El proyecto no contaría con la mayoría para ser aprobado y, además, no habilitaron el protocolo para la sesión remota
Nacionales - La decisión de los diputados cordobeses de no votar el proyecto del Ejecutivo inclinaría
la balanza para el lado del rechazo. Con números muy ajustados en la Cámara Baja, el oficialismo sabe que hoy arranca de atrás.
Debe haber tenido en cuenta la decisión que estaban tomando sus comprovincianos, cuando el presidente del interbloque oficialista de Diputados, Mario Negri, le recordó
al Gobierno lo que había pasado con “la 125” en 2008. El radical cordobés ya debía saber que sin los cuatro votos de los diputados que responden al gobernador Juan Schiaretti se le hará
muy cuesta arriba al oficialismo sacar adelante la reforma judicial que, en cambio, será aprobada con comodidad en el Senado.
Ya hubo un experimento que le sirvió al oficialismo para conocer mejor sus límites en Diputados. Fue con la intervención y expropiación de Vicentin, que obró
como una suerte de “125 aggiornada”, y que volvió a poner en alerta a los legisladores de las zonas donde el voto del campo es más importante, léase el triángulo Buenos Aires-Santa Fe-Córdoba.
Ahí el Gobierno se curó en salud luego de que el presidente de la Cámara baja le transmitió que no era conveniente avanzar con un proyecto que solo les traería problemas. El proyecto nunca
se mandó al Congreso.
A priori, la reforma judicial no ofrecía demasiados riesgos para un oficialismo con mayoría en el Senado y números acomodados en Diputados. Pero todo lo que ha rodeado
a ese proyecto en plena pandemia no hizo más que ajustar los números propios al punto tal de encender luces de alarma en el oficialismo.
Sergio Massa, presidente de la Cámara baja, no cuenta con la holgura oficialista que ostenta Cristina Kirchner en el Senado. Se descuenta que la iniciativa se aprobará
en la Cámara alta -seguramente la semana próxima-, pero la mayor expectativa se concentra en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo afronta dos problemas: además de no tener asegurada la mayoría
para aprobar la reforma judicial, no está habilitado el protocolo para el funcionamiento remoto del cuerpo, que venció hace dos semanas. Si no se alcanza un acuerdo entre los bloques para prorrogar ese protocolo,
la cámara no podrá debatir el proyecto en las comisiones ni en el recinto.
Vayamos a los datos concretos. El bloque del Frente de Todos que preside Máximo Kirchner cuenta con 119 miembros, pero ello no se traduce en la misma cantidad de votos. Son en
realidad 117, pues el presidente de la Cámara no vota y además José Ignacio de Mendiguren está de licencia, pues preside el BICE. Y el oficialismo decidió congelar su situación de
esa manera, de modo tal que ese voto con el que no cuenta no se transforme en uno opositor, ya que en caso de renunciar De Mendiguren debería asumir Marcelo “Oso” Díaz, un hombre del GEN de Margarita
Stolbizer.
Le faltan entonces al oficialismo 12 votos para llegar a 129, y en general esos diputados los consigue en el interbloque Federal (11 miembros) y el interbloque Unidad Federal para el
Desarrollo (8 diputados).
Es así que de esos 19 votos puede darse el lujo el oficialismo de prescindir de hasta 7 diputados. No más. El problema para el Frente de Todos es que ya 8 legisladores
adelantaron que no acompañarán la reforma judicial.
En el caso del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce el mendocino José Luis Ramón, el mismo se divide de la siguiente manera: por Unidad y Equidad
Federal están el citado Ramón, Pablo Ansaloni y Antonio Carambia. Estos dos últimos fueron elegidos en las listas de Cambiemos en 2017 y a fines del año pasado dejaron el oficialismo saliente, junto
a la tucumana Beatriz Avila, del Partido por la Justicia Social, que también está en el bloque de Ramón.
Esposa del intendente de la capital tucumana, Avila viene exhibiendo en las últimas sesiones una notoria autonomía, votando diferenciada del resto de ese interbloque por
ejemplo en el artículo de la moratoria que beneficia a Cristóbal López. En esas posturas la ha acompañado el santacruceño Carambia. Y ella por lo menos ya ha adelantado que no votará
la reforma judicial.
Los restantes componentes del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo son los tres del Frente de la Concordia Misionero, Flavia Morales, Diego Sartori y Ricardo Wellbach, y el
rionegrino Luis Di Giácomo. De modo tal que de estos 8 diputados, uno o dos no votarían la reforma.
Y llegamos al interbloque Federal, donde están los 4 integrantes del bloque Córdoba Federal, Paulo Leonardo Cassinerio, Carlos Mario Gutiérrez, Claudia Gabriela
Márquez y Alejandra María Vigo; los 3 de Consenso Federal, Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Emilio Sarghini; 2 del bloque Justicialista, Eduardo “Bali”
Bucca y Andrés Zottos; y Luis Contiggiani (Frente Progresista Cívico y Social) y Enrique Estévez (Socialista). De todos estos, los 7 primeros han anticipado su rechazo a esta reforma judicial. Y hay versiones
que señalan que el santafesino Luis Contiggiani tampoco acompañaría. ¿Qué ha dicho Estévez? Fue claro: “Entendemos que, tratándose de un tema tan trascendente, tiene que
haber un mayor acuerdo para poder abordarse. Por el momento la construcción de ese acuerdo no existe”.
Sí se descuenta que la neuquina Alma Sapag (MPN) votará a favor, y que los de la izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá se opondrán, como
suelen hacer.
Con esos números, al oficialismo en Diputados le podrían llegar a faltar dos votos, en caso de llegar a confirmarse las bajas de los dudosos.
Informe: Parlamentario.com, LN y Agensur.info
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