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| Por Gustavo González |
En cinco días, se juntaron 5.000 firmas para una solicitada que pidió la libertad de Amado Boudou. A continuación, unas 1.600 personas suscribieron otra para reclamar la libertad de Milagro Sala y marcharon ayer frente a la Corte. Firmaron ex presidentes como Lula y Correa, figuras del kirchnerismo y el peronismo como Jorge Ferraresi, Andrés Larroque, José Luis Gioja, Víctor Santa María, Carlos Heller, Eduardo Valdes, Mayra Mendoza, Eugenio Zaffaroni y Pablo Moyano, además de conocidos periodistas, intelectuales, actores y actrices.
Los propios detenidos ya se habían expresado en las últimas semanas reclamándole al Gobierno por su situación y advirtiendo que a Cristina Kirchner le podría suceder lo mismo.
El tiempo pasa y al ingresar en el segundo de los cuatro años de mandato de Alberto Fernández, la ansiedad empieza a ganar a los ex funcionarios con causas judiciales. También a la Vicepresidenta.
Hasta ahora la culpa era del gobierno de Macri, de una Justicia permeable al poder de turno y de la corporación mediática que completó el lawfare. Pero, cada vez más, los reclamos de solución van dirigidos al actual Presidente.
Sistema de creencias. Pero el Presidente tiene un problema para darle solución a su frente interno. Y no se trata sólo de sus eventuales convicciones. Se trata de que hay otra mitad del país que cree, no solo que Boudou y Sala están bien detenidos, sino que deberían ser acompañados por otros que aún están en libertad. Empezando por Cristina.
Unos y otros no necesitan haber leído alguna de las fojas de un expediente para saber que la prisión de esas personas es justa o injusta.
La mayoría simplemente cree. Y cree sin necesidad de pruebas. Cree porque esa creencia encaja en un sistema superior de creencias: el kirchnerismo es una organización pensada para salvar a la Nación o, al revés, el kirchnerismo es una banda organizada para saquear a la Nación.
Para unos, si Cristina no va presa se habrá consumado la impunidad. Para los otros, su detención sería el triunfo de los poderes fácticos, una injusticia que no debería tolerarse. La alternativa de que pueda ser inocente en unas causas y culpable en otras, no encaja en ninguno de esos sistemas de creencias.
Cristina libre o Cristina presa es el verdadero fantasma que recorre desde hace años la política nacional. Los demás involucrados en causas por corrupción son actores de reparto.
Desde que hace más de un año ella regresó al poder, ese fantasma se corporizó: es una mujer que, al ingresar al segundo año de mandato, requiere soluciones para ella y su familia. Explícita o implícitamente, se las requiere a la persona que eligió para ocupar la Rosada.
De hecho, quienes reclamaron por la libertad de Boudou y Sala, afirman que en el país existen presos políticos.
Es una acusación muy seria para una democracia, sobre todo para una que es presidida por un mandatario que surgió de esos sectores. Cuando los presos son judiciales, su futuro siempre estará en manos de la Justicia. Al decir que son políticos, lo que se dice es que la responsabilidad de que eso suceda y se mantenga es de los políticos. El principal político del país es el Presidente.
Grietas internas. Las tensiones en el oficialismo sobre “la liberación de los compañeros presos” crecieron en las últimas semanas y vieron una luz de esperanza hace diez días. Fue cuando el jefe de Estado declaró que jamás firmará indultos, pero dejó abierta la posibilidad de una amnistía al decir que es un tema que depende del Congreso.
Pero lo que para unos generó esperanzas, otros dentro del cristinismo lo consideran como “un intento por tirarle la pelota a Cristina (Senado) y Máximo (Diputados), como para que ellos se hagan responsables de un paso así, que es como tirar la pelota afuera.”
Quien responde como si fuera Cristina es Leopoldo Moreau: “No creo ni en la amnistía ni en el indulto. Hay que seguir insistiendo por la vía judicial.” Y propone elevar estas cuestiones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un camino que ya está transitando Graciana Peñafort, abogada de Boudou y persona de confianza de la Vicepresidenta.
Así las cosas, existe una triple grieta por los presos kirchneristas dentro del oficialismo.
Por un lado están los ex funcionarios como Boudou, De Vido, Jaime, D’Elía o la propia Sala, que recuerdan que en octubre de 2017, cuando le preguntaron a Cristina por sus ex colaboradores que iban a prisión, respondió: “No pongo las manos en el fuego por nadie. Sólo por mis hijos y por mí, pero por nadie más”. En este sector se teme no contar con su apoyo ni con el de Alberto Fernández, mientras ella siga en libertad.
Por otro lado está el cristinismo (la mayoría no firmó ninguna de las dos solicitadas), que considera injusto mezclar a su jefa con las eventuales corruptelas de sus ex funcionarios y toman casi como una amenaza las recientes declaraciones de Luis D’Elía sobre que Cristina podría ir presa en febrero.
Proyecto de nulidad. En tercer lugar está el propio Alberto Fernández, que tampoco pone las manos en el fuego por todos sus ex compañeros de gabinete (en especial por Amado Boudou, como escribió y declaró tantas veces), aunque sí se siente obligado a acompañarlos declamativamente en sus críticas a los procesos judiciales. Cristina para él es un problema aparte.
Sin indulto, sin amnistía, sin reforma judicial que a esta altura pueda revertir los procesos en marcha y sin cambios en la Corte Suprema, sectores del oficialismo vuelven – por ahora en reserva – sobre la idea de una ley que simplemente anule todo lo actuado.
Asumen que las causas por corrupción “estuvieron teñidas de nulidad por haber sido impulsadas con objetivos políticos y amañadas por la corporación judicial y medática”.
Entre sus impulsores hay firmantes de las recientes solicitadas, como las senadoras María Pilatti y Nancy González, y el dirigente Gabriel Mariotto. Intentarán reflotar el proyecto de ley 3435 que tiene estado parlamentario y que, en uno de sus artículos, plantea como causal de nulidad las “… publicación de los medios que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución.”
La táctica intentaría evitar que el Presidente deba involucrarse en la resolución de estos temas y que tampoco tenga que hacerlo la Vicepresidenta: “Es que no se trataría de una ley de perdón, no creemos que se deba perdonar la corrupción, sino de una ley de nulidad en la que todo debe ser juzgado nuevamente, pero por jueces independientes y sin presión del poder político ni mediático”, explican sus mentores.
Quizá a modo de compensación, señalan que el beneficio de nulidad “debería abarcar a los ex funcionarios macristas que están siendo juzgados”.
Irresoluble. Pero parece un problema irresoluble. El mayor problema no son los presos K sino Cristina Kirchner. Porque si ella no generara el rechazo que despierta en millones de argentinos que ya la condenaron, es posible que los políticos y los jueces hubieran encontrado el modo de aliviar sus problemas judiciales. Ese rechazo masivo hace inviable cualquier solución política para sus problemas y para los de sus ex funcionarios.
Al mismo tiempo, sino fuera por los millones de argentinos que la defienden, es posible que ya estuviera presa: con esa adhesión y con ella en el poder, en la Argentina es difícil imaginar que eso ocurra.
Y si el problema es realmente irresoluble, entonces es un problema para todos. Porque, en un sentido o en otro, siempre seguirá sobrevolando el fantasma de una injusticia eterna.
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