El pleno del Congreso admitió la moción de vacancia (destitución) que será debatida el próximo viernes 18, aunque los números aún
no alcanzan
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| Martín Vizcarra |
Perú - El pleno del Congreso de la República admitió a trámite la moción de vacancia
(destitución) presentada contra el presidente Martín Vizcarra, tras la difusión de tres audios donde se le escucha hablar con funcionarios respecto a la estrategia de defensa sobre las visitas de Richard
Cisneros en Palacio de Gobierno.
La decisión se tomó con 65 votos a favor que, de ratificarse la próxima semana, no alcanzarían para la destitución del jefe de Estado.
Tras la admisión, el presidente del Congreso, Manuel Merino, convocó a Junta de Portavoces, que fijó para el próximo viernes 18 el debate de la moción.
En dicha sesión se podrá presentar el presidente Martín Vizcarra para dar sus descargos, y su destitución dependerá de que las bancadas que votaron a favor se mantengan en su posición
y alcancen los 87 votos requerido, según el reglamento parlamentario (artículo 89-A).
Fueron cuatro bloques los que apoyaron la admisión a trámite de la moción de vacancia. Los grupos parlamentarios de Fuerza Popular y Somos Perú votaron en
contra, pese a que miembros de sus bancadas habían firmado la moción.
La votación alcanzó 65 votos, cuando la valla mínima era de 52. Sin embargo, aún están a 22 de la votación calificada (87) para poder remover
el presidente Martín Vizcarra.
La moción para destituir al jefe de Estado expresa el punto más alto de tensión entre el Congreso y el Ejecutivo. La propuesta para destituir al mandatario, por
incapacidad legal permanente, surge luego de que un congresista presentaó tres audios de conversaciones -grabadas sin permiso de los interlocutores- acerca de un amigo del jefe de Estado que fue beneficiado con nueve
contratos estatales de charlas y consultorías por casi 50.000 dólares generales, ya convocadas, y en medio de una severa crisis económica y sanitaria debido a la pandemia del nuevo coronavirus.
La moción para destituir al jefe de Estado expresa el punto más alto de tensión entre el Congreso y el Ejecutivo. La propuesta para destituir al mandatario, por
incapacidad legal permanente, surge luego de que un congresista presentase tres audios de conversaciones -grabadas sin permiso de los interlocutores- acerca de un amigo del jefe de Estado que fue beneficiado con nueve contratos
estatales de charlas y consultorías por casi 50.000 dólares.
El parlamentario Edgar Alarcón, quien presentó los audios el jueves, fue denunciado en julio por la fiscal del país por los delitos de enriquecimiento ilícito
y peculado doloso durante su ejercicio como contralor de la república entre 2016 y 2017. Las denuncias constitucionales presentadas por la cabeza del Ministerio Público deben ser debatidas por el Congreso, que
también debe decidir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para que sea procesado. Alarcón es congresista por el partido Unión por el Perú, liderado por Antauro Humala, un político
y exmilitar preso por encabezar una revuelta que terminó con el homicidio de cuatro policías en 2005. El hermano del expresidente Ollanta Humala, que cumple una condena de 19 años por esos delitos, es
un político populista y nacionalista que propone la pena de muerte, y pretende ser candidato presidencial.
La difusión de los audios el jueves contó con la aprobación del presidente del Congreso, Manuel Merino, miembro de Acción Popular, el partido mayoritario
en el Legislativo, aunque dividido en tres facciones que responden a los tres políticos que buscan ser candidatos presidenciales por esa marca en las elecciones de abril de 2021. La comisión de fiscalización
del Congreso, que preside Alarcón, investiga desde junio las contrataciones estatales al productor musical Ricardo Cisneros, quien se hace llamar en el mundo del espectáculo Richard Swing, un personaje poco visible
antes de estas denuncias. Cuando la prensa consultó al presidente Vizcarra sobre su vínculo con Cisneros, respondió que lo conocía desde la campaña electoral de Pedro Pablo Kuczynski, en
2016, pero que no había ejercido influencia en su contratación y no era cercano a él. Uno de los audios difundidos por Alarcón es una conversación entre el presidente, su asistente personal,
la secretaria general de la presidencia, y un asesor en comunicación, en la que se ponen de acuerdo sobre qué versión dar acerca de las visitas de Cisneros a la sede del Ejecutivo, en el marco de las pesquisas
fiscales y parlamentarias de los contratos del Ministerio de Cultura al personaje. Este prestó servicios durante el Gobierno de Kuczynski, pero ganó más dinero en la gestión de Vizcarra.
El segundo audio es una tensa conversación entre el mandatario y su secretaria, acerca de posibles despidos de personal a raíz de las investigaciones, y el tercero es un
diálogo entre la misma funcionaria, Karem Roca, con Cisneros. Luego de la difusión de las conversaciones, congresistas de varias bancadas -entre ellas Podemos Perú, cuyos dos principales líderes
tienen investigaciones fiscales por lavado de activos y pertenencia a una organización criminal- exigieron la vacancia presidencial.
La noche del jueves, en un mensaje transmitido en vivo, Vizcarra rechazó las maniobras del Congreso. “No voy a negar la conversación, pero fueron coordinaciones internas
que se hacen en cualquier institución, una forma de esclarecer lo que estaba ocurriendo en el marco de las investigaciones. En dicha reunión, debo afirmar, señalé ‘digamos la verdad”,
dijo Vizcarra. “Todo esto es una patraña que busca desestabilizar la democracia, para tomar el control del Gobierno, permitir la reelección de congresistas, postergar las elecciones, y garantizar su triunfo
electoral”, añadió el presidente.
Desde el año pasado, el Congreso anterior y el actual han boicoteado la reforma política que intenta evitar las candidaturas de personas que usan la política para
blindarse de investigaciones y procesos judiciales o para defender los intereses de la corrupción y las mafias. Por ejemplo, un parlamentario de Podemos Perú, Daniel Urresti, enfrenta desde la semana pasada un
nuevo juicio oral por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, cometido cuando el político era oficial de inteligencia del Ejército, en 1988. Desde que en marzo se instaló el Parlamento que reemplazó
al disuelto en septiembre del año pasado, no ha cesado el enfrentamiento entre poderes del Estado en Perú.
En su mensaje del viernes, el presidente peruano destacó que el jueves estaba prevista en la agenda del pleno del Congreso la segunda votación de una norma que impide la
candidatura de personas con sentencia de primera instancia. Los parlamentarios, luego de escuchar los audios, dejaron de lado la agenda y no debatieron esa ley ni otras.
Vizcarra mencionó que está pendiente el pedido de la Fiscalía de levantamiento de inmunidad a Alarcón, “para continuar investigaciones pendientes por
presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado doloso, omisión de funciones y falsificación de documentos”. Una hora después del mensaje de Vizcarra, 31 congresistas de Acción
Popular, Podemos Perú, Alianza para el Progreso, Unión por el Perú, Fuerza Popular y Somos Perú firmaron una moción para declarar la vacancia del presidente por su “permanente incapacidad
moral”. Uno de ellos retiró la firma minutos después.
El presidente del Congreso convocó a una sesión del pleno este viernes por la mañana para debatir la cuestión. El congresista Gino Costa, del Partido Morado,
uno de los que no firmó el pedido de vacancia, dijo a EL PAÍS que el caso puede pasar a la Fiscal de la Nación para que a partir del 29 de julio, cuando termine el periodo de Vizcarra, se le investigue
como manda la Constitución. “Esto no es causal de vacancia”, afirmó. Si el Parlamento obtiene 104 votos, el debate de la destitución puede darse en un mismo día. Y la aprobación
de la vacancia requiere 87 votos. El Congreso peruano tiene 130 miembros que representan a nueve agrupaciones políticas, pero no todas votan de manera uniforme.
Informe: El Comercio (Lima), EP y Agensur.info
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