Los efectivos habían detenido al trabajador rural Luis Espinoza y luego lo asesinaron, arrojando su cadáver en Catamarca. Reclamos al Gobierno de Manzur
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| Operativo de búsqueda del cuerpo del trabajador rural, muerto por la policía y cuyo cadáver fue arrojado en Catamarca. (Foto/La Gaceta) |
Tucumán - El crimen de Luis Espinoza ha golpeado la estructura institucional del Ministerio de Seguridad y de
la Policía de la provincia. En ese escenario, el secretario de Seguridad, Luis Ibáñez, anunció que los policías vinculados a la muerte del trabajador rural serán expulsados de la fuerza
de seguridad. “La Justicia debe actuar con todo el peso de la ley”, se pronunció.
“Independientemente de la actuación judicial, después de que se confirmara el delito más grave de todos, el homicidio, desde el Ministerio de Seguridad se
dio inicio al protocolo administrativo que terminará en la expulsión de la Policía de estos efectivos”, aseguró el funcionario. “Vamos a analizar todas las medidas administrativas ante
el concurso de faltas gravísimas adjudicadas a los policías que hoy están a disposición de la Justicia. En la próxima semana se dictará una resolución sobre su exoneración
de la institución”, amplió.
Los restos de Luis Espinoza, el trabajador rural que era buscado hace una semana tras un operativo policial en el sur de Tucumán y que el viernes fueron hallados en Catamarca,
serán sometidos a la autopsia para determinar las causas de la muerte, informaron fuentes judiciales.
El traslado del cadáver se realizó por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) a la morgue Judicial del Ministerio Fiscal de Tucumán.
La fiscal Mónica García de Targa, titular de la Fiscalía de Instrucción I del Centro Judicial de Monteros, confirmó que equipos de la unidad investigativa
y del ECIF rescataron el cuerpo cerca de la localidad tucumana de Alpachiri, a unos 200 metros dentro del territorio catamarqueño, y que se trata de Espinoza (31).
“Se confirmó que era su cuerpo, era la teoría que estábamos manejando, pero la investigación no ha concluido, nuestro trabajo debe seguir ahora más
fuerte que nunca”, sostuvo.
En el marco de las pesquisas el hermano de la víctima, que fue testigo del hecho, aseguró que Luis fue golpeado por la policía y subido a una camioneta cuando el
viernes 15 de mayo se realizó un procedimiento durante un festival de caballos cuadreros un vecino de la localidad de El Mencho, Simoca.
Por el caso, se encuentran detenidos desde el martes pasado, el comisario Rubén Montenegro, el oficial José Morales, los sargentos René Ardiles y Víctor Salinas;
los cabos José Paz, Claudio Zelaya y Miriam González; y el agente Esteban Rojas González y el vigía comunal Sergio Santillán.
Tras las indagatorias de los acusados, el juez de la causa, Mario Velázquez, ordenó el traslado de los policías a la cárcel de Villa Urquiza, a excepción
de la mujer policía.
Otro vocero fue el jefe de la fuerza de seguridad, Manuel Bernachi, al expresar que “los nueve empleados policiales sospechados continuaban en situación administrativa pasiva
por proceso”, ya que fueron separados apenas se tomaba conocimiento de su posible asociación.
Ibáñez hizo hincapié en la mala actuación de los policías. “Actuaron tan mal. Quisieron tapar sobre la marcha la mala actuación. El operativo
había sido normal: intentar sofocar lo que ocurría, la carrera cuadrera. El día anterior (por el jueves) habían notificado a la gente que no llevaran adelante esa actividad. El viernes, alrededor
de las 15, fueron a verificar, pero no había nada. Cuando volvían, durante el trayecto, observaron que personas iban a armar una carrera. Ahí pasó la refriega”, reseñó. “No
documentaron nada en ese momento. El viernes por la noche tendrían que haber informado a la Justicia qué pasaba, en detalles”, añadió
El secretario de Seguridad volvió a expresar que se trató de una “gravísima situación”, aunque aclaró que esta forma de actuar no es general
en la fuerza de seguridad. “No es un proceder que se replique en otras zonas. En distintas situaciones, al ser una institución vertical, el superior debe controlar el procedimiento de los subalternos”, dijo.
Informó que la Justicia había ordenado el traslado de los detenidos a la cárcel.
Reclamos al Gobierno
El legislador José María Canelada reclamó al Gobierno respuestas y explicaciones por lo sucedido en la comisaría de Monteagudo. Las declaraciones del parlamentario
radical su sumaron a otros cuestionamientos a la Policía y al Ministerio de Seguridad.
“La desaparición de Luis Espinoza no puede pasar como un hecho aislado o en el que sólo son responsables algunos policías violentos. Hay detrás responsabilidades
políticas por un sistema de seguridad, donde quienes ejercen el poder actúan con impunidad. No podemos dejarlo pasar”, reprochó.
“Los indicios apuntan a responsabilizar a algunos policías, pero hay un problema de fondo. El ministro de Seguridad, Claudio Maley, y el gobernador, Juan Manzur, no pueden
mirar a otro lado”, agregó.
En este contexto, Canelada recordó el crimen de Facundo Ferreirra; las muertes de Miguel Reyes Pérez o Jalil Juárez; y la actuación policial en el homicidio
impune de Paulina Lebbos. “Esta claro que hay policías que actúan sabiendo que tendrán protección, y los que gobiernan Tucumán son los mismos desde hace décadas. No puede seguir
pasando”, concluyó el legislador.
Informe: La Gaceta, Télam y Agensur.info
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