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| Por Pablo Mendelevich |
Como la deuda es hoy el tema más importante que hay, por lo menos para el gobierno, quedaron soslayadas otras cuestiones planteadas durante la inédita gira simultánea
de los Fernández. Es el caso del proyecto de ley sobre memoria obligatoria anunciado en París.
Mientras Alberto Fernández, rodeado de franceses que padecieron sinsabores de la postguerra como el neonazismo, prometía una ley contra el negacionismo argentino, Cristina Fernández negaba en Cuba, como ya lo había hecho tantas veces desde el atril de la Casa Rosada, la existencia del gobierno de Isabel Perón (1974-76), casualmente gestante del terrorismo de estado que derivó en los crímenes de lesa humanidad.
Obligar a los argentinos a referirse al pasado de determinada manera parece en el contexto actual, al que el gobierno define como catastrófico, un asunto extemporáneo.
Pero quien lo planteó en París fue el mismísimo presidente de la Nación que, además, lo consideraría urgente, acaso porque llega dentro de poco más de un mes el 24 de marzo. Es posible que el proyecto de ley contra el negacionismo irrumpa, pues, bajo la forma de un debate exprés en ambas cámaras. Aprobar un tema así en ese feriado nacional no sería mala idea desde el punto de vista emotivo. Cobraría valor
simbólico, tendría impacto incluso a nivel mundial. ¿Pero tributaría ello a la costumbre de amplificar efemérides mediante normas alusivas llamadas a marcar agenda o en realidad se aprovecharía
la fecha de alta sensibilidad para inhibir un debate más profundo respecto de qué es exactamente lo que los argentinos no deben negar? Conviene recordar que en la provincia de Buenos Aires está vigente
desde 2017 una ley por la que es obligatorio a nivel oficial hablar de treinta mil detenidos-desaparecidos. Para referirse a la última dictadura los bonaerenses deben decir "dictadura cívico-militar".
En algunos sectores del gobierno nacional la idea ahora es ir bastante más lejos que en la ley provincial.
Desde que el primer kirchnerismo instauró el día del golpe como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia un amplio sector de la sociedad renueva cada año en ese momento el duelo por los desaparecidos o amalgama
el duelo con consignas políticas en actos que suelen ser muy masivos. Es una oportunidad más emotiva e ideológica que reflexiva, lo cual no parece facilitar acuerdos plurales sobre lo que significa importar
de Europa la figura del negacionismo.
Aunque la palabra está a priori asociada con la negación del Holocausto y representa un comportamiento abominable, su significado puede ser expandido para un lado u otro. Huelga decir que una comparación irrestricta de la represión
ilegal argentina con el Holocausto siempre es controversial. En el concierto internacional uno de los mayores negacionistas fue el régimen teocrático de Irán, con el cual
el kirchnerismo intentó compartir en su momento la tarea de administrar justicia. Pero el caso que mejor previene contra la malversación de los instrumentos antinegacionistas
tal vez sea el de Polonia, donde se aprobó una ley, en 2018, que castiga con tres años de cárcel a quien para referirse a los campos de concentración montados por los nazis en Polonia, como Auschwitz, Treblinka o Sobibor, diga que hubo "campos de concentración polacos". La ley también prohíbe hablar -no solo a los polacos, pretende
domesticar a cualquier persona en el mundo- de complicidad polaca con los nazis. Si se quiere saber qué pasa cuando un gobierno reescribe la historia a su gusto y obliga a uniformarse bajo sus interpretaciones tendenciosas,
ver Polonia. Allí la ley de 2018 acercó tensiones internacionales, no se sabe si consiguió reeducar a los polacos ni si consiguió dominar resabios de culpas.
Pero en la Argentina el gran tema del pasado traumático se refiere en cierto modo a los bordes. Tanto de períodos considerados (recuérdese que antes del 24 de marzo de 1976 hubo más de 500 desapariciones y asesinatos) como de víctimas, victimarios, glorificaciones, grupos sociales. De manera paradojal lo
que acá se parceló fue el concepto de derechos humanos, que deben ser antes que nada universales y no lo son. Por eso la reescritura de la historia bajo inspiraciones ideologizadas, a la que tan afecto fue el
kirchnerismo anterior, resplandece cuando se busca algo así, no repensar sobre los setenta sino legislar, que de eso se trata.
Si estuviera vigente una ley, redactada quién sabe cómo, contra la negación intencional del período tenebroso de la Argentina setentista, ¿sería
punible Cristina Fernández por sostener mediante elipsis, como hace siempre, que Isabel Perón jamás existió? El 7 de febrero en La Habana, al volver con el asunto ramplón de que debían
llamarla presidenta y no presidente, Cristina Kirchner se mostró misericordiosa con el equívoco, dado que a ella le tocó, dijo, desempeñar un cargo al que "nunca antes había accedido
una mujer en la Argentina". Ningún cubano de los cientos que la escuchaban, desde luego, levantó la mano para preguntarle por qué el Guiness de los récords menciona a Isabel Perón y
no a ella como primera jefa de Estado de un país americano.
Podría pensarse que la insólita extinción fulminante de la presidencia de Isabel Perón equivale a suprimir cualquier trozo de historia que desmerezca
al disertante. Pero acá hay bastante más que anhelo de primacía o egolatría color bronce. Abolir el pésimo gobierno de Isabel Perón supone sacar de la historia a José López
Rega y, obviamente, evitar la discusión sobre la responsabilidad de Perón en la creación de la Triple A, misterio que en el campo historiográfico se encuentra bastante más esclarecido que
en el peronismo.
Jean-Marie Le Pen, el líder ultraderechista que por sus exabruptos terminó expulsado de su propio
partido (heredado por su hija), llegó a ser votado en 2002 en primera vuelta por cerca del 17 por ciento de los franceses, si bien un rotundo triunfo de Jacques Chirac en el ballottage encarriló a Francia luego del sofocón totalitario. Le Pen sufrió varias condenas por negacionista, por ejemplo por afirmar
que las cámaras de gas no existieron. En la Argentina no se identifica hoy un sector orgánico de peso, más allá de algunas voces aisladas o expresiones residuales de los encausados, que niegue las
atrocidades hechas por militares durante la represión ilegal. Hoy no existe. Pero ayer sí existió.
Italo Luder, candidato a presidente por el Partido Justicialista, llevó a las elecciones de octubre de 1983
la consigna de dar por válida la ley de autoamnistía que había promulgado el general Reynaldo Bignone un mes antes. Esa ley hubiera extinguido todas las acciones penales por delitos cometidos (atención con la primera fecha) desde el 25 de mayo de 1973 hasta
el 17 de junio de 1982. En los hechos significaba convalidar el olvido de manera institucional y definitiva, la negación lisa y llana, no de una parte sino de todo lo ocurrido durante la represión ilegal, desde
Cámpora hasta Galtieri.
Como las elecciones las ganó Raúl Alfonsín, la primera ley que aprobó el Congreso en la democracia reinstaurada fue la 23.040, consagrada a derogar la autoamnistía, prolegómeno del juicio a las juntas militares que el peronismo boicoteó
todo lo que pudo. No solo ningún dirigente peronista gravitante fue a presenciar el juicio (cosa que hasta Borges hizo) sino que el PJ rechazó el ofrecimiento de Alfonsín para integrar la Conadep. Es extraño
que el peronismo, krichnerismo incluido, amnésico, olvidadizo de sus enardecidas posturas de 1983 en contra de lo que ahora llama de manera ardiente derechos humanos, quiera hacer una ley para encontrar a los negacionistas
donde quiera que estén.
© La Nación
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