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"Un reparador". Esa es la definición que más le gusta de sí mismo a Alberto Fernández. "Es que yo no vengo a refundar nada, sino a reparar
lo que está dañado y cerrar grietas", suele explicar el Presidente.
La pretensión de modestia que parece encerrar la afirmación podría ser engañosa. La magnitud y la extensión en el tiempo y el espacio del proceso de
deterioro nacional hace de la reparación una tarea para nada carente de ambición ni menor que la de la refundación. También podría tratarse solo de una diferencia semántica, como le
gusta decir al primer mandatario para eludir discusiones espinosas.
Cierto es que el objetivo de Fernández tendrá el próximo domingo una severa puesta a prueba. Será durante la primera apertura a su cargo del período
de sesiones ordinarias del Congreso, que en la práctica siempre opera como un segundo lanzamiento de todo gobierno naciente.
El contenido de la presentación, según está previsto, expondrá tanto aquella ambiciosa vocación reparadora como el estrecho sendero por el que transita
esa pretensión. No será fácil avanzar sin caer en las grietas o, al menos, sin que los habitantes de una y otra orilla sientan algunos abordajes como un cuestionamiento, un desafío o, en el mejor
de los casos, una interpelación. Para nadie el discurso será aséptico.
Quienes colaboran con el Presidente en la elaboración del mensaje ya adelantaron que contendrá un minucioso "diagnóstico" de la situación nacional,
al tiempo que se esmeran en destacar que eso tendrá por objetivo hacer una exposición de los problemas pendientes y que, por el contrario, no tendrá por fin subrayar la "herencia recibida". Pero
ya se sabe, todo sinónimo habla de parecidos no de idénticos. La exhibición del estado del Estado será una de las grandes disimilitudes con la comunicación macrista. Como ya lo es que se
hayan dejado trascender los ejes del discurso.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), aquel viejo enemigo del peronismo devenido en aliado albertista, ya le pavimentó el camino con su comunicado del miércoles pasado
en el que desliza inocultables críticas a la gestión económica del gobierno de Mauricio Macri. Desde esa rampa de lanzamiento se expondrán cifras aportadas por los ministros y secretarios dependientes
de la Presidencia.
Esa recopilación, a la que han estado abocadas todos los ministerios, servirá tanto de explicación como de excusa para uno de los grandes cuestionamientos que recibe
la administración de Fernández no solo desde las filas opositoras o de una buena parte de los dirigentes sectoriales, sino también desde el mismo oficialismo: "El Gobierno sigue sin arrancar",
dicen unos y otros.
Para los opositores, la fecha del 31 de marzo instituida por el Presidente como punto de arranque de su proyecto económico empieza a ser ubicada en el mismo estante de la memoria
que el segundo semestre macrista. Por las dudas, nadie en el oficialismo la ha vuelto a destacar sino como una mera referencia vinculada con la renegociación de la deuda externa. Las coincidencias con el FMI les trajeron
un alivio a los oficialistas más apegados a las formas.
Como herramienta de contraataque, Fernández le sumará al diagnóstico una enumeración de las medidas adoptadas en sus primeros 80 días de gobierno.
Destacará, como corresponde, el carácter o el propósito reparador que tuvieron. Algunas no estarán tampoco exentas de polémica. La reforma del cálculo jubilatorio es una de ellas y,
como se sabe, no ha sido beneficiosa para todos. El achatamiento de la pirámide es discutible como acto de justicia.
Tal vez menos esfuerzo dialéctico requiera la defensa de algunas de las medidas económicas adoptadas, todas bajo el acápite de la solidaridad. Algunos indicadores
iniciales, como la tendencia a la baja de la inflación, pueden avalarlo, aunque las predicciones desalienten los excesos de optimismo. Los hechos, aunque efímeros, siempre les ganan a las inasibles previsiones.
Las subas de precios por venir son materia de discusión hasta entre los que piensan lo mismo. Ya lo explicitaron el Presidente y su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. En el poder
se les aconseja a los novatos que la sinceridad esté sujeta al sentido de la oportunidad.
Tal vez por eso nadie tiene apuro en la administración por la difusión de los índices que hablan de la actividad económica. Son numerosos los oficialistas
que miran con preocupación la recaudación impositiva, que sigue corriendo de atrás a la inflación.
La morosa evolución de los ingresos públicos es todo un problema para un fisco que necesita imperiosamente recursos para sí y para sostener a administraciones aliadas.
Es el caso del Estado bonaerense, cuyo gobernador, Axel Kicillof, ya no solo cuenta con el auspicio y la protección de la hipervicepresidenta Cristina Kirchner. Al reclamo de asistencia también sumó públicamente
a Máximo Kirchner, titular del bloque de Diputados e hijo de la jefa política del oficialismo, y al presidente de la Cámara baja nacional, Sergio Massa.
Semejante presión obligará al albertismo a hacer equilibrio frente a otros gobernadores y aguzar el ingenio. No le alcanzará con lo que ya decidió sacarle
de coparticipación al erario porteño, que administra el macrista Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno porteño empieza a mirar con más preocupación el futuro.
El equilibrio de las cuentas y la racionalidad en la administración son una demanda que el FMI no ocultó en su respaldatorio mensaje hacia el Gobierno. También es
un propósito del ministro Martín Guzmán, lo que lleva a algunos oficialistas, peronistas y kirchneristas de pura cepa, a interrogarse si no es un poco ortodoxo según su heterodoxa escala de medición.
Son los que pretenden que una vez resuelto el acuciante tema de la deuda se administren los recursos públicos con mano algo más floja. Para satisfacción de Fernández, de Guzmán y, también,
de Kristalina Georgieva, lo dicen en voz baja.
El capítulo de los proyectos que serán enviados al Congreso tampoco será aséptico, pero se lo procurará revestir de esterilizantes para atenuar las
controversias.
De allí el empeño que ha puesto el influyente secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, para que se revista la iniciativa sobre el aborto de políticas
en defensa de las embarazadas, los niños y la familia amigables para la Iglesia.
Por lo mismo, el proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo será presentado, además, como una cuestión de salud pública. El Gobierno busca
eludir el embanderamiento con alguna de las posiciones en conflicto. Ni verdes ni celestes. Pretenden que todos tengan algo para mostrar y evitar que sea una ecuación de suma cero. No se podrá decir que falta
ambición de propósitos.
Por lo pronto, las gestiones de Beliz ante el Vaticano y el Episcopado, junto con las del secretario de Culto, Guillermo Oliveri, y las de Santiago Cafiero parecen haber sido eficaces
para acotar casi al nivel de lo mínimo posible las reacciones.
No fueron apenas palabras las que los funcionarios le llevaron a la jerarquía católica. El Gobierno resolvió reforzar las efectividades conducentes para las tareas
que realizan en forma conjunta, como la asistencia social y la lucha contra las adicciones. Aportes para sostenerse en los territorios donde la disputa con otros credos y otras tentaciones suele socavar la base de sustentación
de la Iglesia. Retener a los fieles a veces depende de cuestiones más concretas que el dogma.
Menos polémica, en cambio, será la iniciativa referida al Consejo Económico y Social, cuyo avance se da por descontado, no tanto como la presidencia, que sigue a
la espera de las definiciones de Roberto Lavagna. El divorcio del economista y Massa sigue haciendo ruidos. Hay grietas internas que cerrar.
No casualmente, menos seguro es que se presente la reforma judicial, en la que talla con fuerza Beliz, además de la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Todos miran tanto con
interés como con inquietud este tema. Las últimas medidas, pero mucho más las últimas declaraciones públicas respecto del Poder Judicial, reactivaron prevenciones.
No facilitan la discusión pacífica de nada relacionado con la Justicia las explícitas coincidencias recientes entre Alberto y Cristina para criticar a jueces y medios
que investigan o investigaron casos de corrupción del kirchnerismo. Tampoco despeja sospechas y suspicacias la suma de iniciativas de legisladores, dirigentes y juristas kirchneristas para limitar o esterilizar investigaciones,
desplazar a los jueces que las han llevado adelante o directamente para intervenir un Poder Judicial como el de Jujuy. Todo lo contrario. El Gobierno camina por senderos estrechos. Por eso, al tiempo que propicia una masiva
movilización del panperonismo para acompañar la presentación de Fernández en el Congreso, bajó línea para evitar cánticos agresivos que agrieten más lo que sigue agrietado.
Al proyecto reparador le sobran los desafíos.
© La Nación
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