Los aportes serán
bancarizados y con un tope del 5%
de los gastos permitidos en la campaña.
Espacios en
medios audiovisuales.
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| El proyecto de financiamiento de los partidos políticos ya tiene dictamen de comisión en el Senado y podría tratarse antes de fin de año. |
Nacionales - El
proyecto de financiamiento de los partidos políticos que avanza en el Senado
habilita los aportes de personas físicas y jurídicas -con un tope del 5% de los
gastos permitidos para esa campaña-; obliga a entregar el dinero mediante
transferencia bancaria; y reduce a la mitad el tiempo de programación de los
medios de comunicación destinado a mensajes proselitistas.
Esas son algunas de las principales claves de la iniciativa
que terminaron de consensuar Cambiemos y el interbloque peronista Argentina
Federal. El dictamen fue pasado a la firma en un plenario de las comisiones de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, y el debate podría llegar al
recinto antes de fin de año.
El texto acordado consta de 42 artículos y tomó como base
una propuesta del jefe del bloque radical, Ángel Rozas, que recibió aportes de
senadores de otros espacios y de los especialistas que desfilaron por el
plenario. Para el tratamiento en el recinto no hay demasiado margen: el proyecto
podría tratarse el miércoles 21 o a lo sumo el 28, ya que el 30 culmina el
período ordinario.
La redacción acordada establece un modelo mixto, por el cual
los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento
público y privado para sus campañas electorales. Se mantienen las prohibiciones
contempladas en la ley actual: no podrán aportar sindicatos; empresas
concesionarias o contratistas de Nación o provincias; empresas de juegos de
azar o extranjeras sin domicilio o residencia en el país, entre otros casos.
El proyecto además fija como monto máximo de aportes
permitidos para el desenvolvimiento institucional anual de los partidos el 5%
que surja de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de
electores registrados al 31 de diciembre del año anterior.
Otro aspecto vital es que los aportes en dinero deberán ser
efectuados únicamente mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de
crédito o débito, o plataformas y aplicativos digitales siempre que éstos
permitan la identificación fehaciente del donante y la trazabilidad del aporte.
Si la agrupación política recibe contribuciones prohibidas o que excedan el
monto máximo, deberá rechazarlas y revertir la operación dentro de los diez
días hábiles.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) deberá crear un “Registro
de Trazabilidad de Aportes a Agrupaciones Políticas”, que estará disponible
online, donde los partidos tendrán que registrar los aportes privados, en el
término de siete días hábiles desde la recepción del dinero en la cuenta
bancaria.
Por otra parte, en cuanto a los dos responsables
económico-financieros que debe tener cada agrupación al momento de presentarse
para competir en la elección, si indica que uno de ellos deberá ser autoridad
partidaria, y el otro deberá contar con matricula profesional vigente de
contador público.
En cuanto a la publicidad audiovisual, los medios de
comunicación deberán ceder el 5% del tiempo total de programación para fines
electorales. Actualmente se cede el 10%, por lo que, en consecuencia, si se
sanciona la ley habrá menos spots televisivos y radiales a partir del año que
viene.
Desde ocho días antes de la elección y hasta tres horas
después del cierre -esto último fue un agregado a la ley vigente-, ningún medio
de comunicación podrá publicar resultados de encuestas de opinión o pronósticos
electorales. La novedad en este punto es que aquellos medios que incumplan con
esta disposición podrán ser sancionados con multas que van del 0,1% al 10% de
la facturación de publicidad obtenida en el mes anterior a la comisión del
hecho.
En el mismo sentido, las encuestadoras que cometan esta
irregularidad podrán recibir un llamado de atención; apercibimiento; multas que
van de 500 mil a 5 millones de pesos; suspensión o cancelación de la
inscripción en el registro.
Se crea a su vez un “Registro de Proveedores de Publicidad
en Vía Pública para Campaña”, que funcionará también bajo la órbita de la CNE.
Las agrupaciones sólo podrán contratar la provisión de estos espacios con los
proveedores que se hayan inscripto en este listado.
En otro orden, los partidos políticos que demoren hasta 30
días en presentar sus estados contables anuales y sus informes finales de
campaña serán sancionadas con una multa equivalente al 10% de los aportes
públicos para desenvolvimiento institucional del año siguiente a su
determinación. Esta multa se duplicará si la demora se extiende a los 90 días,
y si transcurre ese último plazo, el juez podrá disponer la suspensión cautelar
de todos los aportes públicos.
El proyecto que trata el Senado también establece que la
Justicia Nacional Electoral podrá requerir la información que necesite a la
UIF, el Banco Central, la AFIP, la ANSES; la PROCELAC, la Oficina
Anticorrupción y todo otro organismo público que sea solicitado.
¿Cuándo iniciará la campaña electoral? Según la regulación
actual, empieza a los 35 días antes de la fecha del comicio, pero ahora será
con la oficialización de la lista de candidatos ante la Justicia Electoral, y
finalizará -como ocurre hoy- 48 horas antes del proceso. Esta modificación se
plasmará en el Código Electoral Nacional.
Otro cambio en ese sentido tiene que ver con la veda en los
medios de comunicación para spots audiovisuales: actualmente rige desde los 25
días previos a la elección, un plazo que se ampliará a 35. Si se emite un aviso
fuera de tiempo, el juzgado federal con competencia electoral tendrá que
disponer su cese inmediato.
En cuanto a “la realización de actos inaugurales de obras
públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de
alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que
pueda promover la captación del sufragio”, quedará prohibida desde los 25 días
anteriores al comicio -hoy son 15 días-.
Otra reforma tiene que ver con las sanciones a funcionarios.
Se impondrá prisión de uno a tres años e inhabilitación a quien amenace a sus
subordinados con votar o no votar a determinado candidato o partido; y a aquel
que “condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de
programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias,
autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en
el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un
precandidato, lista interna, candidato o agrupación política”.
Del mismo modo, será reprimido con prisión de seis meses a
tres años e inhabilitación quien “ofreciere, prometiere o entregare dinero o
cualquier otra dádiva, favor, promesa o ventaja patrimonial a cambio de
conseguir que el elector vote de determinada manera, en elecciones primarias,
generales o internas de los partidos políticos”.
Por último, el proyecto consensuado en la Cámara alta crea
ocho cargos de auditores, con categoría presupuestaria de prosecretario
administrativo, que se desempeñarán en el Cuerpo de Auditores Contadores de la
CNE.
Informe:
Parlamentario.com
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