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| Mauricio Macri |
El presidente Mauricio Macri fue notificado por algunos de
sus interlocutores en el Poder Legislativo que la labor parlamentaria en este
año electoral podría ser prácticamente nula. Es más, un activo vocero de la
oposición en el Congreso de buen diálogo con el oficialismo les transmitió a
allegados al primer mandatario que Macri debería darse por satisfecho si en el
próximo período ordinario de sesiones, que comenzará en marzo, se sancionaban
la ley de presupuesto para 2020 y la norma sobre financiamiento de las campañas
políticas, un tema que preocupa a casi todos los dirigentes en vísperas de las
elecciones.
Ante a este panorama, funcionarios del gobierno nacional
admiten que el Presidente tendría resuelto recurrir toda vez que sea necesario
a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) como antídoto frente a la
oposición a sus propuestas o la simple modorra de parlamentarios que estarán
más ocupados en sus campañas proselitistas o en buscarse un nuevo destino para
cuando dejen de ser senadores o diputados en diciembre próximo.
Macri ya ha probado esa receta, siempre controvertida. Y
muchas veces, con suerte. A principios del año pasado, emitió el Decreto
27/2018, que apuntó a la desburocratización y la simplificación de trámites
administrativos en una enorme cantidad de áreas del Estado nacional. Es cierto
que ese decreto ómnibus desató un fuerte rechazo de la oposición, pero también
derivó en un acuerdo para que el Congreso consensuara la sanción de tres leyes
que sustituyeron al decreto presidencial.
En enero último, el Presidente firmó otro DNU no menos
polémico, que impuso la extinción de dominio, para acelerar la recuperación de
bienes sustraídos en casos de corrupción y de narcotráfico, entre otros
delitos. Fue una clara reacción ante una cuestión muy demandada por la opinión
pública, que los legisladores venían demorando por demasiado tiempo. "Su
aprobación era urgente y los proyectos que están en el Congreso se hallan
estancados hace años. Los argentinos ya esperamos demasiado y la Justicia
necesita este mecanismo ya mismo", advirtió en ese momento Macri.
Una vez más, el más reciente decreto presidencial cosechó
críticas entre dirigentes de la oposición y también entre especialistas en
derecho constitucional. Para algunos de ellos, la extinción de dominio no es
otra cosa que un decomiso y un decomiso constituye una sanción de tipo penal.
El inciso 3 del artículo 99 de la Constitución nacional veda la posibilidad de que
el Poder Ejecutivo emita decretos de necesidad y urgencia en materia penal.
También impide los DNU sobre cuestiones tributarias, electorales y del régimen
de los partidos políticos.
Claro que el decreto sobre extinción de dominio fue también
una jugada política del Gobierno, tendiente a devolver la pelota al campo rival
en un tema trascendente para la ciudadanía como la lucha contra la corrupción.
Lo dio a entender el propio ministro del Interior, Rogelio Frigerio, cuando
admitió que el Gobierno vería con agrado que el Congreso debata el tema y
sancione una ley.
Como todo DNU, el de extinción de dominio deberá ser
considerado por la Comisión Bicameral de Decretos de Necesidad y Urgencia y
luego por las dos cámaras legislativas. Pero para que el decreto pierda
vigencia deberá ser rechazado tanto por Diputados como por el Senado. Se trata
de una condición que, tiempo atrás, logró imponer Néstor Kirchner mediante una
controvertida ley, de la que hoy puede beneficiarse el macrismo.
De ahí que no se descarte la posibilidad de que los DNU se
conviertan en un recurso aún más habitual para el gobierno de Macri en este año
electoral que podría estar signado por la inercia legislativa. Y una de las
obsesiones del Presidente pasaría por acelerar la desburocratización
administrativa, fundamentalmente en materia de comercio exterior. Obviamente,
mediante un DNU.
©
La Nación
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