Por Gustavo González |
Lejos quedó aquel Macri que el kirchnerismo alimentó como un candidato “bobo” con el que confrontar, con la intención de vencerlo con facilidad.
El nuevo Macri es muy distinto al que sus subordinados acusaban de “permitir que los jueces le manejaran la agenda”.
El que está en construcción, en cambio, es una mezcla explosiva de Maquiavelo con Mefistófeles.
La denuncia. Ni ingenuo, ni inofensivo, ni bobo. Desde el oficialismo se está construyendo la figura de
un ex presidente que cuando tuvo el poder lo usó autoritariamente.
Cristina Kirchner ya denunció que su ADN tendría componentes mafiosos provenientes de su familia calabresa.
Y Alberto Fernández lo acusó por cometer “graves violaciones a los derechos humanos”.
Lo que parecían críticas políticas ahora se empieza a traducir en la posibilidad de una acusación formal contra el ex presidente. Una acusación
que dice que Mauricio Macri comandaba una estructura estatal y paraestatal que presionaba a los jueces y utilizaba los servicios de Inteligencia y la AFIP para perseguir a los opositores.
La denuncia sobre las operaciones judiciales del macrismo no es nueva y forma parte del lawfare que Cristina viene denunciando.
Lo nuevo es responsabilizar a Macri como jefe de esas supuestas operaciones y, en tono de prueba, aportar los siguientes detalles:
* El ex presidente y su jefe de Gabinete, Marcos Peña, lideraban semanalmente una “mesa judicial” que se reunía los sábados por la mañana
en la quinta de Olivos.
* El objetivo era impulsar denuncias contra los ex funcionarios kirchneristas, en especial contra la ex presidenta y su familia.
* Una vez por semana, Macri y Peña hacían el seguimiento de las mismas, operando sobre los juzgados para acelerar las causas.
* Esa “mesa judicial” se vinculaba a su vez con la AFI a través de su titular, Gustavo Arribas, y con otra suerte de “mesa judicial” que trabajaba
en la AFIP, supuestamente en el área de la Subdirección de Coordinación Técnico Institucional.
La "mesa judicial". Lo cierto es que esa “mesa” existía, la presidía Peña y la integraban, entre otros, el ministro Germán Garavano; el secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas,
y el jefe de asesores, José Torello.
No tenía lugar los sábados en Olivos (la cita allí de los sábados a la mañana era para la mesa chica política, después Macri se iba
a descansar a Los Abrojos) sino los martes a la mañana en la Rosada.
Eran reuniones que aparecían en la agenda de los periodistas acreditados. Luego, off the record, sus integrantes decían que se habían tratado los pliegos de
nuevos jueces y fiscales, o la conflictiva relación con la Corte, o el presupuesto judicial o cómo impactaban en las arcas públicas causas como la del reajuste de las tarifas.
No lo decían, pero se podría presumir que también hablarían de las grandes causas de corrupción, como la de los cuadernos. Aunque en ese caso la
posición de Macri siempre fue crítica del juez Bonadio, porque –decía– generaba incertidumbre económica y frenaba la llegada de inversiones.
En los hechos, las opiniones en esa mesa solían ser muy diferentes. Garavano siempre fue crítico del uso de las prisiones preventivas y se lamentaba por los costos
institucionales de los reclamos de desafuero sobre Cristina (eso le valió un pedido de juicio político de Carrió).
Torello siempre hizo una crítica muy dura del fuero federal. Es probable que si hoy el gobierno de Fernández quisiera demoler Comodoro Py, contaría con su apoyo.
Macri no participaba y tanto a él como a Peña, el ala política de Cambiemos (radicales y peronistas), les achacaban “desaprensión” en el tratamiento
de esos asuntos.
A su vez, siguiendo la opinión de Jaime Duran Barba, tanto Macri como Peña temían las consecuencias electorales de una Cristina presa.
Cuando Miguel Angel Pichetto era opositor a Macri, solía criticarlo diciendo: “El tipo hace algo que está muy bien, y es no meterse con los jueces. Pero hace
algo que está pésimo, y es no meterse con los jueces”.
La mafia. Quienes integraban esa mesa judicial afirman que lo que se trataba allí eran aquellos temas que
luego se hacían públicos. Pero nadie se atreve a negar tajantemente que personas que no estaban en esa mesa, como Daniel Angelici, sí tuvieran a cargo “tareas de contacto” con los jueces.
Justamente otro de los denunciados por Carrió fue Angelici, a quien acusó de “operador judicial” del propio Macri.
Un hombre cercano a Macri y a aquella mesa judicial coincide con Pichetto en que el problema del ex presidente fue su desinterés por el tema judicial: “Eso generó
una anarquía en jueces que, acostumbrados a una tutela política, empezaron a actuar motu proprio, ya sea para quedar bien o para después pedir favores.”
Pero es inquietante lo que dice a continuación: “Sí es cierto que hay una mafia extorsionadora preexistente al macrismo e incluso al kirchnerismo que une a Comodoro
Py con los servicios de Inteligencia y ciertos estratos de la AFIP”.
Sin pruebas a la vista, este ex funcionario involucra dentro de ese sistema, y con nombre y apellido, a un histórico dirigente radical, a alguien que integró la AFI
durante el macrismo y a un alto miembro del Poder Judicial. Deja afuera a Macri, pero suma en la lista a un hombre cercano a él que nunca ocupó un cargo ejecutivo ni legislativo en su administración.
Al margen de la demonización agrietada que el oficialismo pueda hacer de Macri (similar a la que el macrismo hacía de CFK), la pregunta que trae implícita es
válida y requiere una respuesta urgente: ¿existe o existió un sistema de corrupción y manipulación de causas que une al Ejecutivo con la Justicia?
En el actual gobierno están convencidos de que la respuesta es sí.
Deberían denunciarlo pronto.
No para salvar a alguien, sino para revelar quiénes integran o integraron ese sistema y cuáles son los gobiernos y las personas que se beneficiaron con él.
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