Por Jorge Liotti
La economía argentina está cerca de cumplir dos años en estado de excepción. Desde que en abril de 2018 los mercados dejaron de prestarle plata al país,
sobrevivió un tiempo gracias a los desembolsos del FMI y otro período por la expectativa de la definición electoral y el cambio de administración.
Ese período de excepción está a punto de agotarse y en los próximos meses indefectiblemente se producirá un desenlace que puede marcar el éxito
o el fracaso de Alberto Fernández.
El Gobierno espadea en dos frentes distintos y en cinco negociaciones diferentes, hasta ahora con más entusiasmo que resultados. En el frente externo, el de la deuda, pulsea con
el FMI y con los bonistas privados, mientras al mismo tiempo atiende la novela bonaerense. Y en el frente interno, dialoga con los empresarios por la suba de los precios y busca convencer a los gremios para moderar las paritarias,
un preámbulo del anunciado acuerdo por precios y salarios que aún no alumbró. Todos los flancos están abiertos y en ninguno se vislumbra todavía un rumbo nítido.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, volvió de Estados Unidos con la primera medición del clima entre los acreedores. Le dio valores límites.
La reunión en el Consejo de las América con los bonistas no fue satisfactoria. Hubo muchos interrogantes y desconfianzas. En Economía lo reconocen, pero lo atribuyen a una estrategia de negociación
de quienes se juegan pérdidas o ganancias millonarias. En ese heterogéneo universo de actores se identifican tres grupos: el de los grandes fondos, como Blackrock, más proclives a una negociación
porque tienen un alto porcentaje de títulos; el de los bancos intermediarios, como JP Morgan, que en busca de un mejor negocio oscilan según su conveniencia, y el de los jugadores hostiles, al estilo Paul Singer,
que tienen baja posesión y apuestan a la confrontación.
Guzmán está convencido de que primero debe acordar con ellos y después cerrar con el FMI, tal como se deduce del cronograma que presentó esta semana. Apuesta
a que la actual baja en los valores de los títulos fuerce a los bonistas a aceptar una reprogramación o a una quita. Es una estrategia dura y se asume que puede haber turbulencias financieras por ello. "Los
acreedores no van a aceptar una propuesta sin que haya un aval del FMI primero, porque van a querer certezas de poder cobrar", advierte un economista que ya debió negociar varias veces con el mercado.
Con el FMI, Guzmán recogió mayor amabilidad de parte de Luis Cubeddu, quien ofrendó una evaluación "muy positiva" del encuentro y abrió las
puertas para que venga una misión a Buenos Aires. Pero internamente la situación no es tan sencilla. Al día siguiente, Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental y jefe de Cubeddu,
excluyó a la Argentina de sus pronósticos regionales por "falta de un plan económico". En el oficialismo lo atribuyen a una tensión entre los "nuevos", como Cubeddu, y los "viejos"
que participaron del fallido acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri y ahora buscan sobreactuar dureza para salvar su pellejo. Pequeñeces para los que miran el panorama completo y advierten que en realidad el problema
no reside en ese Departamento del Hemisferio Occidental, siempre más comprensivo a las particularidades latinoamericanas, sino que el filtro real reside en los guardianes de las cuentas del Fondo, que anidan especialmente
en el Departamento de Estrategia, Política y Revisión, encabezado por el alemán Martin Mühleisen.
Un motivo más por el que Fernández considera su reunión de mañana con Angela Merkel la más importante de su gira europea. La canciller fue una de las
más duras con la Argentina cuando Donald Trump le abría sus brazos a Macri. España también tiene un valor especial: su ministra de Economía, Nadia Calviño, fue quien presentó
a Guzmán a la actual titular del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva, a quien volverá a ver esta semana en Roma, bajo la bendición de Francisco. Con Emmanuel Macron, Fernández piensa jugar
la carta de un enfriamiento del acuerdo UE-Mercosur -en el que el francés coincide-, a cambio de apoyo en el board del Fondo. El Gobierno cree que ahora, a diferencia de lo que ocurrió con Macri, puede contar
con más respaldo de los europeos que de Estados Unidos porque ellos fueron quienes más cuestionaron los términos del stand-by de 2018. De la Casa Blanca todavía vienen mensajes gélidos. Demasiado
complejo para ser la negociación más amigable.
En este contexto, el suspenso de la negociación bonaerense puede alterar todo. Los operadores del mercado advierten sobre un efecto nocivo si Axel Kicillof cae en default por
US$250 millones, porque de ese modo se activa una cláusula que les permite a los otros acreedores pedir una aceleración de pago y eso agravaría el volumen en cesación. En el Gobierno repiten que
no habrá ayuda para la provincia. Parecen dispuestos a sacrificar al gobernador para dar una señal de que están dispuestos a apostar al límite. Kicillof puede terminar siendo un emisario involuntario
para los bonistas. "Es el papel que le tocó jugar. Siempre hay un policía bueno y un policía malo", admite sin sensibilidades un hombre muy influyente del Frente de Todos.
Mientras la Argentina juega alrededor del mundo la gran partida de la deuda, en la economía doméstica también corre el reloj. El primer mes completo del nuevo gobierno
dejó una señal de alerta en materia de inflación. Pese a las tarifas de servicios congeladas, a los combustibles frenados y al dólar contenido, la suba de precios según varias consultoras
en enero fue de entre el 3 y el 4%, y en el caso de los alimentos, el rubro más sensible, habría ascendido a 5%. ¿Qué se puede esperar cuando transporte, luz, gas y naftas retomen la senda de actualización?
Hay algunos atenuantes, como la "inercia inflacionaria" de 2019, la reinstalación del IVA en rubros básicos o el regreso de los impuestos provinciales. Pero todos los actores económicos apuntan
a los mismos factores de siempre: falta de competencia, carencia de productividad, una cadena de formación de precios distorsionada y especulación empresaria. Hasta la tarjeta Alimentar, la mayor apuesta del
Gobierno contra el hambre se transformó en un factor inflacionario porque dinamizó productos que venían en baja. Por eso hace una semana Fernández volvió a pedirles a los empresarios "responsabilidad".
Matías Kulfas y Paula Español conservan un diálogo abierto con ellos que todavía no fructificó, mientras apuestan a una ley de góndola que los hombres de negocios rechazan. Tienen
reclamos de sectores que piden el regreso a las tácticas morenistas, disimuladas en planteos de un mayor control "de la cadena de valor". La inflación es la mayor expresión económica de
la viveza criolla.
Esta dificultad para contener los precios desbordó sobre el frente gremial, donde implosionó el pedido reservado que había hecho llegar el Gobierno para actualizar
salarios con sumas fijas. De la reunión de mesa chica de la CGT del jueves salió el discurso unísono de que "las paritarias son libres". Había muchas presiones cruzadas. Algunas hacia
el Gobierno, porque no puede poner freno a los precios. Otras internas. En el alto perfil de Carlos Acuña algunos vieron un mensaje a Héctor Daer por haberse comprometido a alinear la tropa con las demandas de
la Casa Rosada. Claudio Moroni tuvo que hablar con varios jefes gremiales para aclarar que el Gobierno no limitaba las paritarias. El mismo día Nicolás Trotta escuchó aplausos por reabrir la negociación
nacional, pero también advertencias de Sonia Alesso (Ctera) y Sergio Romero (UDA) de que el inicio de clases depende del monto de actualización salarial.
"Si la gente supiera lo cerca que estamos del precipicio, actuaría de un modo diferente", fue el comentario que le hizo hace unos días Alberto Fernández
a alguien de su entorno.
© La Nación
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