Por Claudio Jacquelin
Hace cinco días fue el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Ayer, le tocó el turno al nuevo comité de expertos que asesora al Presidente por
la pandemia del Covid-19. En medio de esos dos hitos, pero también antes, la comunicación del Gobierno se ha vuelto motivo de discusión, de críticas y de rectificación puertas
adentro del oficialismo. Apenas un síntoma de que algunas políticas no están funcionando bien y de que los resultados no son los esperados o prometidos. No solo en materia de información y difusión.
Ciertos aspectos del proyecto de reforma judicial en sí, algunos nombres polémicos de los asesores para analizar cambios en la Corte Suprema y la más que difundida
desnaturalización de la iniciativa original tras el paso por la aduana del Instituto Patria constituyeron una reafirmación de sospechas sobre los supuestos objetivos subalternos de la iniciativa. El problema
no estuvo solo en cómo se la presentó ni en cómo se la difundió.
Muchas de las presunciones sobre los reales objetivos que animan al oficialismo respecto del Poder Judicial cobraron más fuerza ayer, después de que el cristinismo provocó
desde el Senado un auténtico conflicto de poderes.
Impuso su mayoría para desoír una decisión judicial y avanzar con la revisión de las designaciones de dos camaristas que deben fallar en causas en las que
está acusada Cristina Kirchner. Dos alfiles de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, como Anabel Fernández Sagasti y Mario Pais, fueron los senadores encargados de ponerle palabras y acción
a una decisión que lleva la impronta de la defensa cristinista. Otra nube sobre la narrativa de la despolitización de la Justicia. Hechos por sobre las palabras
Las evidencias obligan así a revisar la máxima de que el problema del Gobierno es que "no vende bien lo que hace". Dado el carácter transaccional que Massa
le impone al problema, tal vez convenga revisar por qué los receptores "no lo compran".
El manejo de la pandemia del Covid-19 parece ser otro buen ejemplo. Nada puede explicar mejor el enojo presidencial con la enunciación de la palabra cuarentena que la admisión
de los intendentes del Gran Buenos Aires de que en esa área el distanciamiento social lo incumplen el 60% de los habitantes. Tienen razón Fernández y sus asesores: no se puede hablar ya de cuarentena.
La hipótesis contrafáctica de que hoy, después de cinco meses de aislamiento obligatorio, estaríamos peor si se hubieran adoptado otras medidas, como las
aperturas parciales y temporales más tempranas, es una discusión que se ha vuelto abstracta para más de la mitad de los habitantes del área metropolitana (AMBA).
Aun muchos de los expertos que han asesorado al Presiente desde el primer día, como la epidemióloga Florencia Cahn, admiten que la "cuarentena" se ha vuelto demasiado
larga.
Era lo que preveían y advertían varios especialistas (silenciados) cuando se lanzó el temprano confinamiento, al que ellos adherían, pero con la prevención
de que se llegaría a septiembre en ese estado, salvo que se adoptaran períodos de aperturas y cierres. No se hizo y en el área metropolitana hay casi 15 millones de personas que desde hace 148 días
ven restringida o radicalmente alterada su cotidianidad, con consecuencias concretas en sus vidas, muchos de ellas negativas y palpables. Hechos.
Las evidencias demuestran que no se trata de discutir la eficacia de las medidas de aislamiento ante una pandemia de un virus de altísima contagiosidad, aunque algunos sectores
extremos lo hagan. Igual que niegan que la Tierra sea esférica o la eficacia de las vacunas. Lo que está en cuestión es la forma en la que se aplicó el distanciamiento a lo largo del tiempo, así
como la infalibilidad de la que se lo revistió.
También, es obvio, se pone en discusión cómo se lo comunicó o se "lo vendió", diría Massa. El tiempo necesario para la puesta en condiciones
del sistema de salud fue confundido, deliberadamente, con el período del riesgo de contagios comunitarios. Eso podría responder a la pregunta que se hacen muchos: "¿Por qué estábamos totalmente
encerrados hace cuatro meses, cuando había 100 casos por día, y ahora, que hay más de 6000, están las calles repletas”? Un problema para el sentido común. O para la lógica.
La vista puesta en el minuto a minuto por la imprevisibilidad de los acontecimientos y el carácter inédito de los sucesos, sumado a la existencia de problemas estructurales
y demoras para atender la contingencia, explican tanto la postergación de decisiones como la aplicación de disposiciones cuyo cumplimiento se agrieta día tras día.
Es el resultado, en muchos casos, de la aplicación de la política de gestión de riesgo, que no es lo mismo que la de crisis, explican expertos en comunicación
a los que el Gobierno ha consultado. La táctica manda, desde lo comunicacional, a exponer el peligro, a destacar la amenaza presente. No hay perspectivas ciertas ni concretas. El problema es que su eficacia es temporalmente
finita. La evolución a la baja en las encuestas sobre la imagen presidencial y la gestión de la pandemia, así como las conductas ciudadanas lo confirman.
Por eso, el nuevo panel de expertos en salud le aconsejó al Presidente mostrar un horizonte. Definir tiempos. Ofrecer posibles salidas. El impacto económico, laboral, social
y emocional de la pandemia (también de la cuarentena) está llegando a cimas inquietantes.
Algunos miembros del oficialismo que no habitan en la Casa Rosada ni en Olivos comienzan a proponer la misma receta en otras materias, sobre todo en el área económica,
que la que propone el multidisciplinario equipo sanitario.
Los frentetodistas críticos reforzaron su idea después de que varias aristas del mismo problema quedaron de manifiesto esta semana ante la publicidad, por parte del Ministerio
de Desarrollo Productivo, de indicadores que mostrarían la recuperación de la actividad económica y, casi en simultáneo, la difusión de las cifras sobre el aumento del desempleo, que hizo
la UCA. Las realidades percibidas y las evidencias estadísticas no siempre van de la mano ni resultan igualmente verosímiles.
La comunicación (y la oportunidad) le jugó, otra vez, una mala pasada a una de las carteras más activas en estos meses pandémicos. O, en realidad, resaltó
la limitación de muchas políticas frente a las restricciones y demandas que impone la realidad. Hacer y decir van de la mano, aunque Perón las contrapusiera en una de sus exitosas antinomias retóricas.
Tal vez por eso las buenas noticias duran tan poco y cuesta tanto venderlas. El principio de acuerdo con los bonistas por la deuda bajo legislación extranjera tuvo el fulgor de
un fuego artificial, a pesar de ser un hecho positivo (aún por terminar de cerrarse), así como el anuncio de la fabricación de una posible vacuna contra el Covid-19 quedó opacado por las discusiones
de la cuarentena. Los problemas reales y concretos, presentes y, sobre todo, por venir tienen un peso específico y una densidad difíciles de dispersar en el ánimo colectivo.
Aunque al Presidente le disguste también esa palabra, desde sus mismas filas empiezan a demandarle un plan. Es algo más que una disputa semántica o un problema de
comunicación. Hechos.
© La Nación
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