 |
| Por Giselle Rumeau |
Pero eso no es todo. En boca de la propia
ex presidenta, se trata de una "nueva estrategia regional para proscribir
dirigentes, movimientos y fuerzas políticas", que incluye, por supuesto, a
la situación de Inacio Lula Da Silva, quien cumple desde abril una condena de
12 años en Brasil por corrupción pasiva y lavado de dinero, en el marco de la
mega causa conocida como Operación Lava Jato.
Esta dudosa
estrategia defensiva está en línea con la del PT, el partido de Lula que acusa
a las elites del poder de operar para dejar fuera de carrera al candidato
presidencial brasileño con mayor intención de voto, que rondaría el 39% según
datos recientes de una encuesta de Datafolha.
En síntesis, tanto el kirchnerismo como los seguidores de
Lula plantean la prisión del brasileño y las investigaciones judiciales sobre
Cristina como proscripción política en lugar de hablar de punición de delito.
Los constitucionalistas consultados por 3Días no dudan en
calificar de disparate esas afirmaciones. Y en destacar que la situación de
Lula y Cristina no son similares. Si bien la Operación Lava Jato y las coimas
de la década ganada tienen en común ser procesos bisagra en la lucha contra la
corrupción -que involucran por primera vez en la historia de ambos países a
políticos y empresarios y exponen una corrupción sistémica, un modus operandi
histórico e estructural- aquí es la justicia argentina la que beneficia a
Cristina, a contramano de lo que sucede en Brasil. Los procesos judiciales en
el país son tan extensos, engorrosos y plagados de alternativas recursivas,
apelaciones y nulidades, que la ex mandataria podría pasar a mejor vida sin
recibir una sentencia firme en el mundo terrenal, pese a tener encima cinco
procesamientos y cuatro juicios orales por delante. Prontuario que podría
engordar si finalmente el juez Claudio Bonadio decide procesarla por el caso de
las coimas, en la que está acusada de encabezar una asociación ilícita junto a
su fallecido marido Néstor Kirchner para saquear las arcas del Estado a través
de la obra pública.
Pues bien, según las leyes locales, Cristina podría ser
candidata en 2019 aún si se alinearan todos los planetas en su contra, es
decir, si el Senado decidiera suspender sus fueros y Bonadío dictara su prisión
preventiva. Incluso si recibiera una condena en tiempo récord en los próximos
meses -algo improbable-, para impugnarla como candidata debería haber una
condena firme y definitiva.
"Lamentablemente, CFK podría ser candidata aunque
estuviera presa, no solo en el caso de tener una prisión preventiva por
procesamiento, sino aún con una condena. Mientras que la condena no quede
firme, puede postularse. Pasó el año pasado con Carlos Menem, quien pese a
estar condenado pudo renovar su banca de senador por otros seis años",
explica el profesor de Derecho constitucional Felix Lonigro.
El constitucionalista Daniel Sabsay considera, en tanto, que
para impedir su postulación alcanza con una sentencia condenatoria. "A mi
entender, el pacto de San José de Costa Rica habla de condena. No dice condena
firme", remarca. Pero reconoce que la Corte Suprema sentó jurisprudencia
cuando desestimó el intento de dirigentes de Cambiemos para inhabilitar al
riojano en la elección de 2017.
En efecto, el reflejo en el espejo de Cristina se parece más
al de Menem que al de Lula. El ex presidente argentino fue sentenciado a siete
años de prisión recién en 2013 por el tráfico ilegal de armas a Ecuador y
Croacia ocurridos en 1995, pero aún no tiene sentencia firme porque su defensa
presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. En todos estos años,
no han sido los fueros parlamentarios los que "salvaron" al riojano
de ir a la cácel sino el sinfín de artilugios recursivos presentados por sus
abogados. Recién cuando la condena esté firme, entonces sí los fueros que tiene
como senador le darían inmunidad de arresto y la Justicia debería pedir su
desafuero. El Senado ya no tendría más excusas para quitárselos.
No es el caso de Lula, en la cárcel desde abril. Si bien
tiene siete procesos en marcha, el brasileño está preso y condenado a 12 años
de cárcel, concretamente por aceptar como soborno un triplex en Guarujá, de
parte de la constructora OAS a cambio de obtener contratos con Petrobrás. Su
condena fue confirmada por un tribunal de segunda instancia, algo que según las
leyes de su país le impediría postularse a cualquier cargo público. Por esas
paradojas de la política, fue el propio Lula quien en 2010 impulsó la Ley de
Ficha Limpia que ahora le juega en contra.
Con todo, el PT insistió en registrar su candidatura pese a
ese impedimento y ahora deberá resolver el Tribunal Superior Electoral, que ya
recibió siete pedidos de impugnación. El organismo tiene tiempo hasta el 17 de
septiembre para pronunciarse, 20 días antes de las elecciones presidenciales
del 7 de octubre.
Asílas cosas, se cae el relato de la proscripción para CFK.
De no postularse, será por una decisión política y no de la justicia.
"El derecho de una persona a ser candidato es un
derecho político pasivo. En el artículo 37, la Constitución dice que se
garantiza el pleno ejercicio de esos derechos, como votar o ser candidato,
conforme a las leyes que los reglamentan. Entonces, cuando una ley decide que
una persona no puede ser candidato por determinadas circunstancias, por ejemplo,
por tener alguna condena, la ley lo que está haciendo es restringir
razonablemente ese derecho. Esto no es una restricción arbitraria. La
proscripción es una restricción arbitraria al derecho de ser candidato",
remarca Lonigro.
Sabsay coincide. "Lo que dice Cristina es una
ridiculez. Nadie la está proscribiendo de nada. Y si llegara a tener una
condena en un juicio justo, no sería una proscripción".
Desalentador
El ranking del Foro Económico Mundial sobre la independencia
de la Justicia coloca a los sistemas judiciales de Venezuela, Paraguay y
Argentina entre los peores del planeta. En cambio, Uruguay, Chile y Brasil
integran la lista de países con justicia más independiente. Según la Asociación
Civil por la Igualdad y la Justicia, las causas por corrupción en el país
demoran en promedio 15 años, tardan 10 en estar en condiciones de ser elevadas
a juicio y sólo el 15% llega al banquillo. En 20 años, hubo sólo 7 condenas.
© 3Días
0 comments :
Publicar un comentario