Alberto ante un dilema de hierro

Por James Neilson

Desde hace varias décadas, las estrellas más deslumbrantes del firmamento económico contemporáneo, países asiáticos como Corea del Sur y China que, en un lapso muy breve, dejaron atrás la miseria absoluta para erigirse en las potencias comerciales que ya son, subordinan virtualmente todo al crecimiento por entender que concentrarse en aliviar la pobreza sólo serviría para perpetuarla. Contaron con una ventaja clave: sus respectivas poblaciones estaban, y aún están, tan acostumbradas a un nivel de vida muy bajo que durante el período de acumulación pocos se quejaban.

La Argentina es diferente; casi todos recuerdan tiempos en que vivían mejor y, como es natural, se sienten injustamente postergados. He aquí una razón por la que sucesivos gobiernos se han sentido obligados a hacer las cosas al revés; por motivos políticos y, dicen, morales, privilegian lo que llaman la “solidaridad” por encima de la productividad. Los miembros del más reciente, el de Alberto Fernández, parecen convencidos de que no es cuestión de elegir entre alternativas. Aseguran que si quienes menos tienen consumen más se desatará una espiral virtuosa que, andando el tiempo, permita al país productivo levantarse del suelo.

¿Funcionará el esquema heterodoxo que Alberto y sus colaboradores tienen en mente? Muchos quisieran creerlo, pero, ya consumidos más de tres cuartos de los simbólicos cien días en que los gobiernos nuevos deberían revelar su estrategia sin que se haya hecho público nada parecido a un “plan” coherente, el optimismo inicial está agotándose. No hay brotes verdes, sólo baldíos ruinosos.

Para justificar la demora en decirnos cómo se proponen poner en marcha la tan añorada recuperación, Alberto y el ministro de Economía Martín Guzmán insisten en que primero les será preciso llegar a un acuerdo con los bonistas, ya que hasta entonces no sabrán cuánta plata les quedará para gastar. En las negociaciones que ha emprendido con los acreedores, el gobierno peronista cuenta con un aliado inesperado, el Fondo Monetario Internacional, que hace poco dictaminó que a los tenedores de bonos les corresponde hacer una contribución importante porque la deuda argentina no es sostenible.

Aunque Alberto festejó lo que tomó por un triunfo personal, dando a entender que integrantes de su gobierno habían logrado convencer a los técnicos del Fondo de los méritos de su propio punto de vista, sólo se trataba de resucitar una variante de la teoría basada en el principio de “riesgo moral” que fue reivindicada veinte años atrás por una de los dirigentes más influyentes del organismo, Anne Krueger, según la cual los inversores privados no tenían derecho a reclamar la ayuda de los encargados de cuidar el sistema financiero mundial en una disputa con el gobierno de un país miembro en apuros. Se entiende: el FMI está mucho más preocupado por las consecuencias que tendría en el resto del mundo un eventual default formal de la Argentina que en cualquier otra cosa.

Con todo, si bien el presunto cambio de actitud del FMI haya hecho más probable que en esta oportunidad los acreedores se resignen a aceptar una quita más sustancial de lo que habían anticipado, también significa que en adelante los inversores tanto locales como extranjeros obrarán con aún más cautela que antes porque comprenderán que les será mayor el riesgo de perder mucho dinero.

Puesto que, para que la economía crezca nuevamente, será necesario que se invierta muchísimo más que en la actualidad –algunos dicen el doble–, alejarse así de los mercados de capitales hace temer que una recesión que ya ha durado demasiado tiempo no sólo se prolongue sino que también se profundice en los meses y años venideros. Por lo demás, hará que la Argentina dependa todavía más del FMI que, a su vez, depende de lo que suceda en el país al que, presionado por Donald Trump, ha prestado más plata que a ningún otro.

Para Alberto que, camino de la Casa Rosada, prometía llenar los bolsillos de todos los necesitados e inaugurar una época de crecimiento vertiginoso, a diferencia de Mauricio Macri al que acusó de dejar la economía exangüe por razones sin duda perversas, los meses últimos habrán sido muy aleccionadores. Por injusto que le parezca, le ha tocado administrar una combinación desalentadora de estancamiento económico y miseria social para la cual no estaba preparado ni anímica ni intelectualmente. Es que, lo mismo que Macri en su momento, el Presidente enfrenta el dilema terrible planteado por el abismo que aquí separa lo económicamente factible de lo políticamente viable.

Para que la economía comenzara a expandirse luego de años en coma, Alberto tendría que emular a los líderes de los países más exitosos de Asia oriental, pero por motivos políticos o, si se prefiere, sociales, no puede hacer mucho para estimular las inversiones y las exportaciones porque hacerlo le exigiría dar prioridad a los intereses de los sectores más productivos que el año pasado votaron mayoritariamente en su contra. En cambio, si se limita a subsidiar a su propio electorado y el de Cristina a costillas del resto de la población, lo único que logrará será consolidar la nada dinámica cultura de la pobreza en que el país se ha sumido.

¿Es concebible un “plan” que de algún modo reconcilie los intereses inmediatos del treinta por ciento o más de la población que subsiste al borde de la indigencia y aquellos de los capaces de aportar algo al crecimiento? Si Guzmán consigue elaborar uno, merecería dos premios Nobel, uno de la Paz y otro de Economía, ya que hasta ahora nadie ha encontrado la manera se satisfacer tanto a los rezagados, que en Francia, han comenzado a rebelarse contra un orden que a su entender los ha abandonado a su suerte, como a quienes están en condiciones de hacer una contribución valiosa a la productividad del conjunto.

En el pasado no tan remoto era posible alcanzar ambos objetivos, pero los días en que, en los países más o menos desarrollados, muchos millones de personas de clase media sin diplomas universitarios y obreros no calificados se veían beneficiadas por los avances industriales llegaron a su fin hace un par de décadas; desde entonces, no ha dejado de ampliarse la brecha entre los que por un motivo u otro están en condiciones de prosperar en “la economía del conocimiento” y los demás.

Se trata de una tendencia que, gracias a la automatización, parece destinada a intensificarse mucho, de ahí las advertencias alarmantes formuladas por quienes prevén que dentro de tres o cuatro años se verán eliminados por lo menos 75 millones de puestos de trabajo. Aun cuando se hagan disponibles muchos otros del tipo que requieren un toque humano, con escasas excepciones serán peor remunerados.

¿Podrá la Argentina negarse a participar de esta “cuarta revolución industrial” que, en opinión de muchos especialistas, se nos viene encima con rapidez desconcertante? De persistir el gobierno nacional en transferir recursos de los sectores más preparados para enfrentar tales desafíos a los menos, no tendrá más opción que la de intentarlo. Hablar de “trabajos de calidad” es fácil; encontrar personas capaces de desempeñarlos no lo es en absoluto, sobre todo en un país en que, a juzgar por los resultados, el sistema educativo es llamativamente mediocre.

Todo hace pensar que el modelo corporativista que el peronismo consolidó a mediados del siglo pasado y que ha sobrevivido hasta nuestros días no da para más. Muchos gobiernos han tratado en vano de rejuvenecerlo y algunos han querido desmantelarlo por completo con el propósito declarado de reemplazarlo por otro menos anticuado, pero quienes se sienten beneficiados por el orden existente – políticos, sindicalistas, empresarios prebendarios y, últimamente, luchadores sociales– han frustrado todos los esfuerzos por introducir cambios importantes. Tales personajes conforman una alianza muy poderosa que durante décadas ha logrado bloquear sistemáticamente las reformas que serían necesarias para que el país aprovechara mejor su capital humano y, aunque son menos importantes, sus abundantes recursos naturales.

A través de los años, los costos sociales que supondrían cambios no meramente cosméticos han ido en aumento. Reformas que en el siglo pasado hubieran sido difíciles a esta altura parecen inconcebibles. Vaciadas las arcas, el gobierno de Alberto no tiene más opción que la de decidir a cuál segmento de la población le convendría más sacrificar en nombre de la solidaridad. Encabezan la lista oficial los jubilados ricos que cobran más que el mínimo, que acaba de acercarse al 16.000 pesos mensuales, es decir, las víctimas tradicionales de los ajustes de emergencia, seguidos por los acostumbrados a percibir jubilaciones “de privilegio” como los judiciales y diplomáticos, pero es tan grave la situación que muchos otros se verán incluidos, lo que a buen seguro provocará conflictos entre las distintas facciones de la coalición gobernante que cerraron filas por motivos exclusivamente electoralistas, ya que entre los kirchneristas hay muchos que no quieren saber nada de austeridad aun cuando las circunstancias lo hagan inevitable. Como dirían los chinos, nos aguardan tiempos interesantes.

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