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| Por Gustavo González |
Antes de conocerse una línea de las complejas 49 páginas, 85 artículos y 6 anexos de la reforma judicial impulsada por el Gobierno, ya había un sector de
la sociedad que sabía que se trataba de una trampa de impunidad.
Lo sabía con la misma claridad con la que otro sector social se convencía de que era el instrumento ideal para mejorar la Justicia.
Si no se cierra el foso de la grieta, cualquier proyecto oficial, por mejor o peor que sea, va a seguir cayendo en ese foso.
Ausencias de Beliz e Ibarra. Si de verdad Alberto Fernández quiere reformar la Justicia para que funcione mejor, esta no será la forma de lograrlo. Porque si una parte importante de la sociedad, junto a sus representaciones
políticas, está convencida de que se trata de una trampa, no se la convencerá diciéndole que está equivocada.
Sobre todo si no se equivoca al observar que una reforma que se presenta con fines nobles no está precedida de un diálogo transparente.
La coalición que en octubre salió segunda tras conseguir más del 40% de los votos tiene juristas valiosos, pero no fueron convocados para aportar ideas.
Y algo más inquietante: uno de los colaboradores de máxima confianza del Presidente que trabajó durante meses sobre un proyecto de reforma judicial, Gustavo Beliz,
tampoco fue tenido en cuenta a la hora del borrador final.
Esa fue la razón por la que Beliz no acompañó a Alberto Fernández en la conferencia de presentación. Tampoco lo hizo la secretaria legal y técnica,
Vilma Ibarra, puntal del equipo que venía trabajando con el secretario de Asuntos Estratégicos. ¿Por qué poner la cara para apoyar un proyecto que consideran contrario al espíritu con el que
se venía elaborando otro borrador?
Incluso, Vilma Ibarra le había confiado a un importante dirigente radical que, al menos, el proyecto ingresaría por Diputados y que ese sería el espacio para debatir
y consensuar. Pero sucedió lo opuesto: el proyecto ingresó el jueves por el Senado, el reino de la vicepresidenta, donde nadie espera que haya un debate real.
Por otro lado, la unificación del fuero federal con el penal económico que plantea el proyecto resultaría desconcertante para alguien como Beliz, que se siente víctima
de nombres como los de Darío Richarte, Javier Fernández y Jaime Stiuso, históricos hombres fuertes en los tribunales penales económicos.
Desde el cristinismo ningunean a Beliz diciendo que su mirada sobre la Justicia atrasa por el tiempo que estuvo fuera del país (justamente tras denunciar a Stiuso y la red judicial
y política que lo protegía). Pero Beliz hace años que regresó a la Argentina.
Estos hechos resultan muy significativos, porque si ambos funcionarios representaban el espíritu de transformación ética y amplitud política que planteaba
el Presidente, el hecho de haberlos apartado de una reforma sobre la que venían trabajando desde antes de asumir solo podría indicar dos cosas: o que las ideas que le presentaron al jefe de Estado no eran las
más apropiadas o que, aun si lo fueron, Alberto Fernández debió supeditarlas a las ideas en sentido contrario impulsadas por los juristas de Cristina Kirchner.
Hasta donde se sabía, el Presidente le venía dando el visto bueno al proyecto de sus dos asesores. Pero algo ocurrió en las últimas semanas que lo hizo cambiar
de opinión.
Corte y jueces. En los hechos, si la reforma se aprobara tal cual está y la Corte Suprema terminara dividida
en salas, los prejuicios sobre la intencionalidad de la movida para beneficiar a los investigados del kirchnerismo tendrían su razón de ser.
El plan de multiplicar los miembros del máximo tribunal y dividir en salas temáticas a la Corte es un sistema que rige en países como Colombia, Chile y España.
Pero en la Argentina, convertir al tribunal superior en una suerte de tercera instancia judicial encierra (además de la duda de si eso aceleraría o retrasaría los procesos) la polémica de quitarle
al Poder Judicial el esquema de gobernancia previsto en la Constitución a través de un único tribunal.
Que en la comisión que analiza este proyecto participe el abogado defensor de Cristina, Carlos Beraldi, abona las dudas sobre lo que se pretende.
Por su parte, la multiplicación de juzgados (acompañada del corrimiento de jueces que venían investigando a la ex presidenta) les agrega argumentos a los que sospechan
eso. Es porque Alberto Fernández parece haber dejado de priorizar el sistema acusatorio que antes impulsó y por el cual las investigaciones quedarían exclusivamente en manos de los fiscales, mientras los
jueces solo se encargarían de garantizar el debido proceso. Si, como creía el Presidente, el superpoder que hoy tienen los jueces federales contamina a la Justicia, la forma de combatirlo no sería multiplicarlos,
sino al revés: sumar fiscales, para que estos investiguen con independencia y ningún juez pueda usar su investigación con fines extorsivos.
Los referentes judiciales del radicalismo y el macrismo dicen que aportarían a una reforma que impulse el sistema acusatorio y les reste “poder extorsivo” a los jueces
federales y a los operadores de Comodoro Py. Juran que nadie los convocó para preguntarles nada.
Es difícil no ver el intento por multiplicar el número de jueces, tanto en la Corte como en los juzgados, como una forma de licuar la presencia y el poder de los magistrados
que hasta ahora deben intervenir en las causas contra Cristina y sus ex funcionarios.
También es difícil interpretar que Alberto Fernández no lo sepa. Aquí son posibles dos respuestas: 1) que crea que no tiene otra alternativa que darle al
cristinismo lo que necesita para resolver sus problemas judiciales dentro de su mandato presidencial, o 2) hacerle creer a su vicepresidenta que cedió a sus pedidos, sabiendo que ni la reforma de la Corte ni la reforma
judicial podrán aprobarse en el Congreso. De la misma forma en que no se concretó la expropiación de Vicentin.
Ni reforma ni diálogo. El problema es que ya no hay tiempo para los juegos de poder. No habrá reforma judicial ni plan económico que funcione, si antes no se termina de generar un marco de diálogo y razonabilidad
entre las fuerzas políticas. Y ese marco lo debe dar el Presidente: pasar del relato antigrieta a la construcción real y tangible de mecanismos de diálogo que escenifiquen un nuevo ciclo político.
Alberto Fernández no solo tiene la oportunidad de pasar a ser el eje vertebrador de un llamado formal al consenso, sino que no tiene otra alternativa que hacerlo. Nada será
creíble si no convence a una mayoría social de que lo que se propone es producto del diálogo y no de trampas para beneficiar a unos u otros.
Sin crear las condiciones necesarias no solo no habrá reforma o plan que funcione. No habrá futuro.
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