La selva está siendo devastada a tasas aceleradas también
en Perú, Colombia y Bolivia
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| Una imagen de mayo de la deforestación en Madre de Dios, región al sureste peruano, causada por la minería ilegal. (Foto/Agence France-Presse) |
Por Simon Romero (*)
Tres años de relativa paz con las guerrillas en Colombia ha abierto el acceso para la ocupación ilegal en zonas de la selva que antes estaban prohibidas. La minería
ilegal de oro está avivando la pérdida de los bosques en Perú. Rancheros y ganaderos en Bolivia están arrasando con la vegetación para surtir la demanda de carne que hay en China.
La deforestación a tasas desmedidas está devastando grandes partes de la Amazonía en las naciones vecinas de Brasil. La pérdida de bosques en esos países,
que componen el 40 por ciento de la Amazonía, es muestra de cómo los incendios que han azotado la parte brasileña y ha causado alarma a nivel mundial no son más que parte de una crisis regional
más amplia.
El adentramiento hacia la cuenca del Amazonas por parte de los que llegan a asentarse ilegalmente en esas tierras, así como de rancheros o de mineros, también subraya cómo
aún los avances en la estabilidad política y la integración económica pueden ser conducentes para la deforestación si las salvaguardas de los bosques siguen siendo débiles.
“En Colombia pasamos de intentos de conservación a punta de pistola con las guerrillas a un alza enorme en la deforestación”, dijo Liliana Dávalos, bióloga
de campo de la Universidad Stony Brook. Calculó que la deforestación se disparó en 50 por ciento de 2017 a 2018 en los parques nacionales colombianos que antes estaban bajo control de los rebeldes armados.
El temor a que crezcan de nuevo los combates en Colombia aumentó esta semana cuando un excomandante de la mayor guerrilla del país acusó al gobierno de incumplir
lo establecido en los acuerdos de paz de 2016. Ese comandante, que tuvo un papel destacado en las negociaciones del acuerdo, lanzó un llamado a retomar las armas que podría llevar al fin del pacto.
La posibilidad de que se reagrupen las guerrillas es un factor cuyo impacto están analizando los líderes medioambientales en Colombia, donde las décadas del conflicto
interno habían dejado partes de la selva inaccesibles.
Por ahora, Colombia es emblemática del aumento de la deforestación en Suramérica. El año pasado, el gobierno reportó que la nación perdió
unas 200.000 hectáreas, una de las tasas más altas registradas en la historia colombiana. La apropiación de tierras y el uso de estas para cultivar materia para drogas son algunos de los factores que han
impulsado la deforestación.
Los científicos afirman que la deforestación fue resultado, principalmente, de la desmovilización de la principal guerrilla, las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (Farc), como resultado de los acuerdos de paz.
Antes del pacto, las Farc imponían límites claros a la quema de tierras en control del grupo. Los rebeldes querrían mantener el área boscosa para proteger
los campamentos de posibles ataques aéreos o vigilancia con drones.
Ahora que no existe esa motivación, los integrantes de los grupos armados ilegales y algunos exguerrilleros disidentes de las Farc están peleándose la ocupación
de las tierras donde despejan los árboles, según un reporte del Diálogo Interamericano, grupo de análisis e investigación política de Washington.
La toma de tierras con fines especulativos de construcción está detrás de gran parte de la situación en Colombia, pues los desarrolladores inmobiliarios se
están beneficiando de que no hay registros de tierras completos o de métodos escabrosos para conseguir títulos de tierras e impuestos de tenencia reducidos en áreas despejadas.
“Parte del problema de la deforestación es que el Estado no entra con acciones inmediatas”, dijo Humberto Sánchez, alcalde de San Vicente del Caguán,
alguna vez bastión de las Farc en el sur de Colombia que ahora está rodeado de áreas deforestadas.
“Las autoridades, como militares y fiscalía, demoran en entrar. Después viene la represión, pero el daño ya está hecho”, señaló
Sánchez.
El gobierno colombiano afirma que ha tomado pasos para reducir la pérdida de los bosques: dice que expandió el terreno del parque nacional Chiribiquete; que hay mayor cooperación
entre los pueblos indígenas y el sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y que ha movilizado a unidades de las fuerzas armadas para detener la quema y tala.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) colombiano de hecho dijo que aunque la tasa de deforestación es alta, fue relativamente menor
en 2018 en comparación con el año previo. Aun así, esa tasa fue 59 por ciento más alta el año pasado que en 2015, antes de que se desmovilizaran las Farc.
Algunas de las medidas recientes implementadas en Colombia para la preservación de la Amazonía están inspiradas en políticas similares en Brasil, que fue
pionero en desarrollar estrategias con presupuestos de países en desarrollo para la protección de la selva tropical y redujo los índices de deforestación en alrededor de 80 por ciento entre 2004
y 2012.
Cuando esas medidas fueron relajadas en 2012 durante el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), de izquierda, la deforestación empezó a aumentar de nuevo. Durante
el actual gobierno de Jair Bolsonaro, nacionalista de derecha cuyo canciller ha dicho que el cambio climático es un “complot marxista”, las agencias de protección ambiental han visto impedimentos
a su trabajo.
La remoción agresiva de las protecciones a la selva en el gobierno de Bolsonaro parece ser una influencia para los países vecinos, al igual que sucedió —en
el sentido opuesto— en temas medioambientales con el liderazgo brasileño previo. Por ejemplo, el gobernador de una provincia colombiana donde se ha disparado la deforestación ha instado a que la cranza
de ganado aumente más del doble.
Los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Perú, Martín Vizcarra, están organizando para la próxima semana una reunión de los líderes
de naciones amazónicas para coordinarse en estrategias de protección. No queda claro si Brasil participará en ese encuentro, que se realizará en la ciudad colombiana de Leticia.
Venezuela, que padece una crisis económica severa, tiene una tasa de deforestación relativamente baja en comparación con los demás países con los que
comparte la selva amazónica. “Los niveles de deforestación cayeron en los últimos dos años, pero hay probabilidad de que reboten en medio de la inestabilidad venezolana”, dijo Matt Piotrowski,
analista sénior de Climate Advisors, grupo de asesoría y análisis político con sede en Washington.
En diciembre, Vizcarra redujo la independencia del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales, lo que le ganó acusaciones de que estaba violando compromisos que
asumió en 2007 como parte de un acuerdo comercial con Estados Unidos. Como resultado, el gobierno de Donald Trump amenazó con imponer sanciones por degradación ambiental, un recurso poco utilizado por
la Casa Blanca.
En abril, Perú revirtió las medidas y restauró la independencia del organismo forestal. Aunque el país sigue enfrentando una deforestación impulsada
por mayores cultivos de coca, utilizados para la cocaína, y por la minería ilegal de oro.
El aumento de las minas pequeñas en Perú ha destruido unas 68.000 hectáreas en tan solo cinco años, de acuerdo con un estudio publicado en 2018 por investigadores
de la Universidad Wake Forest.
En respuesta a la deforestación en la provincia peruana de Madre de Dios, Vizcarra declaró estado de emergencia en febrero y desplegó a 1500 oficiales de policía
y soldados para lidiar con las minas ilegales.
Luis Hidalgo, gobernador de Madre de Dios, dijo en entrevista telefónica que su gobierno también está batallando para contener los incendios que hay actualmente
en partes de la región.
“No estamos preparados para responder a un incendio de magnitudes grandes”, dijo, al recalcar que en toda la provincia solamente hay una unidad de bomberos y está
ubicada en la capital, Puerto Maldonado.
Hidalgo añadió que los incendios en la región también han provocado desplazamientos internos por cuestiones económicas: asentadores en tierras altas
se han movido tierra abajo porque ven mayores oportunidades y, ya ahí, han quemado sitios para cultivos agrícolas en parcelas pequeñas.
Los líderes medioambientales en Perú también se están preparando para el posible efecto de la Carretera Interoceánica Brasil-Perú. El proyecto,
que busca fomentar el comercio entre esos dos países, ya está causando pérdida de cubierta forestal en áreas adyacentes al camino que ahora están abiertas para la agricultura.
La agricultura y el ganado también han tenido como consecuencia la deforestación en Bolivia, donde el presidente Evo Morales ha priorizado la expansión del sector
agrícola, a veces con la distribución directa de tierras.
El ingreso al mercado cárnico de exportadores bolivianos también estaría provocando pérdida de bosques este año, a medida que los ganaderos buscan
el espacio para que pasten sus rebaños que son cada vez más grandes. Morales primero minimizó los incendios en la Amazonía boliviana, pero la semana pasada cambió su postura y movilizó
a soldados para ayudar a contener las llamas.
El 27 de agosto, Morales dijo que su gobierno había suspendido la venta de tierras en Chiquitania, la región más afectada por los incendios de este mes. Aun así,
las flamas facilitaron que sus rivales políticos y grupos ambientales criticaran a Morales.
“Seamos claros: esto no es un desastre natural”, dijo Carlos Mesa, el principal candidato opositor postulado para las elecciones de octubre. “Este incendio ha sido
causado por Evo Morales y sus políticas”.
Los investigadores apenas empiezan a registrar las consecuencias de los incendios de este año. De enero a julio, la deforestación y los incendios subsecuentes en la Amazonía
brasileña liberaron entre 115 y 155 millones de toneladas de dióxido de carbono, uno de los gases que provoca el cambio climático, según un análisis publicado este 30 de agosto.
Esa cantidad es casi igual a las emisiones de dióxido de carbono totales para el estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, según Wayne Walker, científico
asociado del Woods Hole Research Center, quien estuvo a cargo del análisis. Tan solo entre el 1 de enero y el 14 de agosto en la Amazonía brasileña hubo deforestación causada por humanos de un área
mayor a 3000 kilómetros cuadrados (aproximadamente el tamaño del estado de Rhode Island, Estados Unidos), según el mismo centro de investigación.
Susan Abad colaboró con el reportaje desde Bogotá; Andrea Zarate lo hizo desde Lima, Perú, y Kendra Pierre-Louis, desde Nueva York.
(*) Simon Romero es corresponsal nacional de Estados Unidos radicado en Albuquerque, Nuevo México. Cubre noticias de migración y otros temas. Antes fue el encargado
de la corresponsalía en Brasil y en Caracas, y previo a eso reportaba sobre la industria energética global desde Houston. @viaSimonRomero
© The New York Times
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