Más que un remedio, un fenomenal instrumento de poder en manos del Presidente

Por Paz Rodríguez Niell

Nombrar 23 jueces en Comodoro Py y duplicar la justicia federal del interior. Son 117 jueces nuevos. Alberto Fernández anunció una refundación, en todo el país, de los tribunales más sensibles, los que investigan las principales causas de corrupción, de lavado de dinero, de narcotráfico.

Tener la lapicera para designar nuevos jueces fue siempre una gran fuente de poder y una fabulosa herramienta de negociación de los presidentes con las provincias, con los gobernadores, con los senadores. Para los gobiernos locales es clave influir en la elección de los jueces federales que desembarcarán en su territorio.

En materia penal, puntualmente en Comodoro Py, la refundación, tantas veces demorada, sucederá justo cuando está en pleno proceso de implementación un cambio drástico de sistema, hacia el acusatorio, que pondrá en cabeza de los fiscales -y ya no de los jueces- la carga de las investigaciones. Seguramente será necesario tener más fiscalías (el proyecto de Alberto Fernández también las duplica), pero ¿tiene sentido duplicar los juzgados?

Esta organización espejo -misma cantidad de juzgados que de fiscalías- es propia del viejo modelo inquisitivo.

Para Fernández la reforma que está enviando al Congreso oficia de declaración de principios. Ya la tenía decidida cuando convocó a su gobierno a Gustavo Béliz, padre espiritual del proyecto, que intentó implementarlo en durante gobierno de Néstor Kirchner. Es una tardía reivindicación.

Pero la realidad hoy es otra. El Comodoro Py que Fernández quiere refundar no existe más.

Sobre todo, después de la muerte de Claudio Bonadio y la renuncia-que se hace efectiva hoy- de Rodolfo Canicoba Corral. De los 12 juzgados de instrucción de Comodoro Py, tres están vacantes y serán cuatro si Daniel Rafecas se convierte en procurador.

Tampoco existe más la vieja SIDE, la de Antonio Stiuso; los servicios de inteligencia ya no manejan las escuchas judiciales ni pueden, por decisión de este Gobierno, intervenir en las causas penales como lo hacían. Los vicios que conserve la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Fernández, que la tiene intervenida, debería poder cortarlos desde adentro.

Y a todo esto se suma que esos todopoderosos jueces federales que el Presidente quiere desterrar jugarán con nuevas reglas: un nuevo código procesal, que bien implementado podría agilizar y transparentar las investigaciones sin necesidad de engordar estructuras.

El costo de los cambios

En cuanto al costo de la reforma, dicen en el Gobierno, el impacto estará acotado porque las estructuras de los 117 juzgados ya existen -hoy con forma de secretarías- y solo habrá que nombrar al nuevo juez que dirija cada una. Habrá que esperar la letra chica del proyecto para saber cuántos son, en total, los nuevos cargos.

La creación de los nuevos juzgados se dispone por ley, pero designar a los jueces que los ocuparán es un proceso que lleva años. El trámite empieza en el Consejo de la Magistratura, donde la mayoría requerida para aprobar ternas -dos tercios- exige un consenso difícil de alcanzar.

¿Qué pasará mientras tanto? El Gobierno propondrá dos soluciones diferentes: una para los nuevos juzgados federales de las provincias y otra para los de Comodoro Py. Si, tal como lo anunció Fernández, retoma el proyecto del macrismo de "fortalecimiento de la justicia federal en el interior del país", esos juzgados solo empezarán a funcionar cuando esté cumplido el trámite constitucional para nombrar a sus jueces titulares.

Pero para Comodoro Py propuso una solución distinta. Según el Presidente, es necesario que los 23 nuevos juzgados "comiencen a funcionar cuanto antes". Para eso, recurrirá a los "subrogantes", jueces interinos. Fernández advirtió, adelantándose a las críticas, que en su nombramiento intervendrán la Casación, el Consejo de la Magistratura y el Senado. Seguirán siendo, sin embargo, jueces inestables, con fecha de vencimiento en sus cargos.

A la designación de los nuevos jueces y la elección de los subrogantes, se suma otra carta que guarda Fernández: retiró del Senado 134 pliegos de jueces enviados por Mauricio Macri y los tiene en su despacho; entre ellos, el del poderoso juzgado electoral de la provincia de Buenos Aires. Muchos cargos por cubrir para un Gobierno que tiene tanto por acordar con el Congreso.

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