Alberto no es Cámpora, esa es la cuestión

Por Gustavo González

Si razonablemente una de las grandes preocupaciones de Cristina Kirchner, quizá la mayor, es su futuro judicial y el de sus hijos; y si uno de los motivos para dar un paso al costado y regresar al poder a través de Alberto Fernández fue que con él ese problema podría solucionarse, entonces la polémica en torno a si hay o no presos políticos no es un tema menor. Porque no es un tema menor cómo sigue la relación entre el Presidente y su vice.

Lawfare malo. Cristina no está presa, pero probablemente lo estaría sin sus fueros de senadora y sin el apoyo de Pichetto para hacérselos valer (a diferencia de lo que sucedió con De Vido en la Cámara de Diputados, cuando hasta los propios le soltaron la mano).

Cristina no está presa, pero en la presentación de su libro en Cuba reiteró que la Justicia argentina fue usada para perseguirla. Ella sería una perseguida política que solo por sus fueros no llegó a prisión.

Cristina no está presa, pero fue la primera en declarar que en el país existía un lawfare impulsado por el macrismo, ejecutado por los jueces y operado por los medios.

Por eso, aunque no está presa, ella cree que hay presos que lo están por razones políticas, no jurídicas. Se cuida de mencionarlos, seguramente porque debe suponer que ex funcionarios como De Vido y Ricardo Jaime están bien presos. Al menos nunca se supo que los defendiera ni que los visitara en sus lugares de reclusión.

Kicillof, uno de quienes mejor la interpreta, y sin diferenciar a los bien de los mal presos, se lo explicó el domingo pasado a Fontevecchia: “Si hay políticos presos y se usa a la Justicia para eso, lo correcto es llamarlos presos políticos”.

Lo mismo piensan y dicen los ministros Wado de Pedro y Elizabeth Gómez Alcorta, y dos de los legisladores más cercanos a Cristina, Oscar Parrilli y Andrés Larroque.

El problema no es la coincidencia entre todos ellos.

El problema es que quien encabeza el Gobierno, dice lo contrario.

Lawfare bueno. Alberto Fernández, ya se sabe, afirma que en la Argentina no existen presos políticos, sino personas que fueron detenidas arbitrariamente. Lo decía cuando gobernaba Mauricio Macri y lo ratifica desde que asumió. Cambiar de opinión ahora implicaría reconocer que en estos dos meses no hizo nada para subsanar esa injusticia. Y, en cualquier caso, la pregunta sería qué podría haber hecho el jefe del Ejecutivo para modificar las decisiones del Poder Judicial.

Algunas ideas ya hay. Un sector K impulsa un proyecto de ley de la senadora María Catalfamo que, por ejemplo, estipula que se considerará nula una detención si hubieran existido notas periodísticas “de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución.” De cómo se interprete ese artículo, podría quedar libre la mayoría de los detenidos sin condena, sea cual fuere la causa de su detención.

Otros pretenden una medida más expeditiva. Un indulto que deje libre a los ex funcionarios presos, para que después el Gobierno opere sobre los jueces que llevan las causas (“un lawfare bueno”) para desactivarlas con el tiempo.

El albertismo descarta el indulto (aún no opina sobre la vía de la amnistía, que deja en manos del Congreso lograr el mismo objetivo), pero confía en que “ya sin la presión de la política ni de los medios” los jueces irán juzgando adecuadamente.

No lo llaman “lawfare bueno”, sino “independencia judicial”.

Después está la variante Milagro Sala: “No me importa lo que hagan para liberarnos, pero háganlo ya”.

Frente atípico. El peronismo es un partido que suele llegar al poder en coalición con otros partidos pequeños. Pero la realidad es que siempre en esas alianzas el que manda y monopoliza es el peronismo, un peronismo unificado tras la figura de un líder único, como Perón, Menem, Kirchner y Cristina.

Pero el actual frente de gobierno es atípico, porque quienes lo conforman (cristinistas y albertistas, con sus distintas variantes) son todos peronistas, y el Presidente no es el líder indiscutido de ese peronismo, sino de uno de sus sectores.

Alberto lidera a quienes, como él, habían roto en duros términos con el gobierno de Cristina: gobernadores, intendentes y todo lo que se llamó el Peronismo Renovador.

Cristina tuvo la habilidad de cerrar un acuerdo de unidad electoral para regresar al poder. La cuestión es que ese acuerdo hizo que quien más votos aportó para llegar a la Rosada, no sea quien maneja el Ejecutivo (aunque sí la provincia de Buenos Aires, algunos ministerios, secretarías, cajas cruciales y una parte importante del Congreso).

Si Alberto fuera Cámpora (aquel secretario gris que llegó a presidente con el apoyo de Perón y renunció de inmediato para que su jefe fuera candidato) no habría esos conflictos. Habría otros.

El problema para el cristinismo es que Alberto no es Cámpora.

El Presidente tiene una hipótesis. Reconoce que Cristina es quien aportó el mayor caudal de votos a la coalición: unos 30 puntos. Aproximadamente el 63% de los 48 puntos obtenidos. Pero cree que él y el voto peronista e independiente que él traccionó, aportaron los otros 18 puntos: el 37% del total. Y está convencido de que, sin ese aporte, el cristinismo solo no hubiera ganado. Con lo que eso hubiera significado para el futuro judicial de CFK y los suyos.

Ella/El. Difícil saber si el reparto del poder que se dieron unos y otros refleja bien ese 63-37 por ciento de la hipótesis presidencial. Son normales las sociedades comerciales que tienen éxito con esa división accionaria, pero no es habitual que sea el socio minoritario el que se encargue de la gestión y, en especial, que tenga el poder de firma en la toma de decisiones.

Esta semana, Alberto recordó ese acuerdo tácito: “No hay doble comando, al final decido yo. Yo tengo la lapicera y los cartuchos de tinta”. Lo dijo al responder sobre la influencia de su vice. Podría haber esquivado la respuesta para no darle entidad a la tesis del doble comando, pero en medio de funcionarios que lo cuestionan, eligió explicitar lo obvio: él tiene la lapicera.

Está claro que Alberto no quiere enfrentar a la ex presidenta (agregó que “el día que me quede sin tinta, Cristina me va a alcanzar los cartuchos”). Y que ella no lo quiere enfrentar a él.

El desafío de él es convencer a ella y a los suyos de que él no es ni será Cámpora, pero también es garantizarles que es el único que puede ayudar, al país y a ellos.

El desafío de ella es convencer a él y a los suyos de que ella, aun siendo la socia mayoritaria, seguirá cediéndole el control de la gestión, mientras espera que él ayude al país y, además, la ayude a imponer el lawfare “bueno” al “malo”.

Están obligados a ser tolerantes entre ellos. El enfrentamiento es una tentación real en ambos entornos, pero hoy parece una alternativa suicida. Para todos.

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