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| Los cuadernos de las coimas |
Todos los escritos judiciales explican con detalle las conductas de los procesados y, en su caso, si son consideradas delitos. Pero el pedido de elevación a juicio de la primera
parte del caso de los cuadernos de las coimas , que ayer presentó el fiscal Carlos Stornelli , explica algo más: la ofensiva que desde hace meses lleva adelante gran parte del kirchnerismo para "voltear"
la investigación.
No es para menos. El escrito, que paradójicamente también tiene 678 páginas, es un compendio de lo que significaron aquellos años de negocios sucios y millones
para pocos.
Más allá de los 40 imputados sobre los cuales pesan cargos suficientes como para que Stornelli crea que deberán ser llevados a juicio oral, la voluptuosidad de las
pruebas y de los hechos narrados les quitarán muchos argumentos a los críticos de la causa. Deberán renovar la trillada muletilla de que se trata de "fotocopias".
Quienes trabajaron en el escrito compilaron 525 pruebas, entre las que se cuentan oficios a organismos, informes de inteligencia, declaraciones testimoniales, pericias sobre computadoras
o memorias secuestradas, informes de vuelos de aviones oficiales, allanamientos o secuestros. Todo el abanico de pruebas que tiene disponible la Justicia fueron utilizadas en esta causa.
Solo para ilustrar. Armando Loson, un empresario dueño de energética Albanesi, es considerado responsable de 10 casos de cohecho activo o, dicho de otra manera, de pagar
coimas.
El inicio de la investigación efectivamente fueron los cuadernos donde se detallaban los horarios, el lugar, los montos. Luego, en la indagatoria dijo: "No voy a declarar.
Niego las imputaciones que se me formulan". Pasaron los días, y Loson se acordó de algunas reuniones. "En una de las reuniones que asiduamente teníamos en el Ministerio de Planificación
por temas energéticos, [Roberto] Baratta pide verme aparte y me escribe en un papelito tipo bloc 1.800.000 pesos, lo que quería decir que debíamos colaborar con esa cifra", agregó. Finalmente,
el empresario reconoció que había pagado. "Es cierto que hubo más de una entrada a la cochera para retirar el dinero, pero fue porque no le di toda la plata junta", recordó el hombre de
negocios.
Sin embargo, esa prueba se completa con varias más que se detallan en el expediente. Por ejemplo, de acuerdo con un informe de inteligencia de la Unidad de Información
Financiera (UIF), se estableció que las fechas en las que se efectuaron retiros de dinero de sus cuentas bancarias coincidían con las fechas en las que se habrían efectuado los pagos indebidos a funcionarios
públicos. El ejemplo sirve para ilustrar cómo se reforzaron con pruebas adicionales los dichos de los arrepentidos y los testigos, como así también las anotaciones que hizo Centeno. El kirchnerismo
que tanto suele encontrar razones para relacionar toda coima que ande dando vuelta con Ángelo Calcaterra y su primo, el presidente Mauricio Macri, podrá conocer que Javier Sánchez Caballero, exgerente
de Iecsa, se comunicó con Calcaterra el 16 de julio de 2013, 9 de agosto de 2013, 18 de septiembre de 2013, 13 de julio de 2015 y 14 de septiembre de 2015, para coordinar los pagos.
La información de los cruces de llamadas estableció, además, que el ejecutivo habló con Nelson Lazarte, encargado de buscar el pago, prácticamente
en las mismas fechas. También Calcaterra tuvo conversaciones los mismos días en los que entregó la coima, o el aporte de campaña como les gusta decir a los procesados, con ese colaborador de Roberto
Baratta. Solo es cuestión de ver las pruebas para entender la profundidad de la trama.
El gerente general de Impsa, y colaborador directo del empresario Enrique Pescarmona, reconoció que en un hotel de la calle Esmeralda, casi Avenida del Libertador, entregó
1,8 millones de dólares. "Esos pagos fueron en distintos momentos, todos en dólares, que los entregaba en un sobre o en bolsa de supermercado o de tiendas comerciales", dijo. Luego están las
llamadas telefónicas y hasta los registros del hotel que dan cuenta de que el coimero y el coimeador se encontraron en ese hotel.
La finalización de la primera etapa, que todavía no incluye a más de un centenar de empresarios que están procesados, es una validación, también,
a un esquema de pruebas que empezó mucho antes de que la opinión pública tome conocimiento de la causa en aquella madrugada de agosto.
Ahora, a 10 meses, aquellos sorprendidos por las detenciones y los descreídos respecto de la profundidad de las pruebas podrán encontrar algunos datos que los sorprenderán.
Como la falta de memoria de Rafael Llorens, secretario legal del ex Ministerio de Planificación, que para dar más certidumbre a su negación de haber estado en un domicilio en busca de bolsos, aclaró:
"No conozco ni siquiera dónde está la calle Ugarteche".
Las miserias de la política han quedado expuestas como nunca. "Niego por completo haber recibido fondos ilegales en bolsos, bolsita, sobre, cajas y/o de cualquier otra forma
o modo...", dijo Julio De Vido. Solo es cuestión de adentrarse y verlas, y empezar a mirar con el cristal de los hechos más que con el de la ideología.
© La Nación
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