La decisión de Agustín Rossi de anular la Directiva de
Política de Defensa Nacional de 2018 significa un retroceso estratégico de 40 años
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| Gustavo Sáenz, con oficiales del Ejército en la frontera de Salta |
Por Andrei Serbin Pont (*)
Esta primera semana de julio, el ministro de defensa tuvo una extensa presencia mediática. El lunes 29 fue publicado un decreto que derogaba el andamiaje normativo de la gestión
en defensa de Mauricio Macri, y retrotraía la DPDN (Directiva de Política de Defensa Nacional) a la de 2009 y 2014, dejando nula la de 2018.
El argumento principal es un supuesto afán por asegurarse que las Fuerzas Armadas no se inmiscuyan en funciones de seguridad interior. Pero en la práctica,
la realidad es otra.
Mientras se editaba la versión final del decreto también se aprobaba un despliegue de personal del Ejército en Salta. El gobernador de la provincia se refirió
a una “custodia” ante un creciente problema migratorio en el contexto de cuarentena y cierre de fronteras por COVID-19. Esto sería una flagrante violación de la Ley de Defensa, por lo cual se ha desplegado
al personal militar bajo solicitud de la Gendarmería para apoyar sus funciones (y por ende ajustarse, en teoría, a la ley). ¿El problema? Son zonas calientes, que aumentan significativamente los riesgos de contacto con actores no-estatales vinculados a actividades ilícitas. Y aún peor, las condiciones
actuales dejan a los efectivos desprotegidos legalmente: si un hecho violento ocurre en esa frontera, serán ellos quienes carguen con la responsabilidad y no los decisores en el ministerio de defensa que los desplegaron.
Están sometiendo a nuestros soldados a una enorme vulnerabilidad jurídica.
A su vez, ya en lo normativo y conceptual, el retroceso que implica la derogación de los decretos de 2018 y la DPDN es enorme. Si la pandemia nos ha enseñado una cosa es
que el Estado debe prepararse para lidiar con lo imprevisto, construir capacidades para enfrentar la incertidumbre, y que para ello debemos profundizar nuestro entendimiento del mundo así como de nuestras capacidades,
debilidades y fortalezas. La realidad es que la Ley de Defensa del año 1988, es más abarcadora, previsora y moderna que el Decreto 727 del 2006 que la reglamenta y la cual nos retrotrae este nuevo decreto del
ministro. Y no solo eso, las DPDN de 2009 y 2014 fueron concebidas en un mundo muy diferente al que vivimos ahora. Con tan solo un decreto esta gestión logró retrasar por 40 años el pensamiento estratégico,
alterando la definición de los objetivos estratégicos militares, e impactando sobre las capacidades futuras de este instrumento.
Y este retraso no solo se da en cuanto al entendimiento del mundo que se tiene, y que es esencial para definir capacidades y planificar, sino que incluso impacta de lleno en prioridades
definidas por este gobierno, como es el tema de ciberdefensa. Al volver al decreto de 2006, las Fuerzas Armadas solo pueden actuar frente amenazas militares
estatales externas (a diferencia de amenazas externas como se había reglamentado en la gestión de Macri), lo cual sabotea cualquier intención de tener un programa efectivo en el ámbito ciber. ¿O
acaso el ministerio sabe cómo detectar si los hackers usan uniforme militar extranjero?
Es sensato pensar que una nueva gestión quiera realizar cambios de diferente índole en pro de sus objetivos en el ministerio durante los próximos años, y
en este sentido decretos y la DPDN de 2018 funcionaban perfectamente bien como una base sobre la cual construir. A pesar de los esfuerzos por parte de los funcionarios del ministerio de vender el nuevo decreto como un avance,
queda claro que implica un retroceso conceptual, una camisa de fuerza normativa, y un impedimento para el desarrollo de capacidades esenciales futuras de nuestro instrumento militar.
(*) International analyst and director of CRIES regional think-tank
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