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| Por Gustavo González |
Si la idea es que la corrupción, la manipulación y las presiones judiciales simplemente cambien de dueño, la calidad institucional no se va a degradar más
de lo que ya está, pero presenciaremos un espectáculo tragicómico que nos dará un motivo adicional para explicar nuestra decadencia.
Federales, el cuarto poder. En estricto off the record, un juez de ese fuero intenta una explicación sobre el verdadero rol de Comodoro Py: “Somos jueces que al intervenir
en conflictos con quienes manejan el Estado, necesariamente tenemos que contemplar cómo van a impactar nuestros actos. En otros fueros eso no es tan relevante, porque se investiga a privados que cometieron delitos privados,
pero en este caso son funcionarios y lo que nuestros fallos provoquen también tiene impacto institucional. Por eso, aunque no lo diga ningún Código, nuestro rol también es amortiguar conflictos”.
“Amortiguar” podría traducirse, por ejemplo, en medir cuándo comunicar un fallo según el clima político del momento, o en ser permeables a los
“alegatos de oreja” de un gobierno que pida contemplación por dictámenes que podrían afectar la situación económica.
Para que se entienda: la Justicia Federal funcionaría, en la práctica, como el verdadero cuarto poder del Estado. El único que interactúa con otros dos: el
Ejecutivo y Judicial.
Las facultades de este cuarto poder no están legisladas y los medios solo se refieren a ellas a través de sus consecuencias: extraños fallos o actitudes que no parecen
tener una lógica jurídica.
La sociedad tendría derecho a opinar si le parece aceptable la forma en que, por las suyas, jueces federales y funcionarios han encontrado para resolver conflictos jurídico-institucionales.
Vale aclarar que el juez que habla no es de los que suelen aparecer denunciados o sospechados.
Lo que opina no lo repetiría en público, pero cree que ese rol de “amortiguador institucional” no es la parte mala del fuero: “Porque después están
los que, además de conciliar lo que dice la ley con las necesidades institucionales, aprovechan para usar ese poder en su propio beneficio.”
¿Anomalía? Así las cosas, el lawfare no aparecería como una anomalía del sistema, sino como una posibilidad cierta producto de un vínculo “normal”
entre jueces y funcionarios. Un vínculo no previsto por la ley entre el poder político y quien lo investiga.
En ese marco irregular suceden hechos que unos utilizan a su favor cuando tienen el poder y sufren cuando lo pierden.
La praxis política indicaría que el lawfare es malo, en especial para el sector que no lo controla.
El 3 de noviembre de 2017 tuvo lugar uno de los momentos más promiscuos en ese mix de normas no escritas. Sucedió cuando un grupo de prefectos irrumpió temprano
en el domicilio de Amado Boudou para detenerlo, a raíz de una causa por enriquecimiento ilícito. Lo fotografiaron y filmaron en jogging y descalzo mientras lo esposaban. Las imágenes se distribuyeron pronto,
regocijando a quienes no diferenciaban entre Justicia, manipulación política y humillación.
Quien ordenó su detención fue Ariel Lijo, quien consideró que, aunque aún no había recibido condena alguna, Boudou no podía seguir libre porque
podía interferir en la causa. Eso ocurrió tres días después de que el juez fuera denunciado por el Colegio de Abogados. La denuncia decía que en 28 expedientes no había cumplido con
el llamado a indagatoria de un solo imputado y concluía en que Lijo demostraba inactividad cuando investigaba a funcionarios y ex funcionarios. Se mencionaba el caso de dos amigos de Boudou denunciados por enriquecimiento
tres años atrás que ni siquiera habían sido llamados a declarar.
Pero ese 3 de noviembre, como si se tratara de una respuesta a la acusación de tres días antes, el juez directamente optó por detener al ex vicepresidente.
Ese día escribí “Humillar al enemigo”: “A quien se humilló fue a la leña del árbol caído, al tipo al que ni sus ex camaradas
apoyan, al que hasta su ex jefa denigra. El resultado no pareció heroico. Durante los años de kirchnerismo fuerte, la mayoría de los jueces, empresarios, medios y políticos estaban lejos de querer,
ya no humillar, sino incomodar a un funcionario”.
Pero cuando jueces y políticos crean su propio marco legal, todo puede pasar.
Riesgo de impunidad. Lo que se está debatiendo hoy es cómo se imparte Justicia en ese contexto. Cómo se investiga la corrupción de doce años de kirchnerismo
y, también, la que va más allá del kirchnerismo.
Nadie del nuevo oficialismo, ni en privado ni en público, se atreve a sugerir que esa corrupción no existió.
La propia Cristina Kirchner ya dijo que no ponía las manos en el fuego por nadie (lo que llevó a Julio De Vido a advertir que arriba suyo había un jefe de Gabinete
y una Presidenta) y hubo intelectuales que explicaron por qué la corrupción hasta era inevitable. En privado, incluso, quienes fueron parte del anterior ciclo peronista separan, con nombre propio, a los que jamás
se llevaron lo que no les pertenecía, a los que “recaudaban solo para mantener la estructura política” y a los que simplemente robaban.
Pero la lógica de la denuncia de que todo el sistema de Justicia estuvo viciado de manipulación política, puede traer implícita la conclusión de que
entonces todas las causas que involucran a ex funcionarios están viciadas de nulidad.
No se trata de una hipótesis expuesta oficialmente, pero sería una conclusión razonable: si de verdad todo fue parte de una guerra judicial, entonces los detenidos
como parte de esa supuesta guerra deberían recuperar su libertad.
Más que eso: todas las investigaciones en marcha deberían volver a fojas cero.
Por eso, detrás de la necesidad de probar la existencia del lawfare lo que subyace es la riesgosa posibilidad de anular todo lo actuado.
El desafío de los políticos del oficialismo y de la oposición que no propician la impunidad, y el desafío de los jueces y fiscales que trabajan con honestidad,
es triple: desactivar la Justicia paralela de Comodoro Py, denunciar a quienes se aprovecharon de ese sistema y, al mismo tiempo, lograr que nadie quede impune por los delitos que cometió.
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