Por Claudio Jacquelin
"Lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer". La frase preferida por el Gobierno para explicar (y justificar) las dificultades que afronta, la ausencia de
resultados prometidos y los errores cometidos (pero no asumidos) parece haber entrado en una fase de definición crítica.
Todo se resume en estas horas a la incertidumbre que dispara la probabilidad de que vuelva, reforzado, lo viejo, frente a la posibilidad, incierta, de que resulte viable lo nuevo, cuyas
bondades tampoco han logrado demostrarse. En el Poder Judicial el dilema existencial es demasiado evidente.
El extremo aislamiento en el que ha quedado el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz , tras estrepitosos recortes a su, de por sí, escaso poder de origen y la recuperación
de espacios por parte del antiguo régimen, es el síntoma elocuente de que el proceso está en modo reflujo. Si el fenómeno tiene aún más relevancia es porque no queda circunscripto
al máximo tribunal. Se trata de la reacción de un orden amenazado y muestra la emergencia de un desorden de consecuencias imprevisibles en un poder del Estado que debe ser el último garante de las libertades
y de la vida de las personas y de las instituciones de la República. El problema atraviesa a casi todas las instancias de la Justicia, pero encuentra, como siempre, su expresión más extrema en el fuero
criminal federal.
No hace falta erudición jurídica para concluir que lo que está en juego es una disputa de poder. Basta con relatar la parábola que concluyó la semana
pasada con la batalla por el control del Centro de Información Judicial (CIJ). El enfrentamiento había empezado hace seis meses y medio, inmediatamente después de que la efímera alianza entre Rosenkrantz
y Horacio Rosatti logró desplazar de la presidencia del cuerpo a Ricardo Lorenzetti, el hombre que más poder personal ha acumulado en ese cargo desde la recuperación de la democracia.
Recién ascendido Rosenkrantz a la presidencia, tomó estado público el reclamo a su predecesor por el virtual vaciamiento de empleados del órgano de comunicación
judicial que impuso Lorenzetti antes de dejar el cargo y por la renuencia a depender de una nueva autoridad por parte de los funcionarios fieles a él. Quedó en claro en esa inusual disputa que el CIJ era un instrumento
esencial para el poder de Lorenzetti y un bastión a tomar por el nuevo régimen.
Hace apenas seis días, el magistrado al que Lilita Carrió tiene como enemigo selló el contraataque y le quitó a Rosenkrantz el control del CIJ, que pasó
a depender del tribunal en su conjunto. La concreción de la revancha fue una consagración de la nueva sociedad de hecho que desde hace seis meses manda en la Corte, con escasos desacuerdos en la práctica.
La nueva alianza, que se ha manifestado desde entonces en reiterados fallos y en varios actos administrativos, reúne a dos viejos adversarios como Lorenzetti y Rosatti, cuyos
recelos encuentran raíces en su provincia natal. Lejos de alimentar disputas, la imposibilidad de imponerse uno sobre el otro y de lograr la presidencia del tribunal los ha unido en el proceso de licuefacción
del poder de Rosenkrantz.
Para un poder que debe ocuparse de cuestiones de extrema trascendencia, la pelea por el control de una página web debería ser un tema muy menor si no fuera porque Dios
y el diablo se esconden en los detalles y allí dan sus batallas.
El episodio puso de manifiesto, casi obscenamente, el respaldo (o la sólida alianza) que Lorenzetti tiene de los jueces federales de Comodoro Py: el mismo día en que el
CIJ dejó de depender de la presidencia del alto tribunal, el juez Claudio Bonadio volvió a subir sus fallos al portal, a lo que se había resistido durante este último medio año. Literal.
Una semana antes, Bonadio y otros colegas suyos, tanto o más cuestionados, como Ariel Lijo, dejaron vacías las sillas que tenían sus nombres en el acto de apertura
del año judicial. Fue otra impúdica exhibición de los jueces federales de su malestar con Rosenkrantz.
El titular de la Corte fustigó en su discurso a los jueces que fallan con menos apego a la Constitución y las leyes que a sus intereses o adhesiones políticas o
ideológicas. Una exposición de ideales y de decisión de dar batalla en medio de un desafío a su autoridad y de una licuación de su poder. El éxito no suele ser un destino asegurado
para cruzados solitarios y frontales.
Enfrente, Rosenkrantz tiene hábiles actores, entrenados, cohesionados y experimentados en la construcción de poder durante casi dos décadas.
En el oficialismo recuerdan el blindaje de Lorenzetti que fue a buscar, recibió y exhibió Bonadio apenas despuntaba el caso de los cuadernos y cuando su competencia era
cuestionada por la defensa y los seguidores de Cristina Kirchner. La resolución con la que el juez federal estrenó su regreso al CIJ fue un nuevo procesamiento de Cristina derivado de ese caso.
Las causas "nobles" son siempre un buen escudo. Su uso (y abuso) también expone la complejidad del problema que encierra la subsistencia del viejo orden, tanto como
las dificultades que encierra cualquier proyecto de renovación. También expone la cuestionable pericia con la que se ha manejado el Gobierno para imponer una transformación de fondo, capaz de terminar
con las opacidades de un sistema en el que la sociedad cada vez confía menos, cuando debería ser su último refugio.
La disputa por el CIJ, difícil de comprender y explicar masivamente, tiene un correlato más fácil de asir por cualquier ciudadano y en el que se encuentra el origen
de lo que Rosenkrantz entiende como la primera claudicación de Rosatti: haberlo abandonado en su intento de desplazamiento del poderoso administrador general Héctor Marchi, otro leal absoluto a Lorenzetti, quien
lo puso en el cargo.
El manejo de una caja de $26.000 millones le ha valido a Marchi múltiples cuestionamientos y varias denuncias de Carrió. La diputada fue, paradójicamente, quien
impulsó la llegada de Rosatti al máximo tribunal. Como Rosenkrantz, Carrió se siente traicionada, aunque el exintendente de Santa Fe se esfuerce por despojarse del mote de felón y niegue haber incumplido
acuerdos que nunca prometió.
El oficialismo suele estar lejos de ser una aceitada maquinaria en numerosos ámbitos. Para peor, cuenta con demasiados protagonistas que no siempre ejecutan la misma partitura
ni velan por los mismos intereses. Algunos de ellos tampoco son impolutos ni ajenos a personajes o prácticas cuestionables, como las del espionaje. Los adversarios lo saben, lo explotan y lo combaten con todo el poder
que tienen. Que no es poco.
La sociedad que ha vaciado el poder de Rosenkrantz desde su asunción no estaría completa sin la anuencia de Juan Carlos Maqueda, con quien se ha logrado una mayoría
decisiva en varios casos de contenido patrimonial que suman fragilidades financieras al Gobierno. En tiempos en que hay mayoritariamente coincidencia sobre la necesidad de transformación de fondo del sistema previsional,
tras el escuálido y fallido cambio de diciembre de 2017, la nueva mayoría sacó dos fallos que bien pueden verse, en términos fiscales, como una verdadera contrarreforma. Muy atrás quedaron
los tiempos en que Lorenzetti decía velar por la gobernabilidad, mostraba extrema prudencia por el impacto de sus decisiones y no aceleraba los tiempos de ningún caso con consecuencias institucionales.
Rosatti rechaza con énfasis ser miembro de una nueva mayoría automática, calificación que filosamente rememora aquella Corte formada por Carlos Menem y que
tiene el privilegio de gozar del desprestigio absoluto. Ha tenido la fortuna de que Lorenzetti coincidiera con sus convicciones en varios pronunciamientos sensibles y la mala suerte de que la mayoría de esos fallos
afectaran al Gobierno.
En las cercanías de Rosenkrantz cuestionan a Rosatti el cambio de criterio en algunos de sus fallos para adecuarlos al clima de opinión pública reinante. Es el caso
de sus dos votos contrapuestos en la aplicación del beneficio del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. El santafesino argumenta que entre uno y otro medió la sanción de una ley aclaratoria que
fundamenta su cambio. Lejos está de haber doctrina pacífica en este conflicto.
No será sencillo volver todo a foja cero, porque debe admitirse que ha habido avances para mejorar el funcionamiento y darle más transparencia al Poder Judicial. Al desplazamiento
de poderosos jueces federales de primera instancia y camaristas con prontuario se le ha sumado la cobertura de unos dos centenares de vacantes en juzgados nacionales que eran funcionales a la presiones de otros poderes. Sin
embargo, abrir la caja de los truenos sin paraguas puede tener altos costos. Los procesos que no se conducen corren el riesgo de perderse por caminos peligrosos. Tanto como los que se administran mal. Tal vez no vuelva lo
viejo ni llegue lo nuevo. Y, peor aún, lo mejor quede cada vez más lejos.
© La Nación
0 comments :
Publicar un comentario