Por Marcos Novaro |
La “mayoría ya casi automática” que integran Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, con el acompañamiento en esta ocasión de Highton, finalmente hizo lo que se esperaba, y se temía. Le dio un poquito de razón a cada parte, al oficialismo y a los jueces Bertuzzi y Bruglia (decidirá sobre Castelli en cualquier momento, probablemente con el mismo criterio), tratando de no quedar definitivamente mal con ninguna de ellas.
Y de no contradecirse demasiado alevosamente con lo que había dispuesto en 2018, entonces por unanimidad: que los traslados eran legítimos si respetaban ciertas reglas, que en lo que atañe a estos jueces se respetaron.
Pero sucede que hay situaciones en que ponerse “en el medio” no es realmente sensato ni justo, no produce el efecto de imparcialidad o neutralidad que hace falta para dar legitimidad a la resolución. Porque si el terreno está ya desde antes inclinado, si ya se ha violado una regla y un derecho desde una de las partes, “resolver por la mitad” legitima al menos la mitad de la violación, y a la larga favorece que la violación se consuma por entero. Eso es lo que parece haber sucedido en este caso.
Si alguien roba y se le obliga a devolver solo la mitad de lo robado, el robo queda consumado, peor todavía, queda legitimado, y se va a repetir indefectiblemente. Es decir, el juez le ha terminado dando la razón a quien estaba violando la ley.
Tal vez los cuatro supremos que firmaron que los traslados de los jueces involucrados en causas de corrupción valen, pero solo transitoriamente, sosteniendo una regla nueva y aplicándola retroactivamente, según la cual esos traslados son válidos, pero solo como subrogancias, asignaciones provisorias hasta que se hagan concursos definitivos, tal vez pretendan presentar su resolución como una salida “salomónica”, “de equilibrio”. Pero los fallos salomónicos no parten al medio los bienes o derechos en disputa, lo que hacen es reconocer la complejidad de una situación dada, y que pueden asistirles distintos derechos a las partes en disputan.
En este caso, siguiendo ese razonamiento, hubiera sido salomónico que se dispusiera que, de aquí en más, los traslados son equivalentes a subrogancias. Eso no hubiera contradicho lo que la misma Corte estableció desde hace mucho tiempo como procedimientos legítimos para asignar juzgados. Tampoco hubiera permitido que el oficialismo se lanzara a trasladar jueces a troche y moche, como había amenazado que haría si no le daban la razón y le permitían sacarse de encima a jueces incómodos. Y no hubiera implicado tampoco lo que ahora va a suceder, que decenas de jueces, no solo los tres que el kirchnerismo se desvela por hacer a un lado, quedan colgados del pincel: todos ellos podrán ser trasladados si la mayoría simple y circunstancial del Consejo de la Magistratura lo dispone, así que los van a tener a tiro. Nada mejor para condicionar aún más sus decisiones.
Bruglia y Bertuzzi consideran que la Corte los abandonó, que avaló su remoción sin decirlo francamente, y que aplicar retroactivamente una nueva regla de juego en la asignación de juzgados solo se puede justificar políticamente, nunca jurídicamente. ¿Renunciarán a seguir trabajando en las causas a su cargo hasta ser definitivamente desplazados, es que algo podrían hacer en los próximos meses, si las defensas a lo único que se dedican desde hace años es a demorarlo y entorpecerlo todo?
Es un triste espectáculo ver a jueces que hacen su trabajo ser castigados y maltratados por hacerlo. Y ver que quienes deben velar porque estas cosas no ocurran se dedican a salvar su ropa, consagrar el atropello y disimular para que el barro no los manche. Como en el ejemplo del ladrón, están alentando a los delincuentes a ir por más.
El Frente de Todos ya adelantó que en 4 o 5 meses espera designar jueces nuevos para hacerse de una mayoría inapelable en la Cámara Federal, por donde pasan todas las causas que interesan a Cristina. El presidente mientras tanto insiste con su Reforma Judicial, la que ha usado desde el principio como cobertura y justificación de estos manotazos en los tribunales, manipulando la demanda por un mejor servicio de justicia que existe en la sociedad, para empeorarla. Vaya a saber qué piensa Cristina Camaño, facilitadora de toda esta operación en el Consejo: guarda religioso silencio sobre todo este asunto desde su voto fatídico, sobre el que también debería dar alguna explicación, alguna vez, si no le incomoda, su padrino político, Roberto Lavagna.
Todos ellos disimulan que la peor política se va saliendo con la suya. Alberto hizo más que eso y rayando con el cinismo sostuvo: “no quiero creer que no es posible vivir en un Estado de derecho, ni que los pícaros nos ganen y los sinvergüenzas se salgan con la suya”. Él también quiere hacernos creer que su gobierno es “salomónico”, cuando lo que hace todo el tiempo es darle de partida la mitad de la razón a los chorros.
© TN
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