Por Héctor M. Guyot
Llevamos seis meses viviendo al cincuenta por ciento o con parte de la vida en suspenso. Algunos tienen la posibilidad de trabajar y otros sufren la impotencia de no poder ganarse el pan. Hay quienes perdieron años de esfuerzo y vieron, junto a sus empleados, cómo su negocio se hundía en el mar falsamente calmo de una cuarentena interminable.
Muchos quedaron aislados, en soledad. Todos debimos resignarnos a una existencia en sordina y cada cual lidia como puede con el impacto de la pandemia, que afecta tanto el orden material como el psicológico y el anímico. El miedo y la incertidumbre, así como las restricciones a la libertad impuestas desde el Estado, nos volvieron una sociedad más dependiente y vulnerable.
Con variantes y gradaciones, así ocurrió en todo el mundo. Sin embargo, en la Argentina el sentimiento de orfandad y desprotección se ve multiplicado por un gobierno que no vacila en aprovechar este presente de debilidad social para avanzar sobre las instituciones democráticas con el propósito de adueñarse del Estado. No tanto para imponer un proyecto político, que no existe como tal, sino en beneficio de una sola persona, que busca evadir su responsabilidad en más de diez causas por corrupción y pretende reinar eternamente para lograrlo, ya sea a través de un presidente títere, como ocurre ahora, o delegando el poder en alguno de sus herederos. Aunque dejará huella, la pandemia pasará. Lo otro, no sabemos. Porque la voluntad de poder absoluto de la vicepresidenta y la alienación de los que la acompañan en su lucha por doblegar el Estado de Derecho conforman, en su desmesura, una fuerza que desborda los diques institucionales y que no se arredra ante la reacción aún tibia de una opinión pública que no parece entender o asumir del todo lo que está ocurriendo.
En una vuelta campana fruto de un ardid electoral, la acusada ahora juzga y condena a aquellos que, en su rol de jueces de la República, la estaban juzgando a ella como cabeza de una asociación ilícita que a fuerza de trasegar bolsos diezmó las arcas públicas y convirtió en megamillonarios a quienes ahora, al calor de la pandemia, van recuperando su libertad. Así surge de la causa de los cuadernos de las coimas, en la que hay contundentes confesiones de parte y que acaba de ser torpedeada en una operación iniciada por el oficialismo en el Consejo de la Magistratura, ejecutada luego por la misma vicepresidenta en el Senado y perfeccionada por el Presidente, que firmó sin demora un decreto para apartar a los jueces Castelli, Bruglia y Bertuzzi de un expediente incendiario. ¿El pecado? Estaban cumpliendo con su deber. El sometimiento de la Justicia sigue con el asedio al procurador Casal y a la Corte Suprema -última instancia para evitar que la vicepresidenta domine los tres poderes del Estado-, que hasta ahora decidió no intervenir.
Al mismo tiempo, el Gobierno ecualiza el relato para sintonizarlo con los padecimientos que provocan la pandemia y la cuarentena. Ahora el kirchnerismo cava la grieta desde la antinomia entre ricos y pobres. El Gobierno habla en nombre de los pobres, aunque en sus filas sobran personajes que se han hecho ricos a costa de aquellos que, relegados a la indigencia, dependen de la dádiva que les ofrece un clientelismo feudal, principal argumento electoral del peronismo (en esta dialéctica, alguna responsabilidad le cabe también a la Argentina históricamente privilegiada, que no supo construir una sociedad más equilibrada de la que tenemos, marcada por una brecha muy grande). Basado en este relato, que habilita también el ataque a Rodríguez Larreta y a la "opulenta" ciudad de Buenos Aires (a la que ahora quieren arrebatarle más fondos), el Gobierno tomó esta semana medidas económicas que parecen destinadas a profundizar la pobreza y acaso también su estrategia pandémica.
¿Cómo se defiende la sociedad ante este avance sin pausa hacia la impunidad y sobre las instituciones, cuyo modelo final se puede atisbar mirando a Santa Cruz o a Venezuela? ¿Alcanza con los llamamientos al Gobierno a recomponer el diálogo? ¿Son suficientes los reclamos de racionalidad? En la calle, la gente muestra una convicción y una claridad de las que carece buena parte de la dirigencia. El kirchnerismo juega otro juego, sin reglas. Y avanza en quinta. Parece evidente que la condena moral sin eufemismos de los representantes de la política, la empresa, el periodismo y la academia, aunque contundente en muchos casos, no ha alcanzado aún una fuerza de conjunto suficiente como para detener el avasallamiento de la democracia republicana que lleva adelante el Gobierno. Junto con aquellas instituciones aún no colonizadas, son en definitiva los anticuerpos capaces de detener la degradación del sistema. Por otro lado, muchos, por especulación o temor, avalan con su silencio los planes hegemónicos de la vicepresidenta. Incluso desde dentro del peronismo. El tiempo de hablar claro es hoy. Después quizá sea tarde.
© La Nación
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