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| Alberto Fernández |
Una añeja pasión por los eufemismos es mantenida por el nuevo gobierno. Alberto Fernández tampoco escapa a la costumbre de nombrar las decisiones y los hechos de su administración con palabras que tratan de cambiarles su sentido y su
significado.
Se sabe que encontró una situación social y financiera muy complicada e hizo bien en describirla con crudeza en su primer mensaje como presidente. Esa misma realidad
vino empujando fuera del poder a Mauricio Macri en los últimos 20 meses y lo llevó a tomar medidas que había prometido erradicar, como
las retenciones al agro y el cepo cambiario.
Fernández apenas debió mantener y acentuar un camino de decisiones ingratas ya tomadas. Lo que cambió es el discurso en el tránsito de oposición
a oficialismo. Si el gobierno anterior era un ajustador salvaje, ahora esas mismas acciones forman parte de un plan solidario. Lo que el kirchnerismo criticaba como actos de rendición ante el Fondo Monetario ahora son medidas imprescindibles en nombre del combate a la pobreza. La situación es frágil y las medidas para salir de ella son las mismas. Pero un nuevo (y a la vez repuesto) relato envuelve ambas situaciones.
Fernández atiende dos frentes exprimiendo la misma naranja, la de quienes ya pagan impuestos y, potencialmente, podrían aumentar su aporte. Lo hace en nombre de la
pobreza que supera largamente el tercio de la población, pero también porque equilibrar el déficit fiscal es una condición ineludible para negociar con los acreedores. La emergencia recaudatoria
de Macri se instaló en forma definitiva también con Fernández en una secuencia mil veces repetida.
No es real que Fernández no intente achicar los gastos del Estado, en tanto consiguió que el Congreso le otorgue facultades discrecionales para derogar el cálculo
jubilatorio instalado en medio de una guerra callejera con el macrismo. Ese sistema será reemplazado por un mecanismo de mejora de los haberes previsionales que, en su última línea, implicará una
reducción importante de la masa salarial a los pasivos.
Es el kirchnerismo el que, luego de agigantar el sistema, incorporando beneficiarios sin aportes (el de las amas de casa es apenas uno de esos casos), ahora quedó obligado
a quitarles ingresos a los que tributaron durante toda su vida laboral con la esperanza de tener una jubilación proporcional a sus ingresos.
La cuenta pendiente y de difícil cumplimiento es una reducción de los gastos políticos del Estado. Como Macri, Fernández armó un primer gabinete
saturado de nuevos ministerios. Un reflejo del pago de compromisos políticos que se contrapone al reclamo de que los esfuerzos empiecen por la propia casa.
Es verdad que las medidas de austeridad en una administración pueden no tener un impacto importante. Lo que Fernández se perdió es la oportunidad de dar señales
ciertas de que el sistema de poder comprende y es solidario con la dimensión del drama social.
Esa solidaridad es solo obligatoria para las personas que no gozan del privilegio de ser miembros del Poder Judicial, pagan ganancias y, además, no quedan exceptuadas de la
emergencia jubilatoria. Y en cambio no aplica para la militancia que cubre varias capas geológicas del Estado luego de la multiplicación de empleos públicos durante la década ganada.
Como todo discurso defensivo que se precie, el de los aumentos de los impuestos y las retenciones y la baja de las jubilaciones supone que quienes lo cuestionen son insolidarios
con los pobres. Una vieja coartada para una crisis más grande.
© La Nación
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