el voto de los jueces Néstor Costabel y sus colegas Gabriela López Iñiguez y Adriana Paliotti.
Esta condena contra Báez impacta en el juicio que se le sigue Cristina Kirchner, que está acusada de favorecer al empresario con contratos de obra pública, si es que efectivamente el tribunal dio por probado que ese dinero ilícito provenía de esos contratos. Los detalles al respecto se conocerán cuando se hagan públicos los fundamentos de la sentencia.
El fiscal Abel Córdoba había pedido para Báez la pena más alta, 12 años de prisión. Los otros acusadores también pidieron penas: la Oficina Anticorrupción (OA), 8 años y 6 meses de prisión; la Unidad de Información Financiera (UIF), 9 años, y la AFIP, 8 años.
Báez está detenido desde 2016 con prisión preventiva. Desde el año pasado cumple arresto domiciliario en su casa.
Su hijo Martín, el mayor, Martín Báez, es el único de los 27 acusados que está preso en un penal. Está detenido en la cárcel de Ezeiza desde febrero de 2019 por orden del Tribunal, ante una denuncia por un intento de trasferir cinco millones de dólares cuando estaba inhibido.
El fiscal pidió la absolución de 8 de los acusados.
La causa
La investigación judicial comenzó en abril de 2013, por ese entonces a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán, a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) y apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando Báez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz. Se trata de una causa con implicancias políticas por la cercanía del empresario con la familia Kirchner.
Durante el juicio también se debatió el traslado de dinero en los aviones privados de Báez desde el Sur hasta Buenos Aires, y la compra del campo “El Carrizalejo”, en la provincia de Mendoza (conocido como el hecho B). El otro campo, conocido como “El Entrevero”, quedó al margen en otro juicio.
La jornada de este miércoles arrancó con las últimas palabras de Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis, dos exempleados del banco suizo Lombard Odier que participaron de las maniobras para mandar a ese país parte del dinero del Grupo Austral. Luego, el presidente del tribunal, Néstor Costabel, ordenó un cuarto intermedio hasta las 13.30 horas, para dar a conocer el veredicto.
Pasaron dos años y casi cuatro meses desde la primera audiencia. En todo ese tiempo declararon casi 100 testigos, renunciaron abogados, se sumaron dos imputados al juicio, y salieron de la cárcel los tres principales acusados: Lázaro Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín.
El empresario K amagó varias veces con revelar sus secretos, pero terminó elogiando a su amigo Néstor Kirchner. Hoy el único detenido en la causa es el hijo mayor de Báez, Martín, que sigue con prisión preventiva hasta la primer semana de marzo.
Durante su alegato, el fiscal Abel Córdoba habló de la defraudación mediante la obra pública, que se juzga en la causa de Vialidad -donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas- y la evasión impositiva de Austral Construcciones, que todavía se investiga en los tribunales de Bahía Blanca y de la Capital Federal. Las tres querellas, con algunas diferencias, coincidieron en esos delitos.
“Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial.
El otro escenario es que el TOF decida apoyarse solo en la evasión. En ese caso, asoma otro debate jurídico de fondo. “Está muy discutido si el delito de evasión puede ser un delito precedente porque el Estado otorga moratorias. De hecho, Austral está en una moratoria y la está pagando”, explicó uno de los principales abogados de la causa.
Durante los alegatos, la defensa de Báez denunció “una operación de inteligencia estatal y paraestatal, con participación de todos los medios de comunicación”. El abogado de Báez, Juan Martín Villanueva, sostuvo que “la causa tiene un objetivo político” y repasó varias tapas de diarios para concluir que “se buscó involucrar a la ex presidenta” Cristina Kirchner en la causa.
La defensa del empresario, en conjunto con otros abogados, también intentó voltear el testimonio de Leonardo Fariña, el arrepentido que cambió el curso de la investigación. Pero el fiscal y las tres querellas derrumbaron esa estrategia. En diciembre pasado, Córdoba aludió al fallo de la Cámara de Casación que ratificó la constitucionalidad de la ley del arrepentido. “La declaración de Fariña reunió los recaudos de la ley del arrepentido. El juicio está concluyendo, cualquier duda sobre el acuerdo se actualizó ante el tribunal. Fariña declaró durante cuatro audiencias”, sostuvo en ese momento.
El juicio arrancó el 30 de octubre de 2018 con 25 imputados, pero termina con 27. En mayo de 2019, el TOF 4 decidió sumar a Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis.
Informe: LN, Infobae y agencias
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