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| Por Pablo Mendelevich |
El tema quedó salpicado por los renacientes cacerolazos dedicados a reclamarles rebajas salariales a los políticos , entre los cuales sobresalen los 257 diputados y 72 senadores nacionales, quienes, a la vista del público, encima se encuentran ociosos debido a las normas de aislamiento. Las cacerolas resplandecieron
tras la frase del presidente Alberto Fernández que les exigía ganar menos a algunos empresarios. Su batido no tiene relación directa con la quietud del Congreso sino, más bien, con los sacrificios
que están en marcha, en especial las pérdidas que sufrirán miles de trabajadores de a pie y la pretensión de que los funcionarios públicos sean los primeros en dar el ejemplo solidario, una
bandera que acaba de hacer suya Juntos por el Cambio y que podría disponerse en breve en Diputados .
Frente a la aparente parálisis del Poder Legislativo (en realidad, algunas labores, como la constitución de las comisiones de Diputados, siguen su curso, lo mismo que
una posible comparecencia virtual del jefe de Gabinete), la pregunta de fondo sería si no se está habilitando en estos días tan poco comunes una mayor concentración
de poder por parte del Ejecutivo, en consonancia con el crecimiento de la imagen positiva de Alberto Fernández . Es una pregunta que atañe al sistema y también a la paz interna de la coalición gobernante, ya que el kirchnerismo tiene su asiento principal en el Congreso. Sería una paradoja política
que los kirchneristas, históricamente poco entusiastas con la defensa de principios republicanos y antes fervientes partidarios de la delegación de facultades, se inquietaran ahora por preservar la división
de poderes contra la que despotricaban.
Hay quienes dicen pensar en términos prácticos que dada la gravedad de los hechos es mejor que en estos días el Presidente concentre las decisiones urgentes,
que escuche primero que nada a expertos y que, de paso, ahorre el tedioso trámite bicameral con su retahíla de discursos. A esos argumentos se oponen los que no sin razón proclaman que el Congreso es el
corazón de la democracia, con su diversidad -y la consecuente vocinglería- como el recurso más virtuoso. Los decretos de necesidad y urgencia, a los que varios presidentes apelaron para saltear debates
incómodos, tienen que ser revalidados a posteriori, pero en la práctica funcionan como hechos consumados.
Se sabe bien que estamos en una emergencia. Aunque suena raro decirlo así. La Argentina no está, vive en emergencia . En lo que va del siglo XXI casi no conoció la normalidad, el Congreso mismo instituyó la emergencia como rutina,
lo que en esencia significó delegar poderes. Pues bien, lo que ahora está pasando no tiene nombre, dicho no como el suspiro de un alma indignada con el coronavirus sino en sentido literal: esta tragedia, cuya peor parte aún no llegó, carece -aparte del nombre genérico de pandemia-
de formato institucional . Primero, porque todavía se desconocen la profundidad y la duración. Y segundo por su espectro: es un drama de la salud pública que arrastra
a la economía, las relaciones laborales, la educación, la asistencia social, la salud psicológica de la población, los hábitos mundanos y que por lo visto también afectará también,
además de las relaciones internacionales, a los sistemas políticos.
La pandemia del coronavirus es algo nuevo pero las discusiones sobre el Congreso paralizado son viejísimas . Se renuevan cada vez que un oficialismo adormece al Congreso (tiene la llave política entre marzo y noviembre y la llave institucional durante el verano), casi siempre con el fin de apagar el bullicio
opositor y algunas veces para anestesiar disonancias propias. Sin embargo, véase qué curioso: es la primera vez en la historia en que los diputados y senadores no van al Congreso para legislar porque, efectivamente,
no pueden ir. Poder pueden, claro. Pero han sido tratados como personas comunes, que tienen el tránsito y las concentraciones prohibidas (por más que una interpretación
del decreto de la cuarentena los consideraría parte de las excepciones) . Si no consiguieran avión aun los de Tierra del Fuego o los de Jujuy podrían llegar en auto, pero
no es recomendable que se amuchen en las bancas y en los pasillos si es que les caben las mismas prevenciones anticontagio que a cualquiera.
A la Cámara de Diputados se la solía llamar -ahora se usa menos- cámara joven, debido a que para poder integrarla la Constitución exige un mínimo
de 25 años, mientras que los senadores no pueden tener menos de 30. El promedio de edad de Diputados es hoy de 51 años. El del Senado tiene, casualmente, cinco años más, pero hay unos cuantos mayores
de 65, integrantes del grupo de riesgo del coronavirus. Entre otros, Carlos Menem (89), Carlos Reutemann (77), Adolfo Rodríguez Saá (72), Juan Carlos Romero (69), Jorge Taiana (69) y quien preside el cuerpo, Cristina Kirchner (67). Por reglamento, los legisladores deben estar presentes en el recinto para participar de la sesión y, por supuesto, para votar leyes.
¿Cuál sería la imagen pública del Congreso si un diputado, un senador, un asesor, una secretaria o un chofer, en fin, si un eventual portador asintomático
movilizado por una sesión propagara el virus entre varios legisladores y todos fueran replegados de apuro en una cuarentena estricta? Averiguar si para el Covid-19 no hay grieta que valga sería un experimento
un tanto oneroso.
Claro que a este argumento se le puede oponer el de los países en cuarentena que tienen sus congresos funcionando, como el Reino Unido, España, Estados Unidos o Perú . Cuando la semana pasada el Senado de Estados Unidos aprobó el mayor plan de rescate económico de la historia para hacer frente a la crisis desatada por el coronavirus (una ley de 900 páginas),
96 senadores votaron a favor y ninguno en contra. Cuatro faltaron: uno por que estaba infectado y los otros tres por cuarentena.
Horas después el proyecto pasó a la Cámara de Representantes, que descartó la posibilidad de que se sesionará sin estar en Washington. Republicanos
y demócratas, no necesariamente entusiasmados con la ley que votaron a viva voz, exhibieron luego un inusual clima de concordia. Y pesadumbre.
Pero que los congresos también pueden funcionar para que el coronavirus precipite leyes que ningún progresismo celebraría con orgullo parlamentario también
lo acaba de mostrar el de Perú. Allí se aprobó una Ley de Protección Policial que exime de responsabilidad penal a militares y policías que usen en legítima defensa sus armas contra
quienes no acaten la cuarentena. En Perú rige el estado de emergencia, más severo que el decreto de aislamiento obligatorio dictado y prorrogado por Fernández.
La política, un sujeto que conjuga la actividad, sus hacedores y sus acciones meritorias y que muchos políticos corporizan en términos ponderativos, está
acostumbrada a argumentar ideas, defender consignas, sentirse mesiánica, producir discursos encendidos, presumir grosores ideológicos. Pero el coronavirus, una cruel amenaza mundial para la que por ahora no hay
ninguna solución, solo deja margen para achicar daños. O suponer que se los está achicando.
© La Nación
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