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| Por Gustavo González |
Juran que pagaron coimas obligados por el dilema de
pagar o cerrar. Y se diferencian de aquellos como Báez, Cristóbal López o Carlos Wagner, que "se dedicaron a hacer
negocios al amparo del poder político".
Mencionan a De Vido, Jaime y López,
como generales de los que dependía la vida y la muerte de sus empresas, con
los puestos de trabajo incluidos.
El ideólogo de esta doctrina es Paolo Rocca.
“Víctimas”. El nuevo titular de la Cámara de la
Construcción, Julio Crivelli, se lo explicó ayer a PERFIL:
"Hay empresas que no tenían tradición ni capacidad para construir y que
dejaron obras sin concluir. Y después había empresas que fueron
obligadas a entrar en esto con presión. Hay que sentarse en la silla
de un tipo que tiene una empresa de 105 años y debe tomar la decisión de si va
a seguir existiendo o no".
Es la aplicación de la doctrina Rocca: los
empresarios argentinos fueron víctimas acosadas por el poder político. Una
suerte de #MeToo en el cual los victimarios fueron los funcionarios que los
obligaban a pagar en el marco de un sistema de abuso.
Paolo Rocca lo explica en primera persona. Chávez le expropió sin pagar una empresa como Sidor, que, según él, costaba unos US$ 1.600
millones. Se vio obligado a recurrir a los Kirchner para cobrar. Consiguió US$ 1.970 millones,
300 de los cuales fueron a los K. Lo que para la Justicia es una coima,
para él es una simple extorsión: "Pagar para que devuelvan lo que nos
correspondía".
Rocca afirma también que no estuvo al tanto de un
acuerdo de tal magnitud y que sus negocios en la Argentina representaron apenas
el 1% de la obra pública, justamente porque no pagó sobornos.
Las cifras oficiales de aquel tiempo indicaban en
cambio que Techint era uno de los mayores beneficiarios de la obra pública. Y
el ex funcionario Claudio Uberti declaró que, dos años antes del episodio
de Sidor, recibió sobornos de Luis Betnaza,
director de la multinacional. Indicó que cada entrega equivalía a 100
mil dólares que luego le daba a Kirchner.
Ya hay decenas de empresarios procesados o en vías
de serlo. Entre ellos, el "yo también fui
extorsionado" gana adherentes: "Los medios favorecen
una visión simplista de lo que pasó. Con los K el país fue una guerra
en la que muchas veces hubo que ceder a las presiones para subsistir",
explica otro de los empresarios salpicados por el Cuadernogate.
Se consideran víctimas, rechazan la figura de
cohecho y, mucho más, la de asociación ilícita que les imputa Bonadio: “No hay asociación entre víctima y victimario”.
La más o menos sutil relación con las mujeres
víctimas de abuso es polémica. Incluso aceptando la lógica del empresario
obligado a pagar para no cerrar su empresa (y salvando los casos de aquellos en
los que, aun pagando, perdieron su patrimonio), la mayoría entregó
dinero para seguir obteniendo negocios y beneficios económicos.
La razonabilidad que pueda tener la doctrina Rocca
sobre el contexto de presión reinante no quita que el objetivo del
empresariado era el de maximizar sus beneficios económicos. Lo que
lograban después de pagar la coima.
Presión. El malestar de esta porción del círculo rojo
primero se dirigió al juez, pero ahora comenzó a virar hacia el Gobierno. No
entienden cómo personas que provienen de su mundo no diferencian entre
funcionarios o empresarios corruptos, de quienes fueron sus víctimas. Esta
semana le apuntaron en especial a Macri, en el marco del llamado a indagatoria de su hermano y su padre.
Cuando en privado dicen que "él conoce muy bien lo que sucedía", no
se sabe si lo dicen como información o como amenaza.
Si se refieren a cómo Franco Macri se hizo rico al amparo de gobiernos
civiles y militares, no parece que su hijo esté dispuesto a inmolarse en su
defensa. Lo que sí piensa el Presidente es que sus colegas empresarios
gastaron durante años más esfuerzos en relacionarse con los gobiernos de turno
que en volver más competitivas a sus empresas.
En el Gobierno escuchan a diario estas
preocupaciones, pero dicen que nada pueden hacer al respecto, “como quedó claro
esta semana” en relación con lo que consideran la injusta indagatoria de
Bonadio a los Macri.
No es lo que cree Pichetto. El último martes, en el marco de la presentación
en el Congreso de Periodismo y verdad, el libro de Fontevecchia,
el senador declaró: “La Justicia debe actuar, pero los gobernantes tienen
que cuidar los efectos colaterales, impedir la trasnacionalización de las
empresas, evitar que se pierdan, ayudarlas con financiamiento”. Luego
recordó que el "Mani Pulite hizo que Italia pasara de quinta
potencia al lugar 39°; y con el Lava Jato se perdieron 5 puntos de PBI".
Lo que viene. Las dos cosas
pueden ser ciertas. El Gobierno puede no tener nada que hacer con las
causas judiciales y esas causas pueden ocasionar efectos, al menos momentáneos,
muy dañinos no solo para los involucrados, sino también para el Gobierno y
la economía del país.
Pero se supone que la especialidad de los políticos
es intentar desenhebrar la complejidad de la realidad, no solo ser sus
relatores.
En este caso, si ni los gobernantes ni los legisladores hallan el equilibrio entre dos necesidades, la de justicia y la de acotar los “daños colaterales”, quizá sea la Sala I de la Cámara Federal la que aporte un principio de solución.
Sus titulares, Leopoldo Bruglia y Pablo
Bertuzzi, se aprestan a fallar antes del 31 de diciembre sobre las apelaciones
en la causa de los cuadernos.
En su sentencia, no se dispondrían a avalar la
teoría empresaria del “yo también fui extorsionado”, pero limitarían la
figura de asociación ilícita a un puñado de funcionarios, como De
Vido, Uberti y tal vez la ex Presidenta, más algunos empresarios, como
el ex jefe de la Construcción.
Al resto de los empresarios les cabría la figura de
cohecho (descartarían la de dádivas) mientras que para otros ex funcionarios
les imputarían “incumplimiento de los deberes” o, la más grave, “defraudación
en perjuicio de la administración pública”, en el caso de coimas recibidas sin
realización de obras.
Saben que aceptar hoy la doctrina Rocca
sería sobreseerlos y eso parece imposible, tanto desde lo jurídico
como desde lo social.
¿La salida? En el Gobierno siguen de cerca la posibilidad de
que la lógica judicial coincida con las necesidades políticas del país.
Con la figura de cohecho, ven más cerca la
posibilidad de que se generen acuerdos judiciales. Piensan en una probation y
estudian casos similares en el mundo que incluyen el pago de una multa
millonaria al Estado, el establecimiento de reglas de transparencia
(compliance) y trabajo comunitario. Y, en especial, incluye no ir preso.
Un premio mayor frente a tanta corrupción conocida
no solo durante el kirchnerismo.
Pero en un año electoral hay quienes se ilusionan
en que recuperar por primera vez el dinero de la corrupción sume
institucionalidad y, también, votos. Además de descomprimir el riesgo económico
del Cuadernogate.
El problema es que, a diferencia de otros
países, en la Argentina la probation no significa reconocer el delito.
Pero si los empresarios involucrados no
reconocen que pagaron coimas y hacen un mea culpa público por ello, todo lo
demás perderá sentido.
Y ellos perderán la oportunidad de reconciliarse
con la sociedad.
©
Perfil.com
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