Trama y secuelas de la rebelión policial

Por Gustavo González

La revuelta policial de la provincia de Buenos Aires pasó, pero sus secuelas no. En el círculo rojo, todavía se sigue debatiendo qué significaron las imágenes de policías rodeando con sus móviles y armas la quinta presidencial y la residencia del gobernador. Y por qué después de eso se cedió a sus reclamos salariales.

En el poder político nacional y provincial hay acusaciones cruzadas, pero se promete que habrá consecuencias para quienes lo hicieron.

Las miradas conspirativas incluyen desde la denuncia de desestabilización con apoyo de la oposición y de algunos medios, hasta supuestos enfrentamientos entre Alberto Fernández y la dupla Kicillof/Berni, con la participación de intendentes propios y ajenos.

Cuando no se sabe exactamente qué pasó, y cuando lo que pasó es difícil de entender, crecen la paranoia y el oportunismo.

El apriete. Dos semanas después, lo que sigue es la reconstrucción de uno de los aprietes institucionales más graves de los últimos años:

• El viernes 4 de septiembre, se comenzaron a activar los tres principales grupos de Whatsapp que reúnen a policías, familiares y agentes retirados de la Bonaerense (cada grupo suma entre 30 mil y 100 mil participantes), promoviendo un aumento salarial y una movilización para el lunes.

• El sábado al mediodía, desde el gobierno nacional se avisó a la Provincia sobre esos movimientos. Pero no ubicaron a Sergio Berni.

• Recién lo habrían hallado el domingo a la mañana. Aseguran quienes lo hicieron que lo encontraron en su casa de Lima, partido de Zárate, y que minimizó el problema.

• El lunes 7 al mediodía, un grupo de policías ingresó al Ministerio de Seguridad para dejar el petitorio, pero no estaban ni Berni ni otra autoridad.

• Ese lunes a la noche, los policías se instalaron en Puente 12, La Matanza, donde Berni tiene oficinas, pero él aún no estaba. Regresó de su casa de Lima a la 1.30 del martes, tres días después de que el Gobierno tuviera noticias de los reclamos. Esa noche, se organizaron bocinazos en La Plata, frente a la casa del gobernador.

• El martes a la mañana, un grupo de policías intentó dejarle el petitorio a Berni en Puente 12, pero no los atendió. Al mismo tiempo, otro grupo rodeó la residencia del gobernador. Instantes después, desde la gobernación se informó un aumento salarial del 30%. ¿Si desde el viernes se conocía el reclamo y si finalmente darían el aumento, por qué se lo otorgó recién después del apriete? Los policías entendieron que, si las autoridades habían cedido tan rápido, tenían chances de ir por más y rechazaron la propuesta.

• El miércoles el país ya estaba convulsionado por la protesta de agentes armados en toda la Provincia, más la adhesión del Servicio Penitenciario, junto a otras policías provinciales. Al mediodía, un grupo de policías con sus armas y patrulleros rodeó la quinta presidencial. Una imagen impactante en democracia y con el agravante de que dos veces el Presidente los invitó a dialogar y le rechazaron la invitación.

• El jueves Kicillof anunció un aumento del 36% y otras mejoras salariales, y la protesta se levantó.

Lícito/ilícito. En el gobierno provincial aseguran que hasta el miércoles a la mañana lo que pasó no fue otra cosa que un reclamo salarial, azuzado por la crisis de la inseguridad, los 9 mil infectados por Covid en la fuerza y la muerte de 13 de ellos. Aceptan que no supieron contenerlo a tiempo y apuntan a los jefes policiales y al propio Berni.

Explican que el ingreso salarial de los agentes se componía de un básico ($ 34 mil); más lo que se llaman “horas Polad” (Policía Adicional), una especie de extras por trabajos en partidos de fútbol, recitales o custodia de bancos; más trabajos privados (admitidos para paliar los bajos salarios), como custodia a supermercados o a personas particulares. La suma total de esos ingresos llevaba el sueldo a aproximadamente unos $ 70 mil.

Adicionalmente, reconocen que algunos policías (¿cuántos?) suman ingresos de la ilegalidad “light”, como coimas en rutas, en los boliches para tolerar más personas de lo permitido, en los negocios para que se venda alcohol a menores, o en las calles para consentir la prostitución.

Estiman que los sueldos de estos policías podían alcanzar los $ 100 mil.

Lo cierto es que, debido a que la cuarentena frenó la movilidad de las personas y la mayoría de las actividades económicas, también sufrieron los ingresos tanto de los buenos como de los malos policías.

Acusaciones. Dos semanas después del levantamiento, tanto en la Nación como en la Provincia admiten que a partir de la mañana del miércoles 9 de septiembre todo comenzó a tener un tufillo político. Lo hacen coincidir con el momento en que uno de los agentes (lo sospechan, sin pruebas, cercano a la vicegobernadora Magario) amenazó con tirarse desde una torre. Fue a las 10, al mismo tiempo que los patrulleros rodeaban la quinta presidencial y cuatro horas después de que arrojaran una molotov contra sus muros.

Se mencionan conspiraciones internas del oficialismo y la avanzada anti Berni (y en algunos casos anti Kicillof) de intendentes peronistas como Insaurralde (Lomas de Zamora), Espinoza (La Matanza), Secco (Ensenada), Cascallares (Almirante Brown) y Zabaleta (Hurlingham). Y a la hora de buscar culpables en la oposición, apuntan a dos intendentes: Jorge Macri (Vicente López), a quien acusan de promover la marcha sobre Olivos; y Julio Garro (La Plata), a quien señalan por el bocinazo contra la residencia de Kicillof.

Cerca de Berni reivindican su cercanía con “la gente” y que si no fuera por él, la Provincia estaría estallada, tanto por la inseguridad como por la pandemia.

Lo insólito de lo que pasó en aquellas 72 horas desató la paranoia dentro del peronismo, acostumbrado en su historia a sufrir desestabilizaciones institucionales y adiestrado también en generarlas. Pero hoy sospechan más de los propios que de los ajenos y hasta mencionan supuestas pruebas en poder de Berni que comprometerían a la Casa Rosada en el armado de lo que ocurrió. O acusan que detrás de las últimas declaraciones de Duhalde (advertencia de golpismo y la comparación de Alberto Fernández con De la Rúa) no existen delirios paranoicos, sino objetivos destituyentes.

A su vez, cierto círculo rojo, que se asume como víctima de “un gobierno que quiere convertirnos en Venezuela y es manejado por Cristina”, usa los rumores de unos y otros (que presentan como información irrefutable) para pintar un futuro incierto.

Todos ellos volvieron a jugar el juego de la confrontación. Que aquí significa jugar con fuego.

La salida no surgirá de los que azuzan las llamas, sino de los que quieren apagarlas. Y son los líderes de la moderación (políticos del oficialismo y de la oposición, empresarios, sindicalistas, dirigentes sociales, intelectuales, periodistas) los que deben asumir el riesgo de frenar a los extremos.

Reflejarían lo que, según las encuestas, desearía la mayoría de los argentinos.

Pero para eso necesitan el coraje de rebelarse frente a lo que los extremos esperan de ellos.

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