Por Daniel Bilotta
El impacto del coronavirus coloca a Alberto Fernández en un escenario inesperado. La oposición y un grupo de gobernadores peronistas lo instan a asumir el liderazgo institucional.
Algo en lo que no parecen interesados sectores de la coalición oficialista, espacio donde parecen más interesados en seguir retaceándole esa posibilidad con la aparente intención de promover que
permanezca vacante.
Cristina Kirchner alienta esa presunción. Viajó a Cuba el día después de que Fernández habló por cadena nacional. La vicepresidenta es reconocida
como líder política por los menos dispuestos en el Frente de Todos a aceptar cualquier tipo de autoridad en Fernández. La novedad es que el Presidente aparece fortalecido en la emergencia. Al menos por
la opinión pública. En los sondeos más recientes, una amplia mayoría está de acuerdo con las acciones que adoptó en la emergencia, reacción bastante previsible frente al temor
a lo desconocido. Es probable que a eso se deba la retracción de Cristina y el kirchnerismo más recalcitrante. Fernández está confiado en capitalizar el fenómeno con una alta exposición
en los medios y las redes.
Es lo que hace predominar una situación expectante en Juntos por el Cambio y en algunos gobernadores del PJ. Estiman imprescindible una conducción centralizada del Estado
en una emergencia sin precedente. Aunque los inquieta la forma en que esa concesión signada por la urgencia pueda ser ejecutada. Dicho de otro modo, la forma en que Fernández interprete este acontecimiento. Por
ahora, su respuesta es apelar al mismo método aplicado antes de la irrupción del virus. Una oscilación entre quienes podrían respaldarlo y los más renuentes a hacerlo. Es decir, quienes en
apariencias le dan sustento político a su gobierno. Una contradicción en la que está atrapado Rodríguez Larreta. Más del 90% de los porteños valora positivamente su colaboración
con Fernández.
El jefe del gobierno porteño venía negociando con la administración central para impedir un recorte de entre 30.000 y 60.000 millones de pesos en la coparticipación
federal, incrementada a la ciudad por el gobierno anterior con el traspaso de la Policía Federal. Como mínimo, es el equivalente a 150 millones de pesos por día en lo que resta del año. La cifra
cobra otra dimensión en una situación que profundizará la recesión. Pero que a la vez vuelve más significativa la facultad de emitir dinero del Banco Central. Una ventaja comparativa de la
administración central frente a las provincias y municipios. Los economistas ortodoxos le piden al Presidente que apele a ese recurso. Es una de las reconfiguraciones que podría sufrir el sistema de poder en
la Argentina.
El papel moneda ocupó buena parte de la tensa reunión que el Presidente mantuvo en Olivos con los gobernadores antes de anunciar la cuarentena obligatoria. Capitanich (Chaco),
Rodríguez Saá (San Luis) y Perotti (Santa Fe) exigieron con vehemencia acceder a los billetes que pondrá en circulación el Gobierno. Solicitaron el 30% del monto total en concepto de anticipos del
tesoro nacional (ATN). No parece que el Gobierno tenga resuelto qué hacer con ese reclamo. La demora en la toma de decisiones es otro tema que inquieta a los gobernadores. Sobre todo por el desprejuicio de los de la
oposición para adoptar medidas de aislamiento sin aguardar a que sean resueltas por el Poder Ejecutivo. Es la justificación que hallaron para imitarlos. Los gobernadores le imputan déficit en la gestión
a Santiago Cafiero. El jefe de Gabinete fue confirmado por Fernández para la distribución de recursos. También, para administrar el más codiciado: el dinero. La convocatoria de ayer a los intendentes
del conurbano pareciera dar la razón a los gobernadores peronistas.
Los municipios de Ezeiza, Lomas de Zamora, Almirante Brown y Pilar, entre otros, dispusieron severos controles en sus territorios para evitar el ingreso de ciudadanos provenientes de
otros lindantes. Los intendentes aseguran que están coordinados con el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Así y todo, son medidas espasmódicas que no responden a un plan integral, pero sí a la
necesidad de no aparecer detrás de la oposición. Miguel Lunghi fue el primero en suspender toda actividad masiva en Tandil y Guillermo Montenegro hizo lo propio con el ciclo lectivo en Mar del Plata. Kicillof
pareció aludir a esos intendentes cuando dijo que "metería presos" a los que se adelantasen a su gobierno. Aunque después se mostró comprensivo con ellos en la larga exposición
que dio como introducción al encuentro del 20 con los 135 jefes comunales. Los intendentes del Frente de Todos le habían recomendado avanzar con la medida que se adelantó en adoptar Montenegro en Mar del
Plata. El gobernador bonaerense minimizó esa posibilidad y la atribuyó al "marketing de Juntos por el Cambio".
Pero más precisamente a un supuesto plan de instalación electoral de Rodríguez Larreta. Kicillof sigue de cerca la negociación por una reducción de
la coparticipación a la ciudad por parte de la Nación. Hasta antes de la crisis, estimaba que le harían falta 60.000 millones de pesos para llegar a fin de año. Buenos Aires, la ciudad más
rica de la Argentina, podría quedarse sin presupuesto antes de esa fecha por el coronavirus. Alumnos con domicilio en el conurbano que cursan la primaria en colegios porteños se alimentan en sus comedores escolares.
Un deslizamiento similar podría afectar al sistema de salud cuando la pandemia alcance el pico máximo.
El gobernador adelantó a los intendentes que les girará 300 millones de pesos, que se repartirán por el Código Único de Distribución (CUD),
coeficiente por el que se distribuye la coparticipación impositiva, basado en el número de camas disponibles en los hospitales de cada municipio. Es lo que explica la voracidad de algunos en construirlos. También,
la pausa en la que entraron los hospitales René Favaloro (Rafael Castillo) y Néstor Kirchner (Laferrere) en La Matanza durante el último mandato de Cristina. Son los 2 centros asistenciales que inauguró
5 veces en campaña. Algunos jefes comunales aprovecharon para reclamar a Kicillof por los fondos correspondientes al programa AMBA Salud, puesto en funcionamiento por María Eugenia Vidal, plan para descentralizar
la atención primaria con mejoras edilicias y de equipamientos en salas de primeros auxilios del conurbano a cargo de Fernán González, actual secretario de Salud porteño.
Es lo que volvió desafortunado al tuit de Fernández con críticas a la oposición por la paralización de obras en los hospitales de La Matanza. Aun con
un impulso difícil de imaginar en este panorama, es improbable que los trabajos finalicen antes que termine el invierno. Si entonces disminuyen los efectos de la pandemia, las autoridades municipales de Pinamar evaluarán
el pedido de juicio político a Eduardo Elizarraga. El fiscal de Flagrancia se declaró incompetente para entender en los cortes de ruta realizados por vecinos para detener el ingreso de turistas. Elizarraga es
aficionado al surf. La policía suele aguardar su egreso del mar, cuando consiguen ubicarlo a través de guardavidas, custodios circunstanciales del celular oficial de la Fiscalía mientras practica ese deporte.
© La Nación
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