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| Por Pablo Mendelevich |
Casi con la misma interpretación capciosa del principio de inocencia con el que hoy se argumenta que Cristina Kirchner no debe ir presa porque
no hay condena firme que habilite a sacarle los fueros de senadora, en tiempos de Alfonsín el peronismo abrigaba a José López Rega, quien se hallaba preso tras haber sido extraditado desde EE.UU.
Acusado de iniciar el terrorismo de Estado con la Triple A y también imputado por corrupción, el hombre fuerte del tercer gobierno peronista murió en la cárcel
sin llegar a ser condenado. De modo que si fuera aceptable extrapolar el principio de inocencia desde lo jurídico hacia lo político, cabría concluir que el presunto responsable de decenas de asesinatos
realizados por la banda que operaba desde el Ministerio de Bienestar Social y desde la Residencia Presidencial de Olivos (la custodia del superministro) acabó como inocente. Fue en realidad un hombre honrado. Acaso,
podría decirse, un gran peronista.
El problema consiste en mezclar (o confundir a propósito) la presunción de inocencia, principio jurídico fundamental referido al proceso penal, con la reprobación
política y moral de conductas deleznables por parte de quienes deberían estar urgidos por despegarse de ellas. Por supuesto que no se pueden comparar los asesinatos atribuidos a López Rega con los delitos
de corrupción por los que está procesada Cristina Kirchner. Es obvio que la tragedia de los 70, no solo con los miles de desaparecidos durante la dictadura, sino con los más de 500 desaparecidos y cientos
de ejecuciones sumarias en el gobierno de Isabel Perón, no tiene parangón. También son diametralmente distintos los porvenires de cada uno. El de López Rega, prófugo durante diez años,
carente de todo apoyo popular, y el de Cristina Kirchner, figura vigente al parecer interesada en volver a gobernar, dueña de un persistente caudal electoral que le suma respetabilidad dentro del peronismo. Y diferentes,
por cierto, fueron los encumbramientos. A López Rega no lo votó nadie, se dirá. Aunque este es un tema tabú, porque sí fue elegido: lo eligió Perón.
Lo comparable -tal vez lo único- es la reacción del peronismo hace 30 años y ahora respecto de la persecución penal contra máximas figuras de los gobiernos
peronistas precedentes. La propensión a cobijarlas es una constante, eco del argumento utilizado tanto por López Rega como por Cristina Kirchner para explicarse delante de los jueces: ambos se mostraron ajenos
a los expedientes y dijeron que eran perseguidos políticos.
Al gobierno de Isabel Perón y López Rega el peronismo lo terminó borrando de la historia. Una vez que la primera expresidenta (se hizo costumbre llamar a Cristina
Kirchner "la" expresidenta, como si no hubiera habido otra) inició su largo ostracismo en España tras ser compensada económicamente por ley, ella, santificada por el apellido, quedó a
resguardo de cualquier mea culpa que pudiera hacer el peronismo por la violencia política de marca propia y por el brutal ajuste económico de 1975, el
mayor de la historia. No hubo mea culpa, sino goma de borrar.
Las desapariciones y los asesinatos del gobierno constitucional de Isabel y López Rega quedaron soslayados mediante la insistente fijación del 24 de marzo de 1976 (decretado
feriado nacional por el kirchnerismo) como el comienzo de todos los males, cuando en realidad ese día se inició el terrorismo de Estado a escala industrial, pero que el tercer gobierno peronista ya venía
ejecutando en forma artesanal.
En 1986, cuando López Rega aterrizó esposado en Buenos Aires, una pléyade de dirigentes peronistas publicó una solicitada cuyo texto desbordaba indignación.
Pero no hablaba de López Rega. Comparaba al presidente Alfonsín con Videla, con el argumento de que la crisis social se estaba volviendo insoportable. Créase o no, así como ahora se revuelve en
el caso del falso abogado y supuesto agente residual de inteligencia Marcelo D'Alessio con el propósito ulterior de alivianar la situación de los procesados en la causa de los cuadernos, hace 30 años
el agente de inteligencia residual con el que la oposición peronista acicateaba era Raúl Guglielminetti. Pese a tener antecedentes relacionados con la represión ilegal, a Guglielminetti se lo había
descubierto infiltrado en la custodia presidencial. Luego de ser detenido se fugó a España, desliz que motivó un gran escándalo. Pues bien, cuando la prensa buscó opiniones sobre el suceso
histórico de la extradición de López Rega, varios dirigentes peronistas respondieron desenfundando el nombre de Guglielminetti para enrostrárselo al gobierno radical.
Hasta que la principal autoridad partidaria, el senador Vicente Leonides Saadi, dio su palabra señera. "No conozco cuál es el motivo de la detención del señor
López Rega", dijo pese a que el exministro había sido detenido y acusado en Miami tres meses antes y todos los diarios argentinos repetían por esos días que los cargos judiciales se concentraban
en seis atentados en los cuales se habían producido ocho asesinatos, que eran los casos en los que sobraban pruebas. También explicaban que además se lo había reclamado a Estados Unidos por defraudación
y malversación de fondos públicos. A renglón seguido Saadi alcanzó el cenit de la omertà: "Si el señor López Rega no ha cometido ninguna falta, no necesita del apoyo justicialista, y si el exministro ha cometido alguna falta y caído
bajo el imperio de la ley, entonces le corresponde la aplicación de esta, pero si es una causa política, sin ninguna duda será apoyado por el Movimiento Justicialista".
La muerte de López Rega, en 1989, no solo canceló el pedido de la fiscalía de prisión perpetua, sino que dejó en veremos, hasta hoy, la causa de la
Triple A. "Murió sin condena -escribió el biógrafo Marcelo Larraquy en el epílogo de su medulosa investigación-. No murió inocente. Murió sin ser juzgado. Quizá
porque si se horadaba un poco en su memoria o si se tocaba una cuerda muy profunda del fondo del alma de aquellos años se hubiera llegado a la conclusión de que la Triple A fue algo que más que la criatura
siniestra de un sargento de policía que soñaba con cantar en La Scala. Fue un aparato de represión ilegal, conformado por distintos sectores, que tuvo su origen, base de apoyo y ejecución en el
Estado peronista de la década del setenta".
El destino quiso que López Rega muriera en 1989 cuando caía Alfonsín. Menem precipitaba su jura con el neoliberalismo bajo el brazo, conversión del peronismo
suficientemente estruendosa como para olvidarse del capítulo anterior. También había sido oportuno para nacer. López Rega nació cinco días después de que Yrigoyen llegó
al poder, aunque el asunto fue la fecha: 17 de octubre. Con ese dato fatigó las interpretaciones esotéricas más disparatadas y se acreditó ser fundador del movimiento, además de afiliado
de la primera hora al PJ, que nunca lo sancionó ni mucho menos lo expulsó.
Es curioso, en la Justicia Electoral su ficha informa hoy que el Brujo no estaba afiliado a ningún partido. Parece que lo de la goma de borrar no fue sólo una metáfora.
© La Nación
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