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| El alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zaid Ra'ad al Hussein pidió a la comunidad internacional actuar para prevenir que la situación en el país centroamericano se degenere aún más. (Foto/Denis Balibouse-Reuters) |
Las autoridades nicaragüenses y los grupos de choque
vinculados a éstas han matado, torturado, violado y cometido desapariciones
forzadas de manifestantes, lo que ha resultado en un ambiente de miedo generalizado
que ha llevado a miles de personas a huir del país, alertó la Organización de
las Naciones Unidas (ONU).
“La represión y las represalias contra los manifestantes
prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista”, dijo el alto
comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad al
Hussein, en un comunicado.
Unas trescientas personas han muerto y más de dos mil han
resultado heridas por las diversas formas de represión de las autoridades,
entre ellas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y la
intimidación feroz de los críticos durante los últimos cinco meses, de acuerdo
con un nuevo informe de la agencia.
En uno de sus últimos actos públicos antes de dejar el cargo
—que asumirá la expresidenta chilena Michelle Bachelet—, Al Hussein pidió a la
comunidad internacional y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU actuar para
prevenir que la situación en el país centroamericano se degenere aún más.
“Cualquier medida” que sea adoptada “debería velar por la
plena exigencia de responsabilidades en relación a las violaciones y los abusos
de derechos humanos, así como garantizar el acceso eficaz de las víctimas a la
justicia”, indicó Al Hussein en el comunicado.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha desdeñado las
críticas por la actuación del gobierno.
En un comunicado negó haberse excedido en el uso de la
fuerza contra manifestantes o haberlos reprimido. Indicó que el informe de la
ONU “es parcializado y sesgado con afirmaciones subjetivas”.
También se quejó de que los investigadores de la ONU no
hicieron caso de la denuncia del gobierno orteguista sobre cómo la violencia
descrita en el reporte no se dio durante “protestas sociales”, sino como
resultado de intentos de dar un golpe de Estado por parte de “grupos
interesados en la desestabilización y ruptura del orden constitucional”.
La crisis en Nicaragua comenzó en abril con protestas
modestas de activistas, estudiantes y comunidades rurales por cambios al
sistema de seguridad social y por la falta de respuesta a incendios forestales
en el sur del país. Las manifestaciones escalaron rápidamente; incluso hay
demandas para que Ortega renuncie.
Las fuerzas paramilitares, también llamadas fuerzas de
choque y turbas, comenzaron a reprimir las protestas en la capital, Managua, y
en ciudades como Masaya. La policía, con municiones reales y francotiradores,
abrió fuego contra los manifestantes, en ocasiones a matar, según el reporte de
Naciones Unidas.
Se trata de “elementos armados bien entrenados y dotados con
vehículos, equipo y armas militares, incluyendo armas de alto calibre como el
AK-47 y fusiles de francotirador Dragunov”, dice el informe sobre los
paramilitares, que indica que usualmente son escoltados por policías y visten
colores similares y pasamontañas antes de abrir fuego contra manifestantes.
Algunas protestas en contra del gobierno han derivado en
violencia, pero los representantes de la ONU dicen que no hay evidencia para
sugerir que esa violencia entre manifestantes se dio de manera coordinada. En
contraste, dice que las fuerzas de choque actúan en conjunto o en coordinación
con fuerzas de seguridad.
Las personas arrestadas por manifestarse han llegado a ser
quemadas con pistolas paralizantes y han sido torturadas con alambre de púas y
estranguladas casi hasta la muerte, de acuerdo con la oficina del Alto
Comisionado. Hombres y mujeres han sido violados con rifles y otros objetos. Son
comunes las amenazas de violencia sexual contra los detenidos.
Las protestas se han reducido en las últimas semanas, lo que
“indica el efecto inhibitorio de la represión ejercida”, dice el informe.
La persecución contra disidentes, con despidos arbitrarios
de funcionarios civiles y la intimidación a cualquier persona con posibles
vínculos con las protestas o que defienda el derecho a manifestarse, ha
obligado a muchas personas a recluirse o a huir del país.
Esta situación también ha encendido las alertas en una
región que de por sí intenta lidiar con el impacto de la crisis política y
económica de Venezuela. La Organización de Estados Americanos ya creó un grupo
de trabajo para monitorear la situación en Nicaragua y “buscar soluciones
pacíficas”.
La cantidad de nicaragüenses que han huido hacia Costa Rica
se disparó desde mayo, según William Spindler, portavoz de la Agencia para
Refugiados de la ONU. Los flujos llevaron a la agencia a crear una oficina de
campo cercana a la frontera y a preparar la entrega de ayuda humanitaria.
Alrededor de 25.000 nicaragüenses han solicitado asilo o
tienen planeado hacerlo, dijo Spindler.
© The New York Times
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