Por Fernando Laborda
Si el aumento del costo de vida de noviembre que dio a
conocer ayer el Indec hubiera arrojado un 2,7%, nadie se habría sorprendido. De
hecho, funcionarios gubernamentales esperaban una inflación inferior al 3% y
varias consultoras privadas pronosticaban un número más cercano al 2,5% que al
finalmente informado por el organismo oficial: 3,2 por ciento.
El consuelo es que no deja de ser un indicador de que las
estadísticas oficiales de inflación ya no se manipulan como se lo hacía durante
la era kirchnerista, con aquel Indec desmantelado e intervenido por el inefable
Guillermo Moreno.
No es novedad que la economía no le sonría al gobierno de
Mauricio Macri y que se siga burlando de sus alegres previsiones trazadas hace
un año. La inflación de 2018 culminará con una suba cercana al 48%, más del triple
de la meta estimada por las autoridades nacionales en el proyecto original de
presupuesto, que era del 15 por ciento.
Más negativo aún resulta el dato sobre el nivel de pobreza
del tercer trimestre de este año, difundido por la Universidad Católica Argentina
(UCA). El 33,6% de pobres, equivalente a unos 13,6 millones de argentinos,
representa el mayor valor de la última década. Y lo peor es que, para regocijo
de la oposición, este guarismo exhibe más que nunca al presidente de la Nación
como esclavo de sus propias palabras. No sólo por su anunciada meta de
"pobreza cero", hoy tan alejada de la realidad, como por su propuesta
pública de que su gestión fuese evaluada, al concluir su mandato, en función de
la evolución del porcentaje de pobres en la Argentina.
Sobran las razones para que el Gobierno abandone la práctica
de hacer pronósticos económicos. Aunque varios funcionarios lo piensen, ninguno
de ellos se animaría a decir hoy que las cosas estarán mejor en el segundo
semestre de 2019.
Por ahora, lo único positivo es que la inflación de
noviembre (3,2%) ha sido la mitad de la registrada en septiembre (6,5%) y que
todos los economistas esperan que la de diciembre sea menor a la del mes
anterior y que el aumento del costo de vida tienda a disminuir en los próximos
meses, para ubicarse en torno del 25 al 30 por ciento anual en 2019.
Pero en un año electoral, la preocupación mayor del
oficialismo pasa por la caída que experimenta el consumo y por cuándo se dejará
atrás el actual escenario recesivo. Más allá del lógico crecimiento que tendrá
el turismo local durante el verano, difícilmente la economía muestre un aumento
de la actividad económica en el primer trimestre del año por una razón básica:
como los primeros tres meses de 2018 exhibieron los más elevados niveles de
actividad, resultará imposible mostrar una mejora sobre esos números en el
próximo trimestre. Recién en abril o mayo podrían verse guarismos positivos, de
la mano de una buena cosecha. No obstante, esa mejora tardaría algo más en
llegar al bolsillo de la gente.
La prudencia de las proyecciones económicas se traslada a
las declaraciones de algunos funcionarios, como el presidente del Banco Central,
Guido Sandleris, quien días atrás afirmó: "Estamos avanzando en la
dirección correcta, aunque todavía tendremos que transitar algunos meses
difíciles". O como el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien recalcó
que "se están construyendo las bases para iniciar un proceso de
crecimiento sostenido".
Con suerte, la economía argentina podría llegar a crecer
hasta un 0,5% el año que viene, aunque la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) aventura una caída del 1,9% y la agencia Moody's,
una baja del 1,5 por ciento.
Hay, sin embargo, algo que inquieta más todavía a operadores
económicos y a funcionarios, que es el nivel del riesgo país, que hoy se ubica
en torno de los 750 puntos y se aproxima al máximo de 783 puntos alcanzado en
septiembre, en medio de la turbulencia del dólar.
En el gobierno de Macri se tiende a explicar la suba del
riesgo país (nivel de tasa de interés que paga la Argentina por sobre la tasa
que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos) por la incertidumbre
política, a partir del temor de los inversores de que Cristina Kirchner pueda
ganar las próximas elecciones presidenciales y se abra paso a un retorno de las
políticas populistas.
Si bien la incertidumbre electoral y el miedo a Cristina
puede ser fuente de ese proceso de desconfianza, distintos informes privados de
economistas consideran que las mayores dudas provienen de la capacidad de pago
de la deuda pública. Y señalan que si bien el cronograma de pagos estaría
cubierto para todo 2019, merced al aporte del FMI, el año 2020 genera una
incógnita. Quienes no están convencidos de que el país contará con los recursos
para hacer frente a su deuda después de los comicios presidenciales se están
anticipando y deshaciéndose de activos argentinos, un proceso que podría
profundizarse en la medida que crezca el misterio electoral.
© La Nación
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