La diputada chaqueña
de Cambiemos está acusada de lavado de activos y ya había un pedido de desafuero.
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| Aída Ayala |
Chaco - Malas
noticias para la diputada nacional Aída Ayala: la Cámara Federal de Apelaciones
de Resistencia, Chaco, confirmó este martes la prisión preventiva dictada
oportunamente en su contra. Así fallaron los jueces Rocío Alcalá, María Denogens y
Eduardo Ariel Belforte, que ratificaron de esta manera la decisión de la Cámara
Federal de Resistencia, que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal
había anulado el 27 de diciembre pasado.
En su fallo, los camaristas expresaron este martes que “si
bien es cierto que Ayala cuenta con arraigo personal y familiar -lo que podría
neutralizar su no sometimiento a la autoridad del tribunal-, los elementos
reseñados supra (gravedad y trascendencia económica y social de los hechos
investigados, grado de probabilidad de su participación en los mismos,
actuación organizada, pena en expecttiva, entre otros), sumado a la necesidad
de asegurar su comparecencia y evitar injerencias en la obstrucción de la tramitación
del juicio (habida cuenta sus vínculos y conexiones y la capacidad económica y
operativa acreditada) tornan desaconsejable, por el momento, revertir el
dictado de prisión preventiva en esta etapa del proceso”.
Para la Cámara “quedó acreditado que bajo la dirección de
Aída Beatriz Máxima Ayala y Jacinto Amaro Sampayo se consolidó una asociación
ilícita de carácter estable y permanente, producto del acuerdo de voluntades
entre ellos”. Por tal motivo, la Cámara de Apelaciones estima que “procede rechazar
la apelación intentada”.
La diputada radical fue procesada con prisión preventiva en
el carácter de presunta jefa de una asociación ilícita dedicada al lavado de
activos a través de la contratación de empresas cercanas cuando se desempeñaba
al frente de la municipalidad de Resistencia. En la Cámara baja su caso fue
tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde esperaban una doble
confirmación de su prisión preventiva, que parecía haber quedado desactivada
con la resolución de Casación del año pasado.
En su momento, Aída Ayala sostuvo que “no hay ninguna prueba
en el expediente, repito: ninguna, de que se hubiera modificado mi patrimonio,
así como tampoco que hubiera algún beneficio indebido en esa contratación y/o
sobre precio en el contrato, que sigue actualmente en vigencia”.
En referencia a la resolución original de la jueza Zunilda
Niremperger, la diputada dijo que “la sentencia es groseramente arbitraria, no
apoyándose en ninguna constancia de la causa”.
Informe:
Parlamentario.com y Agensur.info
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