Por Gustavo González |
Es una visión exculpadora que conviene a todos, en
especial a los que de alguna manera fueron parte del problema y hoy pasan desapercibidos.
Empresarios. En las
transacciones en las que el Estado kirchnerista participó, los retornos
eran la norma. Las cajas principales fueron Vialidad, Energía, Obras
Públicas y Transporte. A lo que se agregaba la
recaudación para las campañas políticas y los negocios con Venezuela(compra
de combustible, manejos con el dólar paralelo venezolano y aprietes a empresas
de ambos países).
Quienes hicieron negocios con esa administración
entregaron algún tipo de contraprestación para seguir operando. Si los
retornos fueron la norma, quienes no los pagaban fueron la excepción.
Que hasta ahora hayan aparecido unos pocos
empresarios es apenas porque esto recién comienza.
Además, los que ya se arrepintieron y los que lo
harán derramarán con sus declaraciones no solo hacia el Estado
nacional, sino también hacia las provincias y municipios. Ya está sucediendo. Porque allí el
mecanismo de la corrupción fue el mismo, aunque a distinta escala. En algunos
casos se repetirán los protagonistas del escándalo nacional, pero aparecerán otros empresarios que en los distritos tuvieron un rol
central.
En las cámaras sectoriales relacionadas con
aquellos rubros, esperan con angustia estas repercusiones. Entienden
que el camino del arrepentimiento que tomaron sus colegas seguirá siendo el
modo de escapar a la cárcel. Ninguno allí desconocía lo que pasaba,
aunque haya grados distintos de responsabilidad.
Esta megacausa no solo incluirá
responsabilidades durante la década ganada. Lo hará hacia atrás y
hacia adelante en el tiempo y afectará a empresas que crecieron con
ese mecanismo mucho antes de Néstor
Kirchner. Los empresarios y CEOs que hoy están en el Gobierno
conocen la historia. Aunque sea por haberla escuchado cuando eran más
jóvenes...
Políticos. La coima como método de recaudación
tanto personal como política tampoco nació con el kirchnerismo y
quizás no termine junto a él. Ya estaba presente con los militares. Y
con el menemismo. El enriquecimiento de sus funcionarios sucedió con
las mayores privatizaciones de la historia. Las comisiones que pedían a las
empresas parecían insólitas porque eran del 20%. Pero resultaron similares a
las de la era K.
Tampoco los radicales fueron ajenos a la
corrupción. Durante aquellas privatizaciones, la aprobación de leyes estaba
tarifada en el Congreso, y quienes cobraban también eran radicales. De
la gestión De la Rúa se hizo famosa la Ley Banelco,
por aquella legislación laboral que intentó ser votada a través de sobornos.
Hubo un arrepentido, el secretario
parlamentario Mario Pontaquarto, y una causa en la que todos fueron
absueltos con fallo en firme de la Cámara Federal.
Incluso Cambiemos ya tiene su investigación judicial vinculada a los aportantes
truchos de sus campañas. Otra forma de resolver en negro el
financiamiento de la política que a los políticos no les conviene resolver en
blanco.
Con la razón de financiar a la política (“robar
para la Corona”) o la motivación del enriquecimiento personal, o las dos
cosas, los dirigentes argentinos conocen el método y lo aceptan en off
the record. Si los llamaran a declarar, podrían argumentar que no
estuvieron implicados, pero no que ignoraban lo que pasaba.
En especial si fueron funcionarios de alto nivel de
la administración anterior o tuvieron cargos relevantes en provincias y
municipios.
Jueces y fiscales. La comprobación
final de una corrupción K que fue denunciada desde el principio por pocos
medios y algunos dirigentes como Carrió o Stolbizer evidencia
lo que fue la complicidad judicial, similar a la que aconteció durante
la dictadura y el menemismo.
Con el kirchnerismo, se repitieron procedimientos
vergonzosos. Desestimaban denuncias, las cajoneaban o las cerraban en
tiempo récord, e inventaban causas a pedido del Ejecutivo para perseguir a los
críticos o para espiarlos con coartada legal.
El reconocimiento parcial de esa trama de parte del ex juez Oyarbide es la punta del iceberg de lo que vendrá. Y
que ya sean tres los jueces que se excusaron de intervenir en la secuela
Oyarbide de los cuadernos indica lo difícil de que la Justicia Federal se
autodepure.
Uno de los últimos magistrados en arribar a ese
fuero lo reconoce: “Cuando llegué me aclararon que hay tres tipos de
jueces: los honestos y de carrera, los que ‘mejicanean’ y los ‘talibanes’
(militantes políticos antes que magistrados)”. Este juez usa el término
“mejicanear” como sinónimo de estafar. Y arriesga, con pesar, que comprobó que
la mayoría son deshonestos o militantes.
Puede resultar sanador y un signo de madurez social
abandonar la mirada simplificadora de que todo se reduce a un puñado de malos y
corruptos que traicionaron nuestra buena fe.
Periodistas. Aquellos jueces y
fiscales que no cumplieron con su función no solo tienen a favor la complicidad
de sus respectivos fueros. También los protegieron periodistas y medios
que conocen y no informan sobre las motivaciones extrajudiciales. Hay
dos razones para esa mala praxis.
Una es la necesidad de seguir recibiendo
información caliente de esos juzgados. En Tribunales saben castigar a
quienes critican con el cierre absoluto de las fuentes.
El segundo motivo es privilegiar la demolición del
kirchnerismo frente a cualquier otro mal. El objetivo de ese periodismo
es destruir políticamente a Cristina, y su temor es que ser críticos con
quienes contribuyen a ello cree un manto de sospecha que enturbie las causas
abiertas. Por eso no hablan más del pasado y las denuncias sobre el juez Bonadio.
La década K agrietó de tal forma al
periodismo profesional que construyó militantes de un lado y del otro.
También el arrepentimiento de funcionarios y
empresarios deja al descubierto el rol de los medios. Si guardaron
silencio por ignorancia, no cumplieron bien su función, ni siquiera la de leer
a los que denunciaban. Si lo hicieron por temor, es entendible, pero
no es lo que sus lectores hubieran esperado. Y si fue porque entregaban
silencio a cambio de negocios y pauta publicitaria oficial y privada, no parece
ser una forma de cohecho muy distinta a la de los contratistas de la
obra pública.
Solo que en lugar de pagar con dinero lo hacían
callando información.
Como decía un poderoso empresario de medios
brasileño: “No me hice rico por lo que publiqué, sino por todo lo que
no publiqué”.
Confesiones. Para las religiones, el arrepentimiento es el
mejor remedio contra las enfermedades del alma. Pero en política el
arrepentimiento no existe, como demostró Cristina esta semana.
El vía crucis del arrepentimiento argentino recién
comenzó, más por conveniencia judicial que por creencia espiritual. No
se sabe si habrá empresarios, políticos, jueces y periodistas que, aun sin ser
señalados, sientan el mandato de confesar por lo que hicieron o
dejaron de hacer.
En cualquier caso, puede resultar sanador y un
signo de madurez social abandonar la mirada simplificadora de que todo se reduce
a un puñado de malos y corruptos que traicionaron nuestra buena fe.
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