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| Por Carmen Posadas |
La pandemia ha contribuido a multiplicar esta lacra, de modo que en este momento se estima que de setenta a cien mil viviendas han sido usurpadas
y no precisamente por indigentes desesperados, sino por personas perfectamente informadas de las disparatadas normativas vigentes y que se amparan en ellas.
He aquí un caso entre muchos miles. Hace una semana, un matrimonio inglés que iba a trasladarse a Jávea se encontró con la sorpresa de que su chalé
había sido okupado. Al poner la correspondiente denuncia, se toparon con la segunda y aún más surrealista sorpresa de saber que, en España, a este tipo de individuos los protege la ‘inviolabilidad
del domicilio’, por lo que, para desalojarlos, ha de acometerse un largo y costoso proceso penal que puede demorarse meses o incluso años. Tal es la impunidad, unida a la indolencia e inoperancia de las autoridades,
que Daniel Esteve, un exvigilante de seguridad, vio en tal injusticia una oportunidad de negocio. Hace unos años montó Desokupa, una empresa que por lo visto garantiza en menos de una semana la recuperación
de la vivienda usurpada. Explica Esteve que detrás del noventa por ciento de las okupaciones están las mafias. Como Chamo, el rey de los okupas en Barcelona, por ejemplo, que puede llegar a ganar seis mil euros
en un solo día con sus labores de ‘intermediación’. Su modus operandi no puede ser más sencillo y lucrativo: primero facilita la entrada a seis u ocho familias en un bloque de viviendas a estrenar en el que aún quedan pisos por vender y luego ‘tutela’ la
negociación entre ellas y la empresa propietaria. De los dos mil euros que esta paga a cada uno de los núcleos familiares por largarse, el tal Chamo se queda con una tajada.
En palabras de Esteve, se trata de un nuevo y lucrativo modo de extorsión. «El otro día –relata él–, al tocar el timbre en una vivienda okupada,
me abrió una chica de no más de dieciocho años y, antes de que yo dijera nada, me soltó: ‘Son cuatro mil mortadelos. Te lo dejo al mismo precio que me dieron la semana pasada por ahuecar el
ala de otro piso aquí cerca’». Según la particular retórica del movimiento okupa, las viviendas de las que se apropian pertenecen a los malvados fondos buitre, que, a su vez, se apropiaron
de las propiedades de unos pobres infelices que no pudieron pagar sus hipotecas y ya se sabe que quien roba a ladrón… Sin embargo, tal excusa ni siquiera es cierta. Las estadísticas indican que cada vez
son más las personas particulares las que sufren este tipo de atropello. Pero incluso en el caso de que los propietarios fueran fondos de inversión, ¿quién autoriza a este tipo de individuos a que
se apropien de lo que no es suyo?
La respuesta es una normativa exageradamente garantista y estúpida que, al conjuro de la frase ‘la vivienda es inviolable’, hace que primen los supuestos derechos
de quien infringe las leyes frente a quien las acata. Y, con todo, lo peor no es que esto sea así: lo más deplorable es que se está convirtiendo en norma. Los casos crecen de día en día y
no pasa nada porque alguien ha hecho creer que este es un problema de ricos, y allá que se las apañen. Como si solo los ricos fueran propietarios de viviendas, como si viviéramos en Nicaragua o en Venezuela.
Los programas de televisión entrevistan a diario a decenas de desesperados propietarios que ya no saben qué hacer para que se los escuche, pero da igual porque, como existe un vacío legal, ayuntamientos
y autoridades se pelotean la responsabilidad: «Es cosa tuya; no, es cosa tuya…». Y de este modo, mientras los responsables políticos juegan a pío, pío que yo no he sido, a gente indefensa
y aterrada no le queda otra que ver cómo los okupas, desde la ventana de sus casas, se tronchan de risa y les hacen una pedorreta. Así es como ganan los malos.
© XLSemanal
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