La iniciativa
ingresará por Diputados como reedición de
un texto de 2016 que perdió estado
parlamentario.
Nacionales - Tras
la escandalosa suspensión de la final de la Copa Libertadores de América entre
River Plate y Boca Juniors, el Gobierno buscó una salida y anunció que volverá
a impulsar en el Congreso el debate sobre el combate a las barrabravas.
Será a
través de un proyecto que enviará el Poder Ejecutivo en las próximas horas, a
modo de reedición de un texto que ingresó en 2016 y en el mes de febrero perdió
estado parlamentario.
La iniciativa ingresará por la Cámara de Diputados, según
confirmó ante parlamentario.com el
presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. Cambiemos buscará agilizar
el debate, que podría arrancar la primera semana de diciembre -posiblemente el
jueves 6-, una vez que el presidente Mauricio Macri oficialice la convocatoria
a sesiones extraordinarias.
El viejo proyecto del Ejecutivo ingresó al Senado el 10 de
agosto de 2016, y dos meses después la ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich, brindó detalles en una reunión informativa de las comisiones de
Justicia y Asuntos Penales; Seguridad Interior y Narcotráfico; y Deporte. Sin
embargo, el tema nunca volvió a discutirse.
“Fue un proyecto que no activaron mucho. No se planteó como
un eje central”, recordó el jefe del interbloque peronista, Miguel Pichetto, en
diálogo con la prensa acreditada. Y agregó: “Es un tema que tiene que ver con
la seguridad interior, con las organizaciones delictivas y con la ineficacia
policial. No es un tema de estatutos deportivos o de buena conducta en las
canchas”.
El titular del bloque Justicialista insistió: “Si le quieren
echar la culpa al Congreso, háganlo, pero el problema es mucho más complejo.
Destruimos a la Policía Federal para crear una Policía de menor cuantía… si
gana la Argentina narco, estamos liquidados como sociedad, transitando un largo
desfiladero hacia la decadencia”.
El texto que perdió vigencia en el Senado, de 26 artículos,
instrumenta un régimen penal especial para espectáculos futbolísticos. “Nuestro
objetivo es desfinanciar a las barrabravas y desarticular sus negocios
ilícitos, los cuales se nutren de este deporte”, había asegurado la ministra
Bullrich durante la presentación.
Uno de los puntos principales es que será el Estado el que
maneje el derecho de admisión, en lugar de los clubes. Además, se establecen
penas de prisión de entre dos y ocho años para quienes cometan un delito
agrupados bajo la forma de barrabravas -grupos de tres personas o más que
cometan delitos vinculados al espectáculo deportivo-.
Para “los fundadores, cabecillas, jefes, organizadores o
quienes hayan contribuido a la financiación de dichos grupos y para todo aquel
que, interviniendo de cualquier otro modo obtuviere provecho o utilidad
personal o económica producto de la actividad del grupo”, el mínimo de la pena
será de cuatro años de prisión.
A su vez se propende al desfinanciamiento de los
barrabravas, se incrementan las penas y se tipifican nuevos delitos, como la
reventa de entradas -sancionada con prisión de un mes a un año- y la venta de
entradas falsas -con prisión de dos a ocho años-.
Aquel que permita el ingreso al estadio de personas sin la
correspondiente entrada o la debida acreditación será reprimido, de acuerdo al
proyecto que volverá a enviar el Ejecutivo, con prisión de uno a seis meses; y
si se facilita el ingreso de barrabravas, la pena será de seis meses a dos años
de prisión.
Por otra parte, debido a la connivencia que existe entre los
dirigentes de los clubes de fútbol y los integrantes de las barras, dichas
instituciones serán sancionadas mediante la aplicación de una multa en caso de
detectarse este tipo de actividades ilícitas. Asimismo, habrá una
inhabilitación a funcionarios por el doble de tiempo de la condena penal para
ejercer cargos públicos.
Se incorporarán además algunas figuras, como el juicio
abreviado hasta el momento de la acusación; y la figura del arrepentido, con la
cual el imputado podrá acceder a beneficios procesales si brinda información
veraz y colabora con la investigación.
Otro tema tiene que ver con los cuidacoches o “trapitos”
diseminados en las inmediaciones del estadio: el proyecto que el Gobierno
impulsó en 2016 proponía prisión de uno a seis meses.
Informe:
Parlamentario.com
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