Jubilación "solidaria": el Gobierno prepara un esquema nuevo con ganadores y perdedores

Mientras se define una nueva fórmula de indexación, 
el Gobierno se propone en marzo otorgar el ajuste previsto 
por movilidad. ¿Quiénes lo recibirán?

Por Juan Manuel Barca

El Gobierno avanza en forma sigilosa en la definición de la nueva fórmula transitoria para aumentar en marzo las jubilaciones y prestaciones sociales. Si bien todavía la discusión sigue abierta en el Ministerio de Economía, la idea que se baraja por estas horas es aplicar un esquema de dos o tres velocidades, con eventuales incrementos de suma fija que tendrán un impacto diferenciado. Esto es un mayor beneficio para las escalas más bajas y en menor medida para las medias y altas.

Se trata de un mecanismo similar al del bono de $5.000 otorgado en diciembre y enero a los jubilados y beneficiarios, con un tope hasta los $19.000. En esa ocasión, los titulares del haber mínimo recibieron dicha suma, mientras que las escalas subsiguientes obtuvieron la diferencia hasta llegar al límite fijado. Así, según datos de ANSES, fueron alcanzados 4,5 millones de adultos mayores, el 64% de un universo de 7,3 millones, y el resto fue excluido del beneficio.

Lo que se estudia ahora es que el próximo ajuste alcance también a las jubilaciones de entre $19.000 y $30.000, aunque con incrementos menores al de los haberes mínimos, según estimaron fuentes cercanas al Gobierno consultadas por iProfesional. La lógica de este esquema es transferir recursos a los sectores más bajos para dinamizar el consumo, pero también establecer diferentes ritmos de recuperación del poder adquisitivo perdido.

"En marzo se va a contemplar particularmente la situación de las mínimas pero también las jubilaciones bajas y medias bajas que han sido muy golpeadas", dijo a principios de enero el titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, y en las últimas horas confirmó que "muy probablemente" será mediante sumas fijas. En tanto, el jefe de Gabinete, Sergio Cafiero, reconoció días atrás que "faltó" llegar a los que ganan $25 mil y "no llegan a fin de mes".

El argumento oficial es que el sistema previsional es uno de los más desiguales del mundo, ya que la diferencia entre la jubilación mínima y la máxima es de siete veces. Y, por otra parte, que la inflación impactó en forma diferente en los haberes. Así, un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda sostiene que la caída real promedio entre diciembre de 2017 y junio de 2019 fue del 12% en los segmentos bajos y del 9% en los más altos.

A partir de ese diagnóstico, los funcionarios desprenden la conclusión de que es necesario ir hacia un planteo más "igualitario" y "solidario" priorizando los haberes más bajos en perjuicio del resto. Pero también reconocen que la segmentación responde a las restricciones fiscales producto del endeudamiento y que en última instancia la decisión está en manos del Ministerio de Economía, encabezado por Martín Guzmán.

"Si querés que la totalidad de los jubilados recupere la pérdida de poder adquisitivo desde 2015, eso implica un esfuerzo fiscal enorme que no se puede con la restricción presupuestaria, hay que priorizar a los que no acceden a la canasta básica", reconoció a este medio Sergio Chouza, economista del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, cuyo coordinador es Santiago Fraschina, actual secretario general de la ANSES.

El equipo de Guzmán es el encargado de revisar que los cambios en materia previsional sean "consistentes" con su objetivo de cuidar los recursos y desacelerar la inflación. Allí se definirá hasta qué escala llegarán los próximos ajustes. En ese escenario, la decisión de recomponer los ingresos medios apunta a amortiguar los reclamos judiciales por la Ley de Movilidad, que en diciembre fue suspendida por seis meses.

La fórmula aprobada en 2017 por el Congreso se ajustaba 70% por la inflación del INDEC y 30% por los salarios (Ripte), con un retraso de seis meses. Si a eso se le suma el impacto de la devaluación se calcula que desde 2015 los haberes perdieron un 20% de su poder adquisitivo, pero este año el cálculo iba a dar por primera vez aumentos superiores a la inflación prevista en 2020, con un incremento devengado del 11,5% en marzo y otro de entre 15% y 16% en junio.

En lugar de ese mecanismo, el Gobierno fijará ahora los aumentos por decreto hasta tanto se defina la nueva fórmula. Para marzo se evalúa que las jubilaciones mínimas superen la suba prevista por la movilidad y que las medias a lo sumo empaten. Así, por ejemplo, si se otorgara un monto de $3.000 el mínimo subiría un 21% y las jubilaciones de hasta $30.000, un 10%, mientras que el resto recibiría un porcentaje inferior o, incluso, podría no recibir nada. Es una incógnita.

"No hay conclusión todavía, (el aumento escalonado) es una de las alternativas", explicaron a este medio en Casa de Gobierno. "La nueva fórmula no está definida", agregan desde ANSES.

Así las cosas, es probable que haya una judicialización del conflicto por la movilidad. El defensor porteño de la tercera edad, Eugenio Semino, ya advirtió que, de no alcanzarse los ajustes previstos por la ley previa, se estarían violando derechos adquiridos y anunció que en febrero, una vez concluida la feria judicial, presentará un planteo de "inconstitucionalidad" de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva.

La consigna oficial: desindexar

La premisa que guía la tarea de Guzmán es desacelerar el ritmo de expansión del gasto. La gestión anterior en ANSES de Emiliano Basavilbaso detectó un incremento acelerado en los últimos cinco años del peso del sistema previsional sobre la torta del Estado. Los datos del organismo a los que accedió iProfesional reflejan que las erogaciones corrientes y de capital pasaron de insumir 625 millones en 2015 a 2.221 millones proyectados en 2019.

Esto significa que los fondos de la seguridad social treparon de un 47% del gasto total de la administración pública (previo al pago de intereses de deuda) a un 64% proyectado en 2019. El salto se debió al incremento de las jubilaciones, atadas a la inflación desde 2017, y la prórroga de la moratoria previsional que permitió la incorporación al sistema de las mujeres de entre 60 y 65 años, sin cumplir los 30 años de aporte.

En ese marco, Alberto Fernández insistió esta semana en la necesidad de "desindexar" las jubilaciones, al asegurar que la fórmula macrista terminó por atar los haberes a la caída de los salarios.

"Los salarios siguieron todos prácticamente la cláusula gatillo, entonces salarios e ingresos (jubilatorios) terminaron siendo lo mismo y eso generó un sistema de indexación tremenda que el Estado no puede acompañar", explicó el mandatario en una entrevista con Gustavo Silvestre.

Las críticas a la cláusula gatillo revelan el interés de Fernández por desenganchar -al menos por ahora- las jubilaciones de cualquier índice automático. Por ello, en los últimos días pidió eliminar dicha cláusula de las paritarias. No hizo más que poner en marcha la iniciativa que ya adoptaron varios gobernadores. En las últimas semanas, el tucumano Mario Manzur suspendió su aplicación para "racionalizar" el gasto público y su par de Chubut anunció el congelamiento de los salarios del sector público por seis meses.

La provincia de Neuquén fue un poco más lejos y en las últimos horas advirtió que no descarta revisar la edad de las jubilaciones por el déficit que afronta el organismo.

Buscando la nueva fórmula

Mientras tanto, la Rosada avanza en la elaboración de un nueva índice de movilidad que deberá ser aprobado por el Congreso, cuando concluya el período de emergencia. Fernández busca acercarse al mecanismo de ajuste impulsado por el kirchnerismo en 2009, luego de una ola de juicios que perdió el Estado por la desactualización de los haberes. Por los fallos de la Corte se fijaron en aquel momento incrementos dos veces al año determinados en un 50% por los salarios y 50% por la recaudación de ANSES.

Ahora, se prevé acoplar de nuevo la movilidad al ritmo de los ingresos públicos, un rubro que si bien creció un 48,5% por encima de lo ingresado a las arcas nacionales el año anterior, quedó seis puntos porcentuales por debajo del 53,8% de inflación en ese período. La caída en términos reales fue ocasionada por el impacto de la recesión en la recaudación del IVA y Ganancias.

El otro factor que golpeó los ingresos de la AFIP fue la disminución de los aportes y contribuciones y los recursos provenientes de rentas generales a la Seguridad Social. Estos pilares se vieron afectados por las reformas aplicadas durante la gestión de Macri mediante la reducción de la coparticipación y la baja de las cargas patronales que ahora frenó el Ejecutivo, aunque sin volver a los niveles previos.

Así, la pérdida de fuentes de financiamiento contribuyó a desacelerar la recaudación de la seguridad social y aumentar el peso del sistema previsional en el gasto público. Para compensar ese desequilibrio, el Gobierno fijó en su ley de emergencia una batería de impuestos, incluida la tasa "solidaria" del 30% a la compra de dólar para ahorro, con el objetivo de reforzar los ingresos de la ANSES.

Las medidas fueron acompañadas además por una mayor colocación de deuda en dicho organismo, pero los especialistas advierten que las nuevos recursos no serían suficientes para resolver el desbalance.

Entre los límites se señala la firma del pacto fiscal entre la Nación y 23 provincias, por el que se reemplazó la asignación del 20% del impuesto a las Ganancias a la ANSES por los aportes del impuesto al Cheque, que luego se acordó eliminar en 2022. Esos cambios ejercen una presión extra sobre el déficit en el corto plazo. Aunque el mayor condicionamiento surge del pago de intereses de la deuda: fue el rubro que más creció dentro del gasto público, al pasar del 3,4 al 4,3% del PBI en 2019, según la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional.

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