Por Sergio Suppo
Esta semana el Presidente hizo varias cosas para la clientela que se detiene en el embalaje. Junto con Evo Morales cruzó el puente que une La Quiaca con Villazón, en épico paso lento, en una escena que remedó una vieja película de la Guerra Fría. También recuperó el proyecto de reforma agraria de Juan Grabois para anunciar que estudia repartir tierras improductivas. Al mismo tiempo, hizo anunciar que enviará el proyecto de despenalización del aborto al Congreso para que se lo trate durante el verano.
Fernández necesita que la Argentina celebre o deplore, se alegre o discuta esos anuncios arrojados a las siempre enardecidas tribunas políticas del país. Acaba de poner en marcha la decisión más importante de su gobierno y distrae con otros temas.
Eufemismos y voz baja para un paquete para bajar el déficit fiscal que borra las promesas electorales y trata de aterrizar en una realidad desastrosa. Un nuevo cálculo jubilatorio, una reducción de los subsidios sociales y la interrupción del IFE componen por ahora ese plan que desde enero se completará con los aumentos de transporte, electricidad, gas y agua.
Las medidas, junto con decisiones de un alto costo financiero para frenar el dólar libre, son contemporáneas del arranque de las negociaciones con el FMI, a cuyos funcionarios el ministro Martín Guzmán les propone devolver el cuantioso crédito que tomó Mauricio Macri una vez que haya finalizado el mandato de Fernández. El profesor de Columbia tiene una dramática ventaja: el Fondo sabe que la Argentina no puede pagarle y que tiene una moneda que se imprime a tal velocidad que hasta hay que importar una parte.
Todo sería mejor para Fernández y Guzmán si tuviesen bajo su control las maneras para limitar el gasto público. Esta misma semana pudo verse que para aprobar el presupuesto (un plan que la realidad destruye año a año) fueron entregadas generosas rodajas de fondos públicos para mantener contentos a todos los miembros de la coalición oficialista. Esa historia no terminó en el Congreso y hace horas se escribió una inquietante página con la devolución del presupuesto del Senado a Diputados por un asunto en apariencia formal. Todo indica que es un reproche de Cristina a Sergio Massa, por ciertos añadidos interesados al proyecto original.
El silencio trata de encubrir el ajuste de Fernández y pretende ignorar que cualquiera de las disposiciones que empieza a llevar adelante hubiesen detonado una intifada al estilo de la que sufrió el Congreso en diciembre de 2017, cuando el macrismo aprobó otra reforma jubilatoria.
La Argentina lleva al menos cinco cambios drásticos de su sistema previsional en menos de veinte años, durante los que se siguieron acumulando monumentales juicios de las víctimas del sistema. Todas esas reformas, entre decretos arbitrarios y fórmulas de cálculo siempre impactadas por los desastres económicos, intentaron reducir el gasto en jubilaciones. Ninguno cumplió el objetivo de pagar menos sin que se note demasiado. Al mismo tiempo, el kirchnerismo engrosaba el número de jubilaciones sin aportes previos y achicaba la cantidad de trabajadores activos por cada retirado.
Como ajena a las maniobras de achique del déficit que hace Fernández, Cristina Kirchner mantiene sus políticas de liberación. De su propia liberación de las causas de corrupción. Si el plan de ajuste funciona y acomoda los números, será su mérito por haber nombrado a Fernández, pero si fracasa recordará su carta de octubre, en la que se desligaba del Presidente. Siempre es posible acomodar el relato.
Al precio de demoler el sistema judicial, está a la vista la eficiencia en beneficio propio de la vicepresidenta. El fallo que dictó la Corte le dio la razón sobre el desplazamiento de tres jueces molestos, pero a la vez dejó en el limbo a más de 70 magistrados. ¿Cómo falla un juez que no sabe si lo es? ¿Cuántas impugnaciones a sus decisiones sobrevendrán como consecuencia de esa precariedad?
Todo está a la vista. La Corte sigue bajo amenaza de reforma por parte de la comisión que lleva por nombre el apellido del abogado defensor de la vicepresidenta. La "comisión Beraldi" ya avisó que puede proponer ampliar la cantidad de sus integrantes y también avanzó sobre una obsesión de Cristina: facilitar con la imposición de una mayoría partidaria simple el nombramiento del jefe de los fiscales. Es bajo ese riguroso plan que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, ha sido puesta en la mira por el cristinismo. La reforma judicial de la ministra no avanza y se impone la domesticación de la vicepresidenta. Cristina actúa por sí misma cuando la liberación está en juego. La propia.
© La Nación
0 comments :
Publicar un comentario