Por Claudio Zlotnik
La "buena onda" duró poco. O, en todo caso, menos de lo previsto. A la semana siguiente de la cumbre con los dueños de empresas líderes, en busca de consensos rumbo a un acuerdo económico y social, el Gobierno se plantó frente a los principales fabricantes de alimentos y los acusó de desabastecer las góndolas.
Esa imputación ya había sido precedida por medidas contra el sector comercial: hubo clausuras de supermercados la semana pasada e inspecciones de las organizaciones sociales dentro mismo de las grandes cadenas.
El Gobierno está convencido de dos cosas: una, que algunos grandes empresarios pretenden disputarle el poder. Los funcionarios ponen como ejemplo lo sucedido con el sector de las telecomunicaciones, donde las compañías -lideradas por el grupo Clarín- rechazaron las regulaciones de precios e incrementaron las facturas entre tres y cuatro veces por encima a lo estipulado.
La segunda cuestión se relaciona con las expectativas de mediano plazo: la Casa Rosada pretende que en el inicio de las negociaciones paritarias, el sindicalismo tenga la perspectiva de una inflación dejó de acelerarse. Y que se va moderando. "Si las empresas desoyen nuestros pedidos y hacen lo que quieren, aumentan o desabastecen, entonces no hay posibilidad de ningún pacto económico y social que pueda funcionar", argumenta un miembro del equipo económico, en diálogo con iProfesional.
La gran pregunta que se formulan los ejecutivos refería a si el Gobierno comenzó una escalada de medidas, en su afán por poner un freno a la dinámica inflacionaria, o si la ofensiva se quedará acá. En la tarde del miércoles, tras el fin de semana XXL, atormentaba a directores de grandes compañías, que buscaban respuestas.
La ofensiva oficial se conoció apenas unas horas antes de que el Indec revelara que tanto la canasta básica como canasta alimentaria del primer mes del año se encarecieron por encima de la inflación de enero. Un 4,2% y 4,6% respectivamente, contra una inflación en enero del 4%.
Contra los argumentos oficiales, en varias de las principales fábricas de alimentos rechazan las acusaciones. Sólo admiten que en algunos casos hubo complicaciones en la producción de algunas plantas, siempre por casos de Covid-19 que obligaron a suspender el trabajo en forma parcial.
"Tuvimos problemas en algunas líneas de montaje, pero nada generalizado. La secretaría de Comercio está al tanto. No puede salir a cruzarnos sobre una información que ellos mismos tenían", comentan desde una fábrica.
Más allá de estos casos impactados por los contagios de coronavirus, después existen inconvenientes más ligados a la coyuntura del consumo masivo. Hay empresas que, según comentan desde los supermercados, se tienen que "sacar de encima" productos "premium" que se venden poco y sobre los que tienen stocks, y por ese motivo ponen topes o directamente limitan la entrega de los artículos masivos. Y eso queda en evidencia en góndolas raleadas.
De acuerdo a esas fuentes empresarias, ese es el motivo que explican los faltantes de determinadas presentaciones, como algunas botellas de aceites de girasol. O en pan rallado. Y también en arroz, donde se notan ausencias de algunas marcas y sobre abundancias de aquéllas "premium" o con presentaciones especiales.
Una grave acusación
Después de las acusaciones contra algunos supermercados y las inspecciones de asociaciones sociales, Comercio Interior salió al cruce de una docena de grandes compañías formadoras de precios, a quienes acusó directamente de "retención" de productos para desabastecer el mercado.
También puso sobre la mesa la sospecha de incumplimiento de llevar al máximo nivel de producción, tal como lo dictaminó el Ejecutivo a través del decreto 100 del año pasado.
"Del análisis de la información remitida por las empresas se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos", apuntó el duro comunicado de Comercio Interior.
Entre las empresas apuntadas figuran: Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Unilever, P&G, Paladini y Potigian. Todas de primera línea, vinculadas al comercio de la alimentación desde hace décadas en la Argentina.
Dentro del Gobierno, el sector político más cercano a Cristina Kirchner viene reclamando mayor dureza de los funcionarios a la hora de sentarse con los empresarios. Sobre todo con los formadores de precios, a quienes se los identifica como los responsables de la aceleración inflacionaria.
Lo dicho, la Casa Rosada quiere evitar por todos los medios que los precios mantengan el actual rumbo de alzas crecientes durante el año electoral. Y han echado mano a distintas medidas para que eso ocurra.
El propio Martín Guzmán ya admitió que este año, el dólar se moverá por debajo de la expectativa inflacionaria de las principales consultoras económicas. De acá a fin de año, la cotización del "mayorista" debería subir sólo el 25%, de forma de alinear la inflación a lo esperado por el ministro, en torno del 29%.
El hecho de que enero haya arrancado en el 4%, con un importante arrastre para febrero, instala dudas sobre la posibilidad de que Guzmán tenga éxito en su objetivo.
Dentro del plan oficial, el acuerdo con las empresas alimenticias resulta clave. Si los precios de ese rubro se escapan, le podrán un piso muy elevado a la inflación y significarían un riesgo electoral.
Cuáles son los próximos pasos
"El Gobierno será implacable con los especuladores", sostuvo Paula Español, la principal espada que tiene Alberto Fernández en la negociación con las empresas.
A punto de iniciar las rondas de conversaciones por la dinámica que este año deberían tener los precios y los salarios, el Gobierno decidió enfrentarse con la poderosa industria alimenticia.
Empresarios consultados por iProfesional rechazaron la idea de la especulación. Y, salvo las excepciones en algunos productos comentados más arriba, consideran que las fábricas vienen cumpliendo con los acuerdos rubricados con el Gobierno.
Al contrario, desde esas compañías muestran números elocuentes: la mayor parte de los alimentos objetados por el Gobierno registraron aumentos por debajo de la inflación.
Ejemplos: en el caso de los aceites, el aumento promedio fue de 32%; en arroz, del 28% y en fideos, del 8% en promedio, en los últimos 12 meses.
Por el contrario, las subas más fuertes se vieron en los productos frescos, sobre todo en las carnes, ya sea vacuna o aviar. Ahí, las subas fueron del 72% promedio el último año.
Desde Economía aspiran a que el último acuerdo firmado con los frigoríficos exportadores de carne le pongan un freno a la escalada.
En la pelea por el abastecimiento de productos, desde los despachos oficiales enfatizan en que habrá "castigos" si las empresas no regularizan la situación.
Fuentes del ministerio de Desarrollo Productivo aseguran que "se abrió un expediente de oficio contra las empresas en infracción. Una vez notificada la empresa -a través del Trámite A Distancia (TAD)- debe responder en el plazo de cinco días o modificar la actitud que causó la imputación".
"Si la información es insuficiente o si no la presentan, se avanza en el proceso de multa. Las empresas pueden apelar en la Justicia y a partir de ahí el proceso se ajusta a los plazos judiciales", aseguran.
© iProfesional
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