Por Fernando Laborda
Al igual que en diciembre último, durante las violentas
protestas contra la reforma previsional, sectores de la oposición intentaron
anteayer impedir que el Congreso sesionara, sembrando el caos en las calles
adyacentes al Palacio Legislativo. No fue otra cosa que un intento por
obstaculizar el funcionamiento de las instituciones de la República y, de paso,
acrecentar la imagen de vulnerabilidad del gobierno de Mauricio Macri y poner
en jaque su capacidad para garantizar la gobernabilidad.
Esta vez, los grupos rebeldes no lograron su objetivo. Por
el contrario, aunque no sin dificultades, la Cámara de Diputados pudo sesionar
y dio media sanción al proyecto de presupuesto 2019, consensuado básicamente
entre el oficialismo y los gobernadores provinciales. La violencia callejera
solo sirvió para volver a poner en evidencia metodologías de protesta que la
sociedad rechaza mayoritariamente y para que se prestara más atención a los
graves incidentes y al lamentable estado en que quedó un espacio público que a
las supuestas falencias del presupuesto que los promotores de la movilización
querían poner de manifiesto.
Diez meses atrás, los adalides del desorden público, entre
los que convergieron, como anteayer, kirchneristas y trotskistas, tuvieron más
éxito. Lograron frustrar una sesión legislativa donde debía tratarse la
modificación de la fórmula para la movilidad del haber jubilatorio y dejaron al
desnudo discrepancias entre los propios miembros de la coalición oficialista
Cambiemos. El Gobierno debió replantear su estrategia y acceder a negociar
cambios en su iniciativa previsional.
Por aquel entonces se acusó al Gobierno de pretender obtener
un ahorro fiscal a costa de los jubilados. Pocos saben que, paradójicamente, si
se hubiese impuesto la propuesta original del gobierno macrista, los jubilados
y pensionados hubiesen recibido mayores aumentos en sus haberes que los que
terminarán consiguiendo al cabo de este año.
La explicación de este fenómeno es bastante sencillo. Hasta
diciembre de 2017, las jubilaciones se actualizaban semestralmente en función
de dos parámetros: el incremento de los recursos de la Anses y los aumentos
salariales de los trabajadores del sector formal. Con esa fórmula de ajuste, en
2016, los aumentos jubilatorios crecieron el 31,7% contra una inflación anual
del 41%, por lo que perdieron casi diez puntos de poder adquisitivo. Pero en
2017 se incrementaron el 28% frente a una inflación del 24,4%, por lo que
mejoraron 3,2 puntos en términos reales.
A fines de 2017, el Gobierno, imaginando que la inflación en
2018 iba a rondar solo el 15%, propuso que los haberes jubilatorios se
ajustaran trimestralmente en función del aumento inflacionario medido por el
Indec.
Toda la oposición y hasta sectores del propio oficialismo
pusieron el grito en el cielo, pensando que ajustar en adelante los haberes
jubilatorios por inflación era una estafa para la llamada clase pasiva.
Fue así como, cediendo a las presiones políticas y de la
calle, el Gobierno aceptó una nueva fórmula de movilidad jubilatoria basada en
un 70% en la inflación medida por el Indec y en un 30% en la variación de los
salarios.
Hoy la dura realidad indica que ni la inflación será al cabo
de este año del 15%, como el Gobierno y muchos otros estimaban un año atrás,
sino que terminará rondando el 45%. Y también señala que el promedio de los
aumentos salariales estará cerca del aumento del costo de vida. En conclusión:
la intervención de la oposición terminó perjudicando a quienes decía defender.
En lo que va de 2018, las jubilaciones experimentaron un incremento del 19%, en
tanto que la inflación acumulada desde enero hasta septiembre ha sido del
32,4%.
No fue la única vez que el gobierno de Macri se dejó llevar
por cantos de sirena opositores con malos resultados. Por influjo del massismo
y de otros sectores, el oficialismo convalidó una iniciativa para imponer el
impuesto a la renta financiera. Tal norma desató desde abril último una huida
de capitales extranjeros de los activos argentinos, además de una suba del
dólar, y comenzó a ser aplicada justo cuando se consolidó la tendencia hacia la
suba de las tasas de interés internacionales, hecho que golpeó a las economías
emergentes, y mucho más a la Argentina.
Recientemente, el propio Macri hizo suya una iniciativa de
la oposición para regular el mercado de alquileres, con el aparente propósito
de proteger a los inquilinos. El proyecto desató toda clase de advertencias por
parte de agentes inmobiliarios y economistas acerca de la posibilidad de que
termine provocando, como en otros tiempos, una retracción de la oferta de
viviendas en locación y espantando a inversores que construyen y adquieren
inmuebles para renta, y una consecuente suba de los precios de los alquileres.
Tal vez Macri debería ser más selectivo a la hora de
escuchar las ideas de sus opositores.
© La Nación
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