El dictador está
enterrado desde 1975 en el Valle de los Caídos, que está a cargo de un monje
benedictino candidato de la Falange Española.
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| Valle de los Caídos donde está enterrado el dictador Francisco Franco junto a muchas de sus víctimas. |
Mundo - La
Iglesia ha comunicado oficialmente al Gobierno que no autoriza el acceso al
Valle de los Caídos para la exhumación del dictador Francisco Franco, enterrado
allí desde 1975. La nueva respuesta negativa la remitió el pasado 26 de
diciembre el prior del Valle, el benedictino Santiago Cantera, después de que
dos semanas antes la ministra de Justicia, Dolores Delgado, solicitara la
preceptiva autorización para entrar en el templo a las más altas instancias de
la Iglesia Católica.
El prior argumenta que falta el consenso de la familia
Franco y que el asunto está aún pendiente de pleitos judiciales. El culebrón se
podría resolver en dos o tres meses en el Tribunal Supremo.
Tras la publicación de esta información por parte de El País, el Gobierno manifestó que
“esperaba esta actitud por parte de Santiago Cantera, cuyos antecedentes
ideológicos son conocidos públicamente”. En su respuesta, el Ejecutivo recuerda
que “antes de ingresar en la orden de los benedictinos, el religioso fue
candidato a las elecciones generales de 1993 y a los comicios europeos de 1994
por el partido Falange Española Independiente”, además de señalar que “el prior
se ha negado en distintas ocasiones a seguir las indicaciones dadas sobre este
proceso por las autoridades eclesiásticas españolas, tanto desde el Arzobispado
de Madrid como desde la Conferencia Episcopal”.
“La posición obstruccionista del prior Santiago Cantera”,
prosigue el comunicado, “no impedirá que el proceso siga su curso, pero evidentemente
hará que la opinión pública pueda llegar a considerar que la Iglesia española
avala en su conjunto la negativa de este antiguo candidato falangista, hoy
superior de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos y, con ella, la
negativa de la propia familia Franco”.
“El Gobierno, pese a los inconvenientes que pueda provocar
el rechazo del prior Santiago Cantera, mantiene su decisión de seguir adelante
con el proceso de exhumación, respetando cada una de las garantías a que tiene
derecho la familia Franco por ley. Dentro de las gestiones previstas por el
Gobierno figura el traslado de todos los requerimientos legales a las
instancias superiores del prior Santiago Cantera”, concluye el texto.
La ministra Delgado remitió el pasado 11 de diciembre una
notificación a la Abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos, en el
Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial (Madrid), para avanzar en el
expediente de exhumación y posterior reinhumación de los restos del dictador.
La comunicación se envió también al nuncio del Papa, Renzo Fratini; al
arzobispo de Madrid, Carlos Osoro; al abad de Santo Domingo de Silos —cabeza de
la orden benedictina en España—, Lorenzo Maté; y al representante legal de la
Congregación de Solesmes, Clemente Serna. En el texto, la ministra admite que
para exhumar a Franco es necesario acceder a la basílica y que para ello “es
necesaria la correspondiente autorización eclesiástica”. En la nota “se
solicita autorización” para acceder al templo y “dar cumplimiento al acuerdo
que, en su caso, se adopte” conforme a lo dispuesto en la ley de memoria
histórica “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas
en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil
y la dictadura”.
Las autoridades eclesiásticas recibieron la misiva oficial
de la ministra Delgado, que les daba un plazo de 10 días para responder, y
contestaron el 26 de diciembre a través de una carta del prior de la abadía,
Santiago Cantera, que ha contado con el consentimiento y conocimiento de sus
superiores, según fuentes jurídicas conocedoras del caso. El prior en su
réplica insiste en sus argumentos ya conocidos para oponerse al acceso al
templo para exhumar a Franco “sin el permiso de la familia”. Un mensaje que de
distintas formas ha expresado el arzobispado y hasta el Vaticano, tras una
visita de la vicepresidenta Carmen Calvo a Roma, pero al que añadían que la
Iglesia no estaba contra la exhumación y delegaban esa responsabilidad en el
Gobierno.
El representante de los Franco ya ha comunicado varias veces
que la familia se niega a la exhumación y también que si el Gobierno la lleva
en cualquier caso adelante, como es su pretensión, recurrirá esa iniciativa
ante el Tribunal Supremo y no aceptará otro lugar para la hipotética inhumación
que la cripta familiar en la catedral de La Almudena, en pleno centro de
Madrid. Una idea que el Gobierno rechaza de plano y para la que está buscando
informes que lo prohíban incluso alegando razones de seguridad.
El prior del Valle de los Caídos también arguye en su
respuesta que el caso aún está sub iúdice, en proceso de juicio, y que en su
día tendrá que resolverlo el Tribunal Supremo. La solicitud formal de la
ministra de Justicia es otro paso obligado más, administrativo y político, tras
la determinación mostrada por el Gobierno de Pedro Sánchez tras ser nombrado en
junio de 2018 de retirar del Valle de los Caídos la tumba de Franco situada en
el presbiterio, entre el altar mayor y el coro de esa basílica construida con
la participación mayoritaria y forzada de presos republicanos.
Esa decisión fue comunicada por Sánchez en julio con la idea
de ejecutarla “en breve”. El Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto
Ley al respecto el 24 de agosto y el Consejo de Ministros adoptó el acuerdo para
iniciar el procedimiento el 31 de agosto. El deseo del presidente se topó con
todo tipo de impedimentos y bloqueos por parte de la familia del dictador y del
representante de la autoridad de la basílica, que tiene consideración de lugar
de culto.
El Gobierno ha ido adaptando acuerdos y decisiones según ha
ido tropezando con esos escollos y el proceso se ha ralentizado tanto que se
acabó 2018 con Franco aún en su sepulcro. El propio Sánchez admitió en su
última rueda de prensa del año que tras esperar tanto tiempo ahora prefería
cumplir todos los trámites aunque fuera a costa de demorar la exhumación.
Informe: El País
(España)
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