Expertos de la OEA
documentaron asesinatos, torturas y agresiones sexuales por parte del régimen
sandinista.
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| Daniel Ortega |
Nicaragua - Solo
unas horas antes de que el equipo de la Organización de Estados Americanos
(OEA) presentara su informe sobre la situación en Nicaragua, el Gobierno de
Daniel Ortega le dio 24 horas para que abandonara el país. Después de seis
meses de trabajo las conclusiones conocidas no han gustado al régimen que
impidió su presentación en suelo centroamericano a quien acusa directamente de
coordinar la represión.
Según el informe, la policía abrió fuego de forma
sistemática contra la población y ha puesto en marcha una ola represiva que han
incluido torturas y agresiones sexuales en las cárceles que deben ser juzgados
como "crímenes de lesa humanidad".
“El ejercicio de violencia por parte del Estado no consistió
en actos aislados, sino que fue llevado a cabo de manera organizada y en
distintos momentos y lugares del país (…) no se trató de eventos que se
expliquen por la decisión individual de uno o más agentes policiales (…) sino
que se trató de una política de represión impulsada y avalada por la máxima
autoridad del Estado”, señala el informe.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) pudo determinar que la mayoría de los asesinatos y lesiones graves son
responsabilidad de la Policía Nacional, cuyos efectivos actuaron directamente y
también de manera coordinada con grupos armados paraestatales.
Para el GIEI “se desprende que el Estado de Nicaragua ha
llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben
considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación
arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”.
La publicación del informe, cuya presentación estaba
prevista para el pasado jueves en Managua, se realizó finalmente este viernes
en Washington. Para realizar su informe el GIEI trabajó durante seis meses en
Nicaragua. Entrevistaron a las víctimas de la represión, las familias afectadas
y testigos de los hechos violentos. Explicaron que también conversaron con
activistas de organizaciones de derechos humanos y revisaron miles de
documentos, además de mantener consultas con expertos internacionales.
Los expertos, entre quienes están Claudia Paz y Paz o
Amérigo Incalcaterra, señalan que el surgimiento de las protestas en abril no
fue producto de acontecimientos aislados sino de años de prácticas que fueron
coartando libertades, cooptando instituciones públicas y concentrando el poder
en Daniel Ortega y Rosario Murillo su esposa y vicepresidenta. “Ello fue
generando y acumulando un descontento social que se manifestó a través de los
años en diferentes expresiones sociales que fueron reprimidas en forma violenta
por la Policía Nacional y los grupos de choque”, señala
En el informe describe incluso la “metodología de la
agresión” aplicada por los grupos violentos afines al gobierno contra los
manifestantes y la colaboración policial. “La Policía Nacional interviene
controlando la zona, haciendo cordones, desviando el tránsito, usando gases
lacrimógenos, sin encabezar directamente la agresión, pero dejando que
sucedan”. Los expertos señalan que cuando fracasó “el método tradicional de
represión” y aumentaron las manifestaciones, el Estado comenzó una etapa más
represiva y violenta caracterizada por el uso desproporcionado e indiscriminado
de armas de fuego “que se dirigieron directamente contra los manifestantes”.
La ola violenta dejó al menos 109 muertos, más de 1.400
heridos y 690 detenidos, entre el 18 de abril y el 30 de mayo. La gran mayoría
de las muertes que se dieron en esos 42 días fueron por disparo de arma de
fuego durante cargas policiales y de grupos paraestatales.
La estrategia represora no se limitó a la policía e incluyó
torturas y agresiones sexuales en las cárceles, manipulación judicial y hasta
despidos en centros de salud que atendieron a los jóvenes heridos. “El sistema
de justicia penal -Ministerio Público y Poder Judicial- ha actuado como una
pieza más del esquema de violación. De las 109 muertes violentas, 100 no han
sido siquiera judicializadas, es decir, se encuentran en impunidad. En los
nueve casos que han sido judicializados, seis corresponden a víctimas que
tienen alguna relación con el Estado de Nicaragua o con el partido de gobierno.
Sobre los centros médicos, el informe señala que numerosos médicos que
atendieron a los heridos fueron despedidos de sus puestos de trabajo y “hasta
incluso tuvieron que irse del país por temor a sufrir represalias”.
La embestida callejera estuvo acompañada de una campaña de
criminalización de las víctimas y el gobierno sostuvo un encendido discurso de
construcción de un enemigo y de descalificación de los manifestantes que fueron
presentados como jóvenes manipulados, vandálicos, golpistas, terroristas”,
señala el informe.
Para el GIEI, las conductas de Daniel Ortega, Rosario
Murillo y algunos ministros y jefes policiales deben considerarse crímenes de
lesa humanidad y ninguno de los señalados debería alcanzar nunca una amnistía.
El GIEI recomienda que se investigue la responsabilidad en los hechos del
Presidente Daniel Ortega como Jefe Supremo de la Policía, así como la
exdirectora policial, Aminta Granera y el actual director, el comisionado
general Francisco Díaz, quien además ha sido sancionado por Estados Unidos por
su participación en la represión de las manifestaciones. Los expertos de la OEA
instan al Gobierno a ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, "con la finalidad de garantizar que los delitos de lesa
humanidad no queden en la impunidad y como garantía de no repetición".
Por su parte, el Gobierno sandinista argumentó que la CIDH,
el GIEI y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (Oacnudh) son una "plataforma de divulgación de
información falsa para promover en el ámbito internacional sanciones en contra
de nuestro país", señaló el canciller Denis Moncada. En la misma también acusó
al Secretario General de la OEA Luis Almagro de participar "en la escalada
criminal, injerencista, promoviendo acciones terroristas en el orden político,
económico y militar que viola los derechos humanos del pueblo
nicaragüense". Las intervenciones de Almagro "demuestran que las
acciones realizadas por los organismos de la OEA y la ONU responden a la
estrategia de asfixiar al pueblo de Nicaragua", denunció Moncada.
Informe: Agencias y Agensur.info
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