Grandes sofistas argentinos

Por Gustavo González

Imaginen lo que habría pasado si Macri hubiera anunciado el congelamiento de las jubilaciones por seis meses. Imaginen ya no las toneladas de cascotes que se arrojaron en diciembre de 2017 en protesta por el cambio en la fórmula de aplicación de los aumentos, sino la reacción que hubiera tenido el peronismo ante una decisión así.

La vida por Protágoras. Es cierto que los peronistas son capaces de argumentar la irracionalidad de una medida con el mismo énfasis con que sostienen lo contrario. 

A través de su historia fueron capaces de explicar, con igual fervor, las ventajas del liberalismo o del keynesianismo, cuestionar el pago de la deuda o pagar hasta el último peso al FMI, criticar el aumento de impuestos o explicar que al subirlos se incentivará la demanda.

Y es cierto que los peronistas pueden ser los discípulos más excelsos de la escuela sofista, capaces de entender la belleza que encontraba Protágoras en “convertir en vigorosos los argumentos más débiles”. Pero también es verdad que son expertos en construir esquemas de gobernabilidad que hacen posible lo que al resto de los políticos les resulta imposible.

 El peronismo se alimenta de ese relativismo sofista, escéptico de que las personas sean capaces de hallar una verdad única. Exactamente lo contrario de la máxima del general Perón de que “la única verdad es la realidad”. Un concepto aristotélico y antisofista que, en boca del creador del peronismo, se convierte en un sofisma extremo y refinado que concluiría diciendo “… después veremos cuál es la realidad”.

Sistema en crisis. Que el Gobierno haya podido aprobar un proyecto de emergencia económica de “solidaridad y recuperación” a poco más de una semana de asumir es una buena muestra de cómo las herramientas de aquella escuela filosófica siguen siendo esenciales en el arte peronista de la gobernabilidad. Al menos para ornamentar la construcción de poder.

Alberto Fernández ahora puede subir retenciones e impuestos, desdoblar el dólar, renegociar deuda, frenar subas de tarifas o congelar las jubilaciones y asignaciones (pagando dos bonos de $ 5 mil para las primeras y $ 2 mil para las segundas).

El tema jubilatorio ejemplifica bien el uso de los distintos tipos de relatos para explicar las cosas.

El gasto social implica casi el 70% del presupuesto y más de la mitad corresponde al sistema jubilatorio. Es un problema histórico que cada vez se vuelve más complejo y difícil de resolver. Sucede aquí y en otras partes del mundo: los jubilados cobran menos de lo que necesitan para vivir y los Estados pagan más de lo que les permitirían sus ingresos.

Los expertos señalan que para que un sistema previsional sea sustentable, por cada pasivo deben aportar entre tres y cuatro activos. En Argentina, por cada pasivo aportan alrededor de 1,5 trabajadores en actividad.

Es una suerte que la gente viva más, pero también es una complejidad adicional para un sistema que recibe aportes hasta los 60 o 65 años y debe pagar hasta los 90 o más. Hace cincuenta años, en 1969, la esperanza promedio de vida era de 66 años. Hoy es de diez años más.

Déficit e inflación. El macrismo tuvo en la baja del déficit fiscal su principal obstinación. Sin embargo, tomó dos medidas trascendentales que fueron en contra de ese objetivo, más allá de la razonabilidad que pudieran tener.

La primera fue la ley de reparación histórica, por la cual se dieron por perdidos los juicios de los jubilados para recomponer sus haberes, sumando a ese beneficio a quienes todavía no habían iniciado un juicio.

La segunda fue la que derivó en las toneladas de cascotes arrojadas al Congreso en diciembre de 2017 cuando se trató la ley que modificó la fórmula de incremento de las jubilaciones. El objetivo era bajar el déficit público. Se logró lo contrario.

Sucedía que desde la modificación de la ley en 2009 (hasta entonces los aumentos eran discrecionalidad de los gobiernos), se determinó que los futuros incrementos estarían atados a una fórmula basada en la suba de los recursos tributarios de la Anses y en la evolución de los salarios.

Pero con la conflictiva aprobación de la ley de 2017, el macrismo ató las subas de los haberes a un mix en el que la inflación es preponderante. Y como la inflación argentina no dejó de subir desde entonces, el gasto del Estado en este rubro ha sido cada vez mayor. Así, con el cambio de la fórmula se sumó una complicación adicional a las cuentas públicas.

Eso ni siquiera significó que los jubilados cobraran más. En términos reales, como sus haberes corren detrás de la inflación, perdieron capacidad adquisitiva, a diferencia de lo que pasó entre 2009 y 2015, cuando mejoraron en un 20%.

Hipocresías de lado, todos saben que el sistema jubilatorio es un problema que los gobiernos de aquí y del mundo deben enfrentar.

Los economistas macristas, peronistas, radicales y lavagnistas coincidían en que el problema que hallaría cualquier nueva política antiinflacionaria sería esa modificación de 2017 por la que las jubilaciones futuras quedaron atadas a la inflación pasada.

Si por un acuerdo económico y social se decidiera una desindexación paulatina pero drástica para llegar a una inflación de un dígito a fines de 2021 (como anticipó la semana pasada el presidente del Banco Central en el reportaje de Fontevecchia), se chocaría con el problema de que las jubilaciones seguirían aumentando a la par de la inflación anterior.

Por ejemplo, si el Gobierno planeara una inflación de menos del 10% para el próximo trimestre (un 3% mensual), con ingresos y egresos públicos calzados tras ese número, se toparía con que los gastos del sistema previsional igual crecerían un 15% (el 5% mensual del trimestre pasado).

Ese es el quid de la cuestión detrás del congelamiento planteado por el ministro Guzmán, quien se juega a lograr a la vez una baja del déficit fiscal y de la inflación. Tiene a favor la cobertura política y social del peronismo y su arte sofista para defender con tesón lo que antes criticaba.

Sofismas para todos. Pero no solo los peronistas abrevan en aquella escuela filosófica. También los ex oficialistas se esmeraron esta semana en “convertir en vigorosos los argumentos más débiles”:

• Definieron el proyecto como “devaluatorio”: ingrata cualquier comparación con la devaluación de 17 a 60 pesos del anterior gobierno.
 
• Lo criticaron por quitarles poder adquisitivo a los jubilados: desde 2017, los haberes bajaron un 13% en términos reales.
 
• Explicaron que va en contra de la necesidad de construir consensos: habrá que reconocer que la búsqueda de consensos no fue una de las características de Cambiemos.
 
• Relacionaron el proyecto con un “feroz ajuste”: es debatible si el nivel de “ferocidad” es mayor o menor que el que impulsó el macrismo.
 

En cualquier caso, la utilidad o no de un ajuste, como en efecto es el que aprobó el Congreso, debería medirse por el beneficio o perjuicio que ese sacrificio pueda traerle a la sociedad.

Macri creía que las cuentas públicas necesitaban ser ajustadas para luego crecer. Lo consiguió en parte, pero con una profunda recesión e inflación.

El albertismo cree que se puede conseguir todo al mismo tiempo. Si lo logra, se institucionalizará como un nuevo estadio superior del peronismo. De lo contrario, deberá encomendarse a Protágoras para explicar otra frustración argentina.

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