Será obligatorio y
podría haber hasta tres. Los detalles,
la opinión de especialistas y el caso
porteño.
Por Carolina Ramos
Mauricio Macri, Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa, Felipe
Solá, Miguel Pichetto, quizá Cristina Kirchner. Son varios los nombres anotados
en la todavía verde grilla de candidatos a la Presidencia. Pero a pesar de las
diferencias que mantienen unos y otros, hay algo que los iguala: todos deberán
someterse este año, por primera vez en la historia argentina, a un debate
público y obligatorio regulado por ley.
Este 2019 se aplicará por primera vez la Ley 27.337,
sancionada por la Cámara de Diputados el 23 de noviembre de 2016, que regirá
para los candidatos a presidente que hayan superado el piso que imponen las
Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), es decir, el 1,5% de los
votos.
En los hechos, ya se realizaron dos debates presidenciales.
El 4 de octubre de 2015, tras los murallones de la Facultad de Derecho de la
UBA, se batieron a duelo Macri, Massa, Margarita Stolbizer, Nicolás Del Caño y
Adolfo Rodríguez Saá. Daniel Scioli, en una imagen que quedó grabada para
siempre, dejó su silla vacía.
En la segunda oportunidad, Macri y Scioli se enfrentaron
cara a cara. Fue el 15 de noviembre, en el mismo escenario y en la previa de la
segunda vuelta. El debate tuvo picos de rating y hasta el día de hoy salen a la
luz pública las promesas que el actual presidente formuló entonces ante el
electorado.
Lo cierto es que ambas experiencias estuvieron a cargo de un
grupo de organizaciones sociales, nucleadas en la agrupación Argentina Debate.
De ahí lo novedoso del evento que se viene: por primera vez las reglas del
juego -o bien la mayoría de ellas- están fijadas por una ley, que incluye una
sanción por no asistir.
El debate, ¿sirve o
no sirve?
Alejandro Tullio, extitular de la Dirección Nacional
Electoral y fuente de consulta permanente en estos temas, hizo una valoración
positiva, ya que “el debate presidencial obligatorio exigirá a los estrategas
de campaña redefinir toda la campaña alrededor del debate, porque esta vez no
será una opción debatir o no”.
Además, el exfuncionario explicó a parlamentario.com que “si
bien la propaganda electoral siempre es muy prolífica, otra cosa es ver a los
candidatos formulando las propuestas de su boca y por obligación legal”.
De todos modos, aclaró que “no necesariamente las
habilidades para debatir se correlacionan con la capacidad de gestión”. “A
veces se crea una falsa imagen de que alguien que es un hábil declarante puede
representar después los intereses del electorado”, advirtió.
Más escéptico se muestra Pablo Secchi, director ejecutivo de
Poder Ciudadano. “Hay gente a la que
el debate le parece algo muy relevante. Creo que es algo que puede sumar, pero
no me parece determinante para la ciudadanía. Puede haber candidatos que sean
muy buenos en el debate, pero eso no lo hace buenos gobernantes, y viceversa”.
Secchi insistió en que “lo importante es que lo que se diga
sea verdad, y lo que vemos es que muchas plataformas que se proponen no se
terminan cumpliendo. Por eso, si después no hay una demanda de la ciudadanía,
no tiene mucho sentido”.
Por su parte Carolina Tchintian, directora del programa de
Instituciones Políticas de CIPPEC, consideró que “nadie puede estar en contra
de un mecanismo que contribuye a ejercer un voto más informado”. “El debate
presidencial de alguna manera viene a cumplir ese rol. Que un candidato decida
no participar ahora que es una instancia obligatoria también es información
para el votante”, observó ante la consulta de este medio.
La especialista del CIPPEC sostuvo que “en democracias como
la nuestra, donde la identificación partidaria no es lo único que define el
voto, donde los sellos partidarios no proveen de tanta información, impulsar el
debate y la discusión pública sobre propuestas de políticas concretas en temas
clave para los argentinos puede ayudar no solo a definir el voto sino también
establecer una línea de base sobre la cual evaluar gestiones y eventualmente
premiar o castigar presidentes”.
¿El debate es determinante para el voto? Según Tullio, “en
general los debates tienden a confirmar posiciones ya tomadas”, es decir, no
son una instancia decisiva para el sufragio.
Para Hernán Charosky, subsecretario de Reforma Política y
Asuntos Legislativos de la Ciudad, “la evidencia científica sobre el impacto
que tiene en el voto no es concluyente”. “No se puede decir a priori. Puede
impactar o no. No es lo mismo un debate donde la elección está peleada por un
punto, que una elección donde hay una diferencia mayor”, analizó.
Charosky señaló que “lo importante no radica en el impacto
en el voto, sino en la oportunidad igualitaria para todos los candidatos de
presentar sus propuestas y de que el electorado los conozca en tiempo real”. Y
al igual que Tullio, el funcionario porteño opinó que “las campañas van a tener
en cuenta al debate como una instancia clave”.
Qué dice la ley
La ley que entrará en vigencia este año establece que el
debate presidencial será obligatorio y que tendrá “la finalidad de dar a
conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los
partidos, frentes o agrupaciones políticas”.
Cinco días después de su proclamación, los candidatos que
hayan superado las PASO serán convocados por la Cámara Nacional Electoral (CNE)
para iniciar el proceso. Quienes se nieguen a participar del debate serán
castigados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual. “La
sanción es bastante importante. Va a asegurar que vayan todos”, destacó Secchi.
Los espacios publicitarios no asignados se repartirán “de
manera equitativa” entre los candidatos que sí participen del debate. Pero no
solo eso: la silla del postulante que se oponga a participar se dejará vacía,
como sucedió con Scioli, “a fin de denotar su ausencia”, indica el artículo 4.
Además del debate en la Capital Federal, deberá realizarse
uno idéntico en la capital de una provincia del interior del país, a determinar
por la CNE. Los debates tendrán lugar entre los 20 y 7 días anteriores a la
fecha de la elección, el 27 de octubre. Pero podría haber un tercer debate si
-como las encuestan indican- hay un balotaje.
Previo al debate se realizará una audiencia de la que
participarán la CNE, organizaciones del ámbito académico y de la sociedad
civil, y los candidatos o representantes partidarios. Allí deberá acordarse un
reglamento, quiénes serán los moderadores y qué temas se tratarán. Si no hay
acuerdo, la CNE tendrá la última palabra.
El evento será transmitido en directo por todos los medios
pertenecientes a Radio y Televisión Argentina S.E., y durante el mismo se
suspenderá la publicidad electoral en los servicios de comunicación
audiovisual, así como los anuncios públicos de los actos de Gobierno.
Otro artículo atractivo de la ley es el 8, que deja abierta
la puerta a un posible debate entre candidatos a vicepresidente, “en caso de
que exista voluntad” de los postulantes. Si es así, las reglas serán
“similares” a las del rubro presidencial.
En la Ciudad también
A fines de octubre pasado, la Legislatura porteña aprobó un
nuevo Código Electoral que contempla también la instancia del debate entre
candidatos a jefe de Gobierno que superen las PASO, así como entre postulantes
a legisladores y comuneros.
Tradicionalmente, los debates para la Jefatura de Gobierno
se realizaron bajo organización y transmisión del programa “A Dos Voces”, por
el canal Todo Noticias. Ahora la responsabilidad recaerá en el Instituto de
Gestión Electoral (IGE), aunque el debate público y el privado podrán
coexistir. Ergo, podría haber más de uno.
Charosky, mentor del proyecto que fue convertido en ley tras
dos años de discusión, explicó que “el nuevo Código Electoral fue producto de
la aplicación de una metodología participativa”, donde además de los
legisladores intervinieron especialistas y miembros de la sociedad civil.
La iniciativa original consistía en que el debate fuera
obligatorio para el Estado -en materia de organización y provisión de
recursos-, pero “que no fuera coercitivo para los candidatos, sino que fuera la
autoridad electoral la encargada de generar los consensos para debatir, sin que
fuera una imposición externa”, precisó Charosky.
Sin embargo, durante el tratamiento en la Legislatura se
incorporó una multa para los candidatos que no se presenten al debate,
equivalente a 10.000 unidades fijas de los aportes que realiza el Estado
porteño a las campañas. Esta sanción empezará a regir recién en el turno
electoral de 2021.
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