La Corte
Internacional de Justicia de La Haya señala que “ninguno de los acuerdos o
tratados firmados por ambos países” implica la obligación de un nuevo pacto.
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| Una mujer boliviana, este lunes frente a la Corte Internacional de Justicia, en La Haya. (Foto/Reuters) |
Chile / Bolivia -
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, ha fallado este
lunes a favor de Chile en la demanda interpuesta por Bolivia en busca de lograr
una salida al mar. El presidente del tribunal, el somalí Abdulqawi Ahmed Yusuf,
ha anunciado que Santiago no tiene la obligación de negociar con La Paz un
acceso soberano al océano Pacífico.
Bolivia quería poner fin a lo que denomina
“la dependencia y sobrecostes logísticos” en los que incurre para importar y
exportar sus productos a través de los puertos chilenos. Pero los jueces, por
12 votos a favor y 3 en contra, han fallado que Santiago “no está jurídicamente
obligado a hacerlo, porque ninguno de los acuerdos o tratados firmados por
ambos países a lo largo de los años así lo indica; tampoco lo indican otras
resoluciones internacionales”, según ha dicho Yusuf.
Ambas partes, sin embargo, han sido animadas “a continuar
dialogando en busca de una solución”. El litigio llegó a la CIJ en 2013, cuando
Bolivia demandó a Chile para recuperar una salida al océano. No pedía con ello
la devolución de una parte del territorio perdido en la Guerra del Pacífico
(1879-1884), sino desbloquear el “tapón” geográfico creado entonces, refrendado
con la firma del tratado de paz de 1904. El caso había creado gran expectación
en ambos países e inundado las redes sociales en Bolivia. Ello se debe, en
parte, al optimismo mostrado en todo momento por el presidente, Evo Morales. El
mandatario había dado las gracias “al pueblo (...) porque siempre permaneció
unido”, según dijo, poco antes de la lectura del fallo. Chile prefirió la cautela.
“Hemos escuchado demasiadas cosas del presidente Morales. Escuchemos a los
jueces”, fue la respuesta oficial antes del anuncio del tribunal.
Bolivia y Paraguay son los únicos países de América Latina
sin salida al mar. La Paz la perdió en la Guerra del Pacífico, que la enfrentó,
junto con Perú, a Chile. Desde entonces, según los historiadores, Bolivia fue
privada de 400 kilómetros de costa y unos 120.000 kilómetros cuadrados de
territorio. Aunque el país dispone de libre tránsito de personas y mercancías
para llegar al océano, desde la firma del tratado de 1904 ha intentado revisar
dicho acuerdo repetidas veces. Las autoridades bolivianas reclaman un acceso
soberano al mar, no un mero derecho de paso.
Lo novedoso de este caso es que no pidieron al tribunal de
La Haya la devolución de territorios, ni la reforma del tratado existente.
Esperaban que sancionara la obligación de Chile de negociar el diferendo “de
buena fe, por vulneración de las promesas en ese sentido hechas por Chile, que
parece sufrir amnesia colectiva”, en palabras de la jurista francesa Monique
Chemillier, representante boliviana ante la CIJ.
Morales ha considerado “política de Estado” demandar a Chile
porque su Constitución califica el mar como “patrimonio de la humanidad”. Sin
olvidar la enorme riqueza pesquera a esa altura del Pacífico. Ante ello, Chile
había asegurado ante la corte que “Bolivia ha ignorado el contexto de la Guerra
del Pacífico y la CIJ no es un tribunal de historia, sino de derecho”.
El caso se puso en marcha en
2015, cuando los jueces internacionales se declararon competentes.
Durante las audiencias, en 2018, Claudio Grossman, el representante chileno,
dijo que su país “ha conversado y seguirá conversando con Bolivia, pero el
territorio chileno y su soberanía no están sujetos a conversación”. Roberto
Ampuero, ministro de Exteriores chileno, añadió entonces que Bolivia “busca
victimizarse y presenta argumentos distorsionados”. La Paz, según indicó,
“ejerce como ningún otro país el acceso a los puertos chilenos del Pacífico”.
“Bolivia tiene plena autonomía aduanera en los puertos
chilenos de Arica y Antofagasta y tiene el derecho a mantener mercancía en
tránsito por 12 meses, con almacenamiento sin costo para sus importaciones. Y
60 días de almacenamiento gratuito para sus exportaciones, franquicias que no
extienden a ningún otro país, ni a los propios empresarios chilenos”, reza el
libro Vocación de paz. La política exterior de Chile, de la cancillería
chilena.
En 2013 La Paz pidió a la CIJ “que obligue a Santiago a
negociar de buena fe un acuerdo pronto y efectivo”, para que la primera
recupere su salida marítima. Evo Morales, que se ha implicado personalmente,
presentó en 2014 la memoria de la demanda. La corte escuchó al año siguiente
las alegaciones de ambas partes. Era el paso previo para decidir si tenía
competencia en el caso.
La CIJ dirime litigios entre Estados, en su mayoría
fronterizos, y demandantes y demandados aceptan de entrada la decisión que
pueda adoptarse. Pero la jurisdicción puede ser contestada y eso hizo Chile
hace tres años. En opinión de Santiago, no hacía falta abordar la cuestión
“porque no existe un derecho que pueda calificarse de expectaticio y genere obligaciones legales”. Es decir, rechazaba
los argumentos bolivianos, centrados en “las expectativas generadas en las
conversaciones mantenidas por ambos países a lo largo del tiempo de que
acabaría pactándose una solución”. Morales lo llama así, “derecho expectaticio”, y aunque es una figura
legal poco frecuente, consideró que valía para que la CIJ obligue a su vecino a
pactar.
Informe: El País
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