La inflación sigue devorándonos

Por James Neilson

Estamos tan acostumbrados a la inflación, este monstruo insaciable que nos ha acompañado durante décadas, que es tentador tomarla por un fenómeno tan natural como el viento patagónico y el calor del verano, algo con lo cual hay que convivir o irse a otra parte. Aun cuando sean conscientes de que es debido a la inflación que la Argentina corre peligro de convertirse en un archipiélago de islotes relativamente prósperos rodeados por un mar de miseria, muchos siguen insistiendo en que solo a un extremista “neoliberal” se le ocurriría combatirla con las armas que se han usado en otras latitudes.

Así piensan quienes han logrado convencerse de que, por mala que sea la inflación, hacer un esfuerzo auténtico por eliminarla sería todavía peor. Es ésta la actitud de políticos que, por deformación profesional, privilegian el corto plazo. Los asustan más las probables reacciones de los muchos que pronto se verían perjudicados que los perjuicios que, andando el tiempo, ocasionaría la negativa a hacer cuanto resulte necesario para frenarla.

Desde la restauración de la democracia en diciembre de 1983, el país tuvo dos oportunidades para terminar con el flagelo sin tener que someterse a un ajuste feroz; en los años noventa con la convertibilidad y, después de un interludio caótico, a comienzos de la gestión de Néstor Kirchner, cuando gracias a la soja la economía crecía a “tasas chinas”. Sin embargo, a pesar de contar con colchones mucho más cómodos que el actual, tanto Carlos Menem como Kirchner se negaron a concretar las reformas que permitirían al país disfrutar de estabilidad financiera.

Asimismo, a juicio de muchos, el final explosivo de la convertibilidad, que nos dio varios años de descanso, fue evidencia de que el país no puede funcionar con una moneda tan fuerte como el dólar estadounidense, una verdad revelada que festejaron los partidarios de la pasividad. Por su parte Kirchner, luego de iniciar su gestión con prudencia, anotando los números en su libreto de almacenero, se puso a manipularlos, con los resultados que todos conocemos, sin por eso perder el apoyo de sus adherentes.

Antes de ponerse a gobernar, Mauricio Macri nos aseguró que eliminar la inflación sería maravillosamente sencillo, ya que lo habían hecho “el 99% de los países del mundo”. Omitió señalar que ninguno era la Argentina, donde la propensión del Estado a gastar más, mucho más de lo recomendable, está inscrita en el ADN político.

Si bien virtualmente todos comprenden que la única forma concebible de curar a la Argentina de su adicción a la inflación consistiría en reducir la brecha que suele darse entre los ingresos del Estado y el gasto público, no hay acuerdo alguno sobre cómo hacerlo. Nadie ignora que dejar de subsidiar a quienes dependen del Estado para subsistir tendría consecuencias humanitarias catastróficas, además de provocar la rebelión de los resueltos a defender el statu quo en dicho ámbito, pero es evidente que si el Estado no reduce drásticamente sus gastos, tendrá que intensificar la presión impositiva que sufre la minoría productiva, lo que atenta contra el crecimiento.

Para satisfacción del FMI y los mercados que no quieren que la Argentina protagonice otro default que aseste un golpe doloroso al sistema financiero mundial, el gobierno del presidente Alberto Fernández está tratando de hacer ambas cosas al optar por aumentar los impuestos, bajar muchas jubilaciones y enviar menos plata a las provincias con la excepción de la de Buenos Aires que, así y todo, podría no recibir el auxilio que el gobernador Axel Kiciloff precisaría para cumplir con sus obligaciones financieras.

Puede que se trate de las alternativas menos malas disponibles, pero a lo sumo servirán para alejar por un rato el riesgo de un colapso tan calamitoso como el de finales del 2001 y los primeros meses del 2002. De todos modos, hasta que los mercados se hayan convencido de que no habrá otro default, el gobierno será reacio a formular planes para el largo plazo.

Como Macri, Fernández, cuyas ideas personales son más “ortodoxas” que las de la vicepresidenta Cristina, ha apostado a una estrategia gradualista por entender que otra sería políticamente suicida. Para que tuviera éxito, tendría que mantenerse firme por varios años, lo que no le sería fácil ya que entre las facciones que actualmente lo apoyan hay algunas que quisieran aprovechar una oportunidad para castigar con vigor aleccionador a “los oligarcas” de la clase media, en especial a sus integrantes rurales. No extrañaría, pues, que dentro de poco el presidente se sintiera obligado a elegir entre pedir ayuda a la oposición que domina la parte productiva del país y emprender una aventura voluntarista de resultados previsibles.

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