Diputados convirtió
en ley la iniciativa que había sido presentada por el salteño Rodolfo
Urtubey en el Senado.
Nacionales - La
Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma del Código Procesal Penal,
sancionado en 2014 a través de la Ley 27.063, pero frenado en su implementación
por un decreto del presidente Mauricio Macri a pocos días de haber asumido.
El proyecto recibió 134 votos afirmativos, 55 negativos -del
Frente para la Victoria, Red por Argentina y la izquierda- y cuatro
abstenciones del bloque Unidad Justicialista. Se trata de ensamblar doce leyes
aprobadas durante los últimos años por el Congreso al cuerpo normativo.
Entre las normas que ahora serán armonizadas al CPP se
encuentran la Ley de Flagrancia; la nueva ley de Ejecución de la Pena; la Ley
de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas; la Ley del Arrepentido; la Ley
de Técnicas Especiales de Investigación para los delitos complejos; y la Ley de
Protección de Víctimas del Delito.
La iniciativa fue presentada por el senador salteño Rodolfo
Urtubey (Justicialista), presidente de la bicameral encargada de controlar la
implementación del Código. En dicha comisión se debatieron las modificaciones
con el aporte de jueces y fiscales federales.
Durante el debate en la sesión extraordinaria de este
jueves, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos
(UCR), destacó que “estamos cambiando un régimen inquisitivo por un régimen
acusatorio”, un requisito para el ingreso de la Argentina a la OCDE.
La radical recordó que cuando Macri tomó la decisión de
frenar la implementación del Código fue “porque no estaban puestas las
condiciones necesarias” y “era totalmente incompleto en algunas cosas”. En
cambio, dijo que con la nueva redacción “se transparenta la agilidad y la
rapidez respecto a las garantías” y “comprende todos los delitos federales”.
En contra de la iniciativa, el kirchnerista Martín Doñate
consideró que este nuevo CPP “no es más que parte de la construcción de la
ingeniería judicial de persecución política”. Además criticó que se hagan
reformas a un Código que está suspendido.
“Este proyecto es original del senador Urtubey pero sabemos
que viene de un acuerdo con el presidente Macri y el oficialismo en el Senado”,
apuntó y opinó que la nueva norma “reduce las garantías de los ciudadanos, sin
que esto implique necesariamente una mayor eficacia en la persecución del
delito; evidencia una distorsión del sistema acusatorio; y hay una clara
afectación al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal”.
Por su parte, la jefa del bloque massista, Graciela Camaño,
recordó que el Código se sancionó en 2014 “con mayoría automática y en un
tiempo récord en dos semanas”. “Fue a las apuradas, a las cachetadas, sin
consenso”, agregó y calificó como una decisión “en cierto modo inteligente”
suspender su aplicación. Pero la diputada remarcó que el oficialismo puso “a
andar la bicameral, y en algunas cosas estoy de acuerdo, pero la verdad es que
metieron la mano”.
“Mucho me temo que lo que refiere la Constitución Nacional
respecto al principio de inocencia nosotros estemos cometiendo algún tipo de
abuso legislativo”, advirtió. Además, coincidió con Doñate en cierta intención
de “satisfacer la mirada desde la corporación judicial”. En este sentido,
explicó que “(el sistema) deja de ser acusatorio si nosotros permitimos que en
el juicio oral el juez pueda intervenir, de la manera en que está redactado el
proyecto”.
Según la ley, “los jueces no podrán formular preguntas
directas” sin embargo sí “podrán pedir aclaraciones cuando no hayan comprendido
lo expresado por el declarante”. “Ojo con esto que estamos haciendo de permitir
que se formulen preguntas aclaratorias”, sostuvo Camaño, aunque garantizó su
apoyo a la reforma.
A su turno, el cordobés Juan Brügge enfatizó que “la falta
de gradualidad en la implementación de este sistema es lo primero que nos hace
ruido”. “Por supuesto que el sistema acusatorio tiene ventajas, celeridad,
visibilidad, transparencia, igualdad entre las partes”, aseguró pero insistió
que “si bien hacemos un avance importantísimo en el cambio de paradigma del
cambio inquisitivo al acusatorio, tenemos serias dudas de que ante la falta de
gradualismo no se pueda implementar o haya excesos”.
Otro de los oradores fue el jefe del interbloque Argentina
Federal, Pablo Kosiner, quien afirmó que se trata de “un avance en el sistema
procesal penal argentino” porque la sociedad “demanda que la justicia dé una
respuesta rápida y efectiva”. “En esta ley hay una gran parte de contenido que
no tiene que ver con la creación de grandes figuras, sino con un proceso de
adecuación de normas; con finalizar una tarea de ensamble y compaginación”,
señaló.
Informe:
Parlamentario.com
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