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| Por Gustavo González |
Es una misión probablemente no explicitada en el acuerdo electoral que sellaron hace un año. Porque no hace falta que su vice se lo haya dicho para que él entienda
que debe hacerlo.
El Presidente cree que “técnicamente es un disparate todo lo que han hecho con Cristina” y ya les apuntó a jueces con nombre y apellido. Dice que ella fue víctima
de “la mala Justicia” y que “en todos estos años la Justicia construyó causas, manipuló testigos y detuvo a gente que no tenía que haber estado detenida”.
Solo manifiesta alguna duda por las contrataciones a Lázaro Báez, habiendo sido este empresario socio de ella, pero no le parece un tema judiciable: “Tampoco es un
delito, en todo caso es un conflicto ético, creo que fue un error de Cristina”.
Poco después de asumir declaró: “Yo no voy a tener un Comodoro Py”. Lo traducía como la necesidad de que los jueces federales trabajen con independencia,
sin ser utilizados como armas de escarmiento contra un adversario.
Con Macri también. Hoy, como contraparte de la avalancha de causas judiciales que apuntaron contra la ex presidenta y sus funcionarios, se puso en marcha otra andanada similar
de denuncias contra el ex presidente Macri y sus funcionarios.
La dirigencia política parece no encontrar una forma de relacionamiento que no pase por Comodoro Py.
Antes de asumir, Macri decía en privado que no quería judicializar la política. Cuando se lo trataba de llevar a casos como los que este diario y la revista Noticias
investigaron durante la década K, sus respuestas siempre eran evasivas y, ante la insistencia, terminaba por decir: “Es que yo creo que hay que mirar al futuro, dejémonos de pasado”.
A aquel Macri lo llevaron por delante los dirigentes de su espacio, un sector importante de la sociedad y los periodistas que creíamos necesario que se investigara la corrupción.
También lo hicieron los jueces que entendieron, o les hicieron entender, que eso era lo que requería el poder de turno.
Lo que Macri no quería hacer se transformó en un tema político constante durante su gestión. Más que dirimir conflictos legales, los tribunales fueron
escenario de un espectáculo rendidor en el que, hasta los medios que durante años se mantuvieron callados frente al kirchnerismo, se convirtieron en adalides de la Justicia.
Espectáculo judicial. La semana pasada explicamos cómo funciona la ley de oferta y demanda de la grieta. El de la judicialización de la política también
tiene su propio mercado. Y la oferta es tentadora: imágenes de bolsos y cajas de seguridad repletas de dólares, funcionarios corruptos, enriquecimientos meteóricos, audios reveladores, espías, insultos
cruzados.
No solo es búsqueda de Justicia. Es un espectáculo mediático que la sociedad del espectáculo consume y premia a quien se lo provee, ya sean medios, políticos
o jueces y fiscales.
El premio para los medios es el rating que después compran los anunciantes.
El premio para los políticos es el reconocimiento que después se transformará en votos y en cargos públicos.
El premio para los jueces y fiscales es congraciarse con la sociedad, con los medios y con el poder político de turno, apostando a futuros ascensos.
El problema de fondo no es que la necesidad de justicia genere un espectáculo y que este espectáculo tenga sus beneficiarios. El problema es que el espectáculo sea
un fin en sí mismo y que todos los que se podrían beneficiar de él actúen guiados por ese objetivo en lugar de hacerlo con el fin de obtener justicia.
Cristina está convencida de que sus problemas judiciales fueron motorizados por Macri. Con cierta razón, le cuesta creer cómo decisiones políticas, mejores
o peores, como la venta de dólar a futuro o un eventual acuerdo con Irán, puedan terminar con funcionarios presos. O que sus opositores pongan en marcha la maquinaria judicial para saber si mandó matar
a Nisman. Ayer Cristina lo llamó “lawfare al palo”.
La contraofensiva. El sector social que cree en ella también piensa que fue gracias al macrismo que se promovieron todas las causas. En eso coinciden con los antikirchneristas,
aunque estos celebran que se lo haya hecho. Sin embargo, es probable que Macri sea apenas uno más de los circunstanciales beneficiarios de ese mercado del espectáculo.
Hoy está en marcha el mismo mecanismo de judicialización, pero en sentido inverso.
El nuevo espectáculo todavía no alcanzó su esplendor, pero está en construcción. Se probó en colocar el espionaje como eje del nuevo relato
investigativo a partir del rastreo de antecedentes de los periodistas acreditados en la cumbre del G20. No prendió mucho ya que los espectadores habrán entendido que eso es lo que sucede en todo el mundo ante
un acontecimiento así.
Mejor suerte está teniendo la revelación de que los espías macristas investigaban a los propios macristas. Una escena más de comedia que de policial negro,
pero que obliga a los propios macristas investigados a presentarse como damnificados.
Otra causa es la que investiga el juez Ariel Lijo: un plan criminal en el que habrían intervenido directamente Macri, Patricia Bullrich, Lilita Carrió y Graciela Ocaña
para desprestigiar a Hugo Moyano.
Al parecer el plan habría tenido éxito, pero no coincidirían las fechas ya que estaría probado que el desprestigio vendría de mucho antes.
El juez Sebastián Ramos investiga una denuncia sobre la existencia de una “mesa judicial PRO” que habría funcionado en la Casa Rosada y era comandada por Marcos
Peña, con la participación de su ministro de Justicia, Germán Garavano; del secretario legal y técnico, Pablo Clusellas; y del jefe de asesores, José Torello. Coincidiría con la que
tenía lugar los martes a la mañana y cuyos resultados eran cubiertos por los periodistas acreditados.
A mano. A este paso, en poco tiempo la cantidad de macristas procesados será similar a la de los kirchneristas procesados en la era Macri. El objetivo no parece ser la búsqueda
de justicia sino ponerse a la par, sin importar la seriedad de las denuncias. Responder a los presos de un lado con los presos del otro. Un juego de suma cero en el que la cuestión de fondo no es el lawfare, sino quién
lo controla.
En cualquier caso, seguir convirtiendo a la Justicia en la extensión de la política por otros medios es un suicidio no solo para la sociedad, sino también para los
propios políticos. Estos se creen amos de jueces esclavos, y en un sentido lo son. Aunque, siguiendo la dialéctica hegeliana, los esclavos pueden convertirse en amos y terminar teniendo el poder.
Este uso político distorsiona todo, porque ya no queda claro qué se investiga por propia justicia y qué no. Si quien termina preso de verdad merece estarlo o si
merece estarlo, pero en otro momento.
O si lo que pasa es que todos los políticos son corruptos y que, una vez judicializados, ninguno saldrá airoso.
No lo creo, pero si fuera cierto que los políticos corruptos son mayoría, entonces el problema no es de nuestros representantes, sino de lo que representan, de sus representados.
Pero como eso sería difícil de aceptar, lo sencillo es aprovechar la cuarentena para contemplar este nuevo show judicial que recién comienza.
© Perfil.com
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